Frente al proceso de desarme de la población que se viene impulsando en Venezuela como política pública de seguridad ciudadana, se alzan voces que intentan descalificar la iniciativa confundiendo y relacionando malintencionadamente esta política dirigida a la población civil y al control de las armas cortas y ligeras, con los procesos de compra de armas a Rusia para dotar y renovar la capacidad operativa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), denostando una supuesta «incoherencia» o «doble discurso» en esta materia por parte del Gobierno.
Es importante poner cada cosa en su sitio y desmontar los argumentos falaces que esconden estas aseveraciones. Primero es necesario decir que la política de desarme se orienta a las armas que tienen presencia en las calles de nuestro país, en manos del hampa o de particulares honestos que las han adquirido legalmente pero constituyen igualmente un factor de riesgo para el colectivo. Las armas que matan a los venezolanos cada día no son precisamente las de tanques, helicópteros o lanchas artilladas. La muerte viene de la mano de pistolas, revólveres, escopetas, rifles y otras armas ligeras que pululan en manos inescrupulosas de delincuentes o de personas afectadas en su imaginario por el falso argumento de la «seguridad por mano propia».
En segundo lugar, la dotación y renovación de arsenales militares es parte de una política habitual y extendida en todo el mundo y en la región. Mientras Venezuela compra armas a Rusia (al igual que lo están haciendo Perú, Brasil, México y Colombia, y negocia otros acuerdos con Bolivia, Uruguay y Ecuador), Brasil anunció que obtendrá aviones de combate de Francia; Ecuador y Chile fortalecen su flota aérea y de radares; Bolivia tiene planes para adquirir aviones y helicópteros franceses y rusos; Perú comprará tanques de guerra a China; y Colombia, con el apoyo de EEUU, permite el ingreso de tropas norteamericanas a siete bases militares. Esto por sólo nombrar las adquisiciones de algunos países de la región.
Mientras llueven críticas contra Venezuela desde sectores afines a los intereses norteamericanos, pocos analizan la necesidad real que justifica las renovaciones de armas para la legítima defensa de la soberanía nacional, sobre todo ante una perspectiva internacional donde las invasiones y los expedientes montados están a la orden del día: Libia, Irak, Afganistán, Siria, Honduras, Haití, entre otros.
El discurso antiimperialista del presidente Hugo Chávez se funda en la nada peregrina idea de una posible invasión de EEUU a Venezuela, la principal reserva mundial de petróleo certificada. El episodio del bombardeo colombiano al campamento de las FARC en territorio ecuatoriano, fue muestra más que elocuente de la veracidad de este temor expresado por el jefe de Estado y para nada superado. Fronteras y marcos legales internacionales son pisoteados cuando de intereses de las potencias se trata.
La necesidad de contrarrestar el incremento de las fuerzas militares estadounidenses en la región y la obligación de cumplir con un control más efectivo sobre la complejidad territorial de nuestro país, obliga a reforzar la capacidad operativa de la FANB.
