En el museo de la semiótica deberá quedar ese particular razonamiento de los funcionarios para los cuales cualquier protesta -más allá de los predios de Maiquetía- es una muestra de legítima indignación de los pueblos oprimidos, mientras que cualquier movilización en el patio es un proyecto desestabilizador teledirigido por fuerzas ocultas del extranjero.
Esta lógica fue invocada recientemente por Aristóbulo Istúriz, vocero del PSUV, un ex gremialista del Sindicato Unitario del Magisterio (SUMA) para quien hoy la protesta de trabajadores son guarimbas desestabilizadoras que responden a planes extranjeros. Nada diferente a la lógica estatal de los gobiernos anteriores; sorprende que provenga de una persona que hasta ayer ejercía sus derechos constitucionales presionando en la calle a los poderes públicos.
La no discusión de convenciones colectivas -principalmente en el sector público-, una inflación anual de 30 por ciento, la violación a la libertad sindical, los despidos injustificados, el no pago de deudas acumuladas y la crisis por la que atraviesan las industrias básicas de Guayana son algunos de las situaciones que generan descontento desde hace más de tres años.
En la creciente protesta social, el sector laboral encabeza las acciones de exigibilidad de derechos. La indignación se traduce en paros, huelgas, tomas de establecimientos, cierres de calle, concentraciones y otras modalidades.
Durante 2010, los trabajadores realizaron 1.121 acciones de protesta, de un total de 3.114 realizadas en el país, lo cual equivale al 36 por ciento del total. Por su parte, en el primer semestre de 2011 de un total de 2.365 protestas, el sector laboral protagonizó 989, es decir, el 41,82 por ciento, lo cual evidencia una línea ascendente de descontento y de disposición a reivindicar sus derechos.
Particular malestar es el no discutir las convenciones colectivas. Hay empresas del Estado con más de cinco años con su pliego vencido y sin discusión. Los trabajadores de la administración pública introdujeron el 7 de agosto de 2007 ante la Inspectoría del Trabajo el proyecto de Convención y el Ejecutivo nacional se niega a discutirla.
El derecho a la contratación colectiva en el sector público se violenta igualmente cuando son incorporados como “contratados” un número importante de trabajadores. Con esta figura no quedan amparados por las convenciones y aumenta la tercerización, con lo cual se mantiene a los trabajadores por muchos años con contratos anuales sin que puedan gozar de mayores beneficios.
En el sector privado la situación no es muy diferente. Los trabajadores de la planta Coca Cola Femsa realizaron una huelga de 27 días para forzar la firma del contrato colectivo, que amparó a 1.200 trabajadores de esa compañía.
Resaltan además los reiterados obstáculos que colocan patronos -públicos y privados- al trabajo de los sindicalistas. Se complementa con la judicialización del ejercicio de la libertad sindical al abrir procesos penales por convocar a paros y a huelgas. Uno de los casos más recientes es el de los trabajadores de Sintracallao. La Fiscalía Quinta del Ministerio Público en la población de Tumeremo (estado Bolívar) imputó a cuatro trabajadores por participar en la paralización de la mina Isidora donde opera la empresa de capital mixto Venrus.
Como ha relatado el presidente del Sindicato del Inces, Carlos Patiño, la respuesta de los patronos es desconocer las organizaciones gremiales y -como ha ocurrido dentro de la institución de la que forma parte- la promoción desde arriba de sindicatos amarillos que intenta dividir los anhelos de la masa asalariada.
Por todas estas razones, diversas organizaciones sindicales agrupadas en el Frente Autónomo Nacional por la Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (Fadess) convocan para el próximo 20 de octubre a una Jornada Nacional de Protesta bajo el lema Mil protestas en un día.
Su motivación se encuentra dentro del no disfrute de los derechos laborales garantizados en la Constitución.
Para Provea esto es un saludable síntoma de la recuperación de la agenda laboral por parte de un sector del sindicalismo del país.
El disfrute de los derechos laborales tiene como necesaria precondición la existencia de organizaciones sindicales insobornables en la defensa de las condiciones de trabajo de sus agremiados. Como ha planteado el Fadess, es necesaria la refundación del sindicalismo venezolano, dejando atrás toda una serie de vicios e irregularidades.
El Ejecutivo nacional tiene la responsabilidad de garantizar el ejercicio del derecho constitucional a la manifestación. A pesar de las matrices criminalizadoras esgrimidas por personas como Aristóbulo Istúriz.
