Por Juan Francisco Alonso (El Universal)

Ginebra.- La violencia que todos los días enluta a decenas de hogares venezolanos es un tema que preocupa internacionalmente y prueba de ello es que en la sesión que hoy celebrará el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la situación de las garantías fundamentales en Venezuela, seis de los nueve Estados miembros del organismo que tienen previsto intervenir tocarán ese asunto.

¿Qué medidas está tomando el Gobierno para garantizarle la vida e integridad a los ciudadanos? ¿Qué medidas tiene previsto adoptar para reducir la impunidad y castigar a quienes delincan, en particular a los homicidas? ¿Cómo planea ponerle fin a los casos de presuntos delincuentes ajusticiados por policías, cuyo número en la última década ya supera los 8 mil? Estas son algunas de las preguntas que los representantes del Reino Unido, la República Checa, Holanda, Suiza, Suecia y Noruega tienen previsto formularle a la delegación venezolana, que encabeza el canciller Nicolás Maduro y la cual deberá responder estas y otras más interrogantes en el marco del Examen Periódico Universal de Derechos Humanos.

La iniciativa adoptada en 2007 por el Consejo de Derechos Humanos busca verificar la situación de las garantías fundamentales en los 192 Estados miembros de la ONU y formular recomendaciones para atacar los problemas que se detecten. Esta es la primera vez que Venezuela será evaluada y las sugerencias que se hagan, y que los funcionarios gubernamentales acepten poner en marcha, serán revisadas en cinco años para determinar su grado de cumplimiento.

Cárceles y otros temas 

A la comunidad internacional no solo le preocupa la violencia que azota a las calles, sino también la que golpea a las cárceles, la cual ha dejado más de cuatro mil muertos en la última década.

Precisamente sobre las acciones que el Ejecutivo tiene previsto ejecutar para poner fin a esta sangría preguntarán los representantes de Canadá y la República Checa, este último en específico quiere conocer en qué ayudará la creación del Ministerio de Asuntos Penitenciarios.

Las implicaciones que para la libertad de expresión tienen las reformas hechas al Código Penal, donde se endurecieron las penas a los delitos de difamación e injuria; y más recientemente a las leyes de Telecomunicaciones y de Responsabilidad Social en Radio y Televisión para castigar la difusión de informaciones que generen «zozobra» también serán otro de los asuntos que se abordarán en la sesión.

Incluso el anuncio de las autoridades venezolanas de que no acatarán la reciente decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que les ordenó permitirle al ex alcalde de Chacao, Leopoldo López, postularse a las elecciones de 2012 figura en la agenda, pues la delegación de Finlandia tiene previsto preguntar sobre las acciones que el Gobierno ha adoptado para cumplir con las obligaciones que le impone la Convención Americana de Derechos Humanos.

Gobierno optimista 

Aunque el panorama luce complicado desde el Estado se augura que el resultado de la experiencia será positiva.

El canciller Nicolás Maduro aseguró que en esta evaluación el Estado vencerá con la verdad «a las ONG tarifadas por el imperio (…) La verdad los aplastará, les caerá encima».

Maduro explicó que Venezuela ha avanzado ampliamente en la defensa de los derechos fundamentales. Además reiteró que el Estado represivo de la Cuarta República «fue dejado atrás».

Por otra parte, la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, indicó hace algunos días que el Examen Periódico Universal será una extraordinaria oportunidad para que nuestro país pueda demostrar los avances que ha hecho en materia de educación, inclusión social, salud, igualdad y participación».

Según Ramírez el crecimiento de la matrícula escolar en todos sus niveles, la creación de una red de salud primaria (Barrio Adentro) cercana a los ciudadanos o el hecho de que más del 90% de los venezolanos tengan acceso al agua potable serán algunos de los éxitos que los funcionarios venezolanos contrapondrán a los evidentes problemas en materia de derechos civiles y políticos.

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