Sra. María Cristina Iglesias
Ministra del Poder Popular para el Trabajo y la Asistencia Social
República Bolivariana de Venezuela.
Su Despacho
Reciba un respetuoso saludo de parte de los trabajadores, trabajadoras y dirigentes sindicales agrupados en el Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (FADESS), movimiento que cuenta con la participación activa de sindicatos en todo el país y de diferentes corrientes que representan al sindicalismo democrático, autónomo, pluralista y clasista de Venezuela.
Hoy dirigimos esta comunicación ante ese Ministerio como parte de las actividades de movilización que en Caracas y en varias ciudades del país desarrollamos, en el marco de la JORNADA NACIONAL DE PROTESTA que el movimiento obrero organizado realiza, para hacer público los diversos y urgentes reclamos de la clase trabajadora venezolana.
AJUSTE CAPITALISTA, INFLACION Y AUMENTO GENERAL DE SALARIOS
Como es sabido por la opinión pública, en los últimos años, en el marco de la crisis del capitalismo mundial, se ha venido aplicando una serie de medidas económicas de ajuste que han golpeado de manera significativa los ingresos de los trabajadores. El aumento del IVA, la devaluación monetaria, la liberación de los precios de los alimentos, la escasez de productos de primera necesidad y la caída del aparato productivo son apenas algunas de las realidades que, por decisiones gubernamentales, han castigado fuertemente el nivel de vida de los trabajadores y trabajadoras.
Estas medidas económicas se han instrumentado además, en un contexto general regresivo para la población venezolana, caracterizado por una distribución del ingreso sumamente desigual, como lo afirman las cifras suministradas por el Banco Central de Venezuela: 40% de los hogares más pobres de Venezuela corresponde apenas un 15,1% del ingreso nacional. Entre 1998 y 2008, la participación de los trabajadores en la renta nacional cayó de un 39,7% a un 32, 8%, lo que implica objetivamente el aumento desproporcionado de la explotación de la mano de obra en nuestro país, y disminuyendo significativamente la participación de la clase trabajadora en la riqueza generada por ella misma.
Por otra parte, esto se produce en un país que tiene la más elevada inflación del continente, con una tasa que no baja de 22% desde el año 2007, mientras que la inflación del año pasado se ubicó en 27,2%, y en nueve meses del presente año ya llega a 20,5%. Como se sabe, la inflación es el peor impuesto que puede recaer sobre los asalariados y los sectores más pobres de la población. Ante esto, el FADESS considera que es urgente la aprobación por parte del gobierno de un aumento general de sueldos y salarios.
EXCLUSION DE LA CLASE TRABAJADORA DE LA DISCUSIÓN DEL SALARIO MÍNIMO
Rechazamos categóricamente la unilateral y reiterada política salarial del Ejecutivo Nacional, caracterizada por la exclusión del sindicalismo en la definición del salario mínimo, negando así la participación de la clase trabajadora en el diálogo social. Venezuela es un país donde la mayor parte de la población laboral devenga salarios mínimos, porque no se desarrolla la negociación colectiva. Los salarios mínimos, sufren el impacto permanente del aumento sostenido del índice inflacionario.
La práctica antisindical de exclusión, viola de manera flagrante el artículo 91 de la Constitución e incumple los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo suscritos por Venezuela y por tanto las Leyes de la República. Por ello, exigimos que el Estado venezolano respete y garantice el cumplimiento del espíritu y letra de la Carta Magna y que en consecuencia, el salario mínimo se calcule tomando como principal referencia el costo de la canasta alimentaria que según estimaciones oficiales, supera los tres mil bolívares mensuales. Igualmente, solicitamos formalmente que el FADESS sea convocado por el Ejecutivo Nacional para discutir una verdadera política nacional de salarios y su poder adquisitivo, a fin de materializar sin más dilación ni formalismos, los mecanismos legales de negociación colectiva y de diálogo social.
NEGACIÓN DE LA CONTRATACION COLECTIVA
Todo este cuadro de deterioro social, económico y jurídico que sufre la clase trabajadora, reiteramos, se explica por el hecho de que al ajuste económico se suman políticas que afectan directamente a los asalariados, tales como la negativa a discutir los contratos colectivos de millones de trabajadoras y trabajadores del sector público, quienes tienen 7 años sin negociar su convención colectiva marco. También se agrega la situación de otros tantos miles de obreros y obreras educacionales y del sector salud, quienes desde el año 94 y 96 no discuten contrato colectivo, así como la particular problemática de los trabajadores y trabajadoras judiciales, que tienen casi 5 años con su convención colectiva vencida. Un caso paradójico y dramático fue el de los trabajadores y trabajadoras del mismo Ministerio del Trabajo que tuvieron 17 años sin discutir su contrato y después de discutido y aprobado por las partes, éste fue congelado -durmiendo el sueño de los justos- durante 2 años, antes de comenzar a aplicarse el pasado año.
Alrededor del 70% de los empleados públicos ganan entre uno y dos salarios mínimos. Mientras tanto se utiliza desde el gobierno el argumento peregrino de que las contrataciones colectivas son «instrumentos del capitalismo», para negar un derecho que ha sido conquistado por los trabajadores gracias a sus luchas en el país y en el ámbito internacional. Está práctica sostenida por el gobierno, ignora que la contratación colectiva es un derecho legal y constitucional que le pertenece a la clase trabajadora y es su herramienta para conquistar mejoras en sus condiciones laborales.
De allí que condenamos las negociaciones contractuales que en el sector público se realizan entre representantes del partido de gobierno y personeros del Estado, que en conjunto desconocen la voluntad de los trabajadores -como en el Metro de Caracas-. Rechazamos igualmente la otra práctica antisindical del Estado en materia de derecho colectivo del trabajo y que consiste en incumplir permanentemente la mayor parte de las cláusulas de las contrataciones colectivas del sector público. Tal es el caso de los trabajadores petroleros, cuyo contrato se venció el 1ro de octubre y donde no sólo PDVSA y las empresas transnacionales incumplen más del 80% de la convención colectiva vigente aunque vencida, sino que además elaboran un proyecto de convención, a espaldas de los trabajadores petroleros, avalado por el sector sindical oficialista representado en la FUTPV.
En el caso de los Trabajadores del INCESS, sus autoridades alegan “falta de recursos” para incumplir los compromisos laborales. La crisis institucional de este Organismo, motivó al SINTRAINCESS a denunciar al Estado ante la OIT por prácticas antisindicales. Así mismo, este sindicato efectuó protestas en todo el país y en la actualidad presiona por el alcance de un acuerdo que satisfaga las aspiraciones laborales colectivas, mediante un Pliego de Peticiones con carácter conflictivo. Es posible una huelga en el sector por la negativa del gobierno.
El FADESS denuncia la grave situación que atraviesan los trabajadores y trabajadoras de las empresas expropiadas por el Estado. El resultado de la expropiación, desde la óptica de la clase trabajadora, es un simple cambio de patrono y un severo menoscabo de las condiciones laborales. Estas medidas implicaron la fractura de la relación obrero-patronal, los despidos masivos de trabajadores, la eliminación de los contratos colectivos y desconocimiento de las estructuras sindicales legitimas. Un ejemplo dramático de esta situación es el caso de la Empresa CEMENTO ANDINO, donde se impusieron más de 100 calificaciones de despido y desde hace más de un año no se firma la convención colectiva, que quedó pendiente apenas por una sola cláusula, al momento de producirse la expropiación. Es urgente que se les regrese a esos trabajadores y trabajadoras sus derechos sociales, económicos, sindicales y constitucionales.
El ingreso familiar del personal docente, administrativo, profesional, técnico y obrero de las Universidades, Colegios e Institutos Universitarios ha sido golpeado duramente en los últimos 7 años por la inflación, sin que los ajustes salariales decretados en forma unilateral por el Presidente de la República, sin discusión con los gremios, hayan logrado acercarse siquiera a la mitad de la pérdida del poder adquisitivo. Es urgente que el gobierno inicie la discusión con los gremios del sector universitario, cuyas directivas son independientes de la orientación oficialista y que están legítimamente constituidos, para alcanzar una actualización del salario y otros beneficios sociolaborales, acordes con la realidad de los precios de la canasta básica. Sumamente graves resultan las dificultades, cada vez mayores, para que este sector laboral del país pueda acceder a servicios de salud y a coberturas suficientes mediante los sistemas de HCM con los que históricamente han sido protegidos los miembros activos y jubilados y pensionados universitarios.
Exigimos así mismo, respeto y reconocimiento a los sindicatos, asociaciones y Federaciones Nacionales independientes; cumplimiento de las convenciones colectivas, Normas de Homologación, actas-convenio, y su discusión en las instituciones donde están congeladas; recuperación del salario real perdido; revisión del Tabulador de Salarios y su adecuación a las necesidades actuales del personal; homologación de beneficios adicionales; cancelación de deudas de salario; pago oportuno y completo de prestaciones sociales; pago definitivo de los intereses de las Prestaciones Sociales al personal jubilado y pensionado, que se adeudan desde el año 1998; y pago de sus prestaciones, a los trabajadores de las Universidades que se cambiaron de Régimen, que se adeudan desde 2001.
SUBCONTRATACION Y TERCERIZACION
La subcontratación y la tercerización del empleo se han convertido en una práctica nacional y masiva. El Estado venezolano y las empresas privadas siguen violando el derecho al trabajo estable, productivo, decente, y no tercerizado. Las cooperativas y contratistas siguen utilizándose para violar el principio legal que establece: » a igual trabajo, igual salario». Estamos frente a millones de trabajadores y trabajadoras con ocupaciones precarias, sin derechos. El reciente informe mundial sobre el empleo de la OIT, afirma la caída del empleo digno y de calidad en Venezuela y como ha aumentado el sector informal. Hoy tenemos definitivamente más desempleo y menos empleo con derechos.
Es una realidad inocultable la tercerización de la administración pública, porque hoy el 63% de los empleados públicos están sometidos a contratos por tiempo determinado, situación que los condena a la inestabilidad laboral, les niega el ingreso a la administración pública mediante los mecanismos de concurso, les imposibilita tener seguridad social, discutir sus condiciones de trabajo colectivamente, organizarse sindicalmente y desarrollar una carrera profesional en el sector público.
Esta circunstancia debe ser superada y por ello exigimos que el gobierno deje de promover esta nefasta práctica de subcontratación y tercerización, cumpliendo y haciendo cumplir la ley en este aspecto, especialmente el decreto de inamovilidad laboral y permita brindar condiciones de trabajo dignas y estables a los trabajadores y trabajadoras del sector público y privado.
LIBERTAD SINDICAL
El empobrecimiento de la clase trabajadora empleada por el Estado se constata además, en las denuncias, protestas y movilizaciones desarrolladas desde hace varios años por sus trabajadoras y trabajadores activos, jubilados y pensionados, no sólo de la administración pública centralizada sino también de las empresas del Estado, de las empresas expropiadas y de las Misiones Sociales, quienes han sido víctimas de despidos por exigir mejores condiciones de trabajo, convención colectiva o denunciar incumplimiento contractual. Estas legítimas demandas han generado persecución y despidos masivos de dirigentes sindicales que se desempeñan en la administración pública y en las diferentes estructuras del Estado, como es el caso de los 9 directivos del SUONTRAJ (año 2009 – sindicato tribunalicio) y los 18 trabajadores del Circuito Judicial Laboral de Caracas (diciembre 2010), por denunciar las arbitrariedades orquestadas desde el TSJ y la DEM. Actualmente el gobierno discute un pliego presentado por un sindicato de orientación oficialista, con miras a excluir de la discusión de la III convención colectiva a las restantes organizaciones sindicales del sector.
En materia de libertad y autonomía sindical, el Consejo Nacional Electoral sigue interviniendo en las elecciones sindicales, haciendo caso omiso a los convenios internacionales ratificados por la República y a las recomendaciones emanadas de la Organización Internacional del Trabajo. El CNE impide la realización de los procesos electorales, negándose a convocarlos, exigiendo requisitos que representan una intromisión intolerable en la autonomía sindical, absteniéndose de proclamar las directivas electas y aplicando un arbitrario reglamento para regular estos comicios. Estas actuaciones se justifican en una interpretación abusiva del artículo 293 ordinal 6º de la Constitución, ya que jamás el Estado puede interferir en la actividad autónoma de las organizaciones sindicales.
Esta injerencia clara y progresiva del CNE, negada por el gobierno reiteradamente en las instancias internacionales, afecta la negociación colectiva, pues el desconocimiento de directivas sindicales electas por la clase trabajadora y la imposición de plazos y condiciones para realizar los comicios en las organizaciones sindicales, permite a los patronos y especialmente al Estado en su condición de empleador, mantener indefinidamente congelados los contratos colectivos e impide mejorar las condiciones de trabajo.
Situaciones ampliamente documentadas que se enumeran al final del presente párrafo, demuestran cómo el CNE favorece a planchas identificadas con el partido de gobierno ejerciendo discriminación sindical. En grado creciente, el gobierno desconoce a las dirigencia sindical legítima como interlocutor en los procesos de negociación entre los trabajadores y los patronos y a través del Ministerio del Trabajo avala despidos ilegales en violación del fuero legítimo que protege la actividad sindical. Tales son los casos de la ensambladora MMC en el Estado Anzoátegui, la Empresa de Embutidos Giacomello en el Estado Miranda y el emblemático caso de la Empresa DIANCA, en el Estado Carabobo, cuyo proceso electoral fue legítimamente ganado por una plancha no oficialista, conformada por dirigentes sindicales autónomos y clasistas, con una mujer luchadora como líder, que es la compañera Egleé Lamas y donde el derrotado oficialismo sindical impugnó los resultados ante el CNE y con la complicidad de este órgano del Poder Público impidió la toma de posesión de los electos.
Otro hecho que denunciamos y que se ejecuta especialmente en las Empresas Básicas de Guayana, es la represión sistemática de la clase trabajadora a través del llamado “control obrero”. Este mecanismo es orquestado por el Estado y su objetivo es la designación de las autoridades directivas de estas empresas, quienes pertenecen al partido de gobierno. De esta manera, los presidentes y gerentes son supuestamente elegidos por los trabajadores, en procesos comiciales regulados por las mismas Empresas y no avalados por el CNE. Dichas autoridades “respaldadas por los trabajadores” (¿?) aplican medidas de eminente carácter capitalista como la desinversión en el área laboral, liquidando tanto los contratos colectivos existentes como las organizaciones sindicales, engañando a la masa laboral con la farsa de constituir instancias que no están establecidas en la ley, que no tienen cualidad para discutir condiciones colectivas de trabajo, ni para organizar la lucha por mejoras reivindicativas, como son los denominados “consejos de trabajadores”. Denunciamos que estas instancias son figuras netamente partidistas, que sólo sirven para reprimir y sobre explotar a la clase trabajadora. Como dijo el dirigente sindical de Ferrominera del Orinoco, militante del PSUV, Rubén González, “lo que hay en las empresas básicas no es control obrero si no obreros controlados”.
Resulta inadmisible la creciente criminalización de la acción sindical y de la protesta obrera, pues existen más de 120 trabajadores con medidas judiciales penales en su contra, cuyo presunto delito es defender y ejercer sus derechos como clase. En tal sentido, exigimos cesen las prácticas de persecución judicial contra la actividad sindical.
En ese contexto de penalización a la actividad sindical se inscribe el desacato por parte de las diferentes autoridades gubernamentales, de las 3.600 Providencias Administrativas dictadas por el Ministerio del Trabajo, que ordenan el reenganche y pago de salarios caídos a igual número de funcionarios públicos y obreros del Estado, despedidos por ejercer sus derechos laborales. La estrategia usada en este caso es usar a los Tribunales Contenciosos Administrativos para suspender los efectos favorables de los actos emanados del Ministerio del Trabajo y condenar a los beneficiarios a un limbo jurídico indefinidamente, alegándose en esta circunstancia que “los poderes públicos son independientes”, sin considerar que se trata de cabezas de familia que se ven reducidos a la más extrema pobreza y por ende a la degradación como personas humanas.
Bajo el manto de la impunidad, situación de la cual es responsable el Estado y por tanto, el gobierno nacional, por efecto de su acción y omisión, sigue avanzando el flagelo del sicariato antisindical. Más de 250 dirigentes sindicales han sido asesinados desde el año 2005, según cifras de Provea y la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas, y la mayoría de estos crímenes no han sido castigados. Esta situación se viene produciendo con particular dramatismo en el sector construcción, donde mafias, en muchos casos ligadas al partido de gobierno, se disputan el control de los contratos, produciéndose una sangría entre trabajadores. En tal sentido, es al Estado al que le corresponde proteger la integridad física de los trabajadores de este sector, de acuerdo a lo consagrado en el artículo 55 de la Constitución.
Pero también se produce el sicariato para acallar la voz de dirigentes clasistas comprometidos con los intereses de los trabajadores, así como por evidentes razones de índole política. Particularmente llamamos la atención sobre el asesinato de los 8 dirigentes obreros de la Unión Nacional de Trabajadores del estado Aragua, incluyendo al Presidente de esta Federación Regional, Richard Gallardo, sin que los responsables materiales e intelectuales de este crimen, hayan sido procesados por la justicia.
Exigimos que se respete de forma integral la dignidad del movimiento sindical que representamos y en tal sentido, solicitamos a ese Despacho a su cargo, se realicen las acciones conducentes a garantizar el cese de las prácticas de sicariato y a castigar a los responsables materiales e intelectuales de los mismos. Igualmente, solicitamos se instrumenten las medidas necesarias para impedir que representantes del partido de gobierno, que hacen vida presuntamente laboral en el sector de la construcción, sean utilizados para atacar físicamente o con armas de fuego, a personas que militan en corrientes y movimientos sindicales de base que nos reclamamos autónomos e independientes del actual gobierno.
Un llamado final a la conciencia del gobierno nacional respecto a la situación de los jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas, que están exigiendo se modifique la ley de alimentación y les sea otorgado el beneficio del bono alimentario. Desde FADESSS consideramos que se trata de una legítima aspiración y tienen derecho a no ser discriminados, considerando que sus necesidades y gastos por concepto de alimentos es similar a la que poseen las trabajadoras y los trabajadores activos, con el agravante que en el caso de los pensionados y adultos mayores, regularmente este requerimiento está incrementada por enfermedades propias del deterioro causado por la edad. Del mismo modo reiteramos el llamado de FUNATE y de más de dos millones de venezolanos y venezolanas de la tercera edad o adultos mayores que aun no tienen seguridad social, ni una pensión digna, para que el Estado responda a su solicitud de concretar las reformas jurídicas y el aporte económico necesario para atender un derecho constitucional que les asiste y a su demanda profundamente justa y humana.
Estas son las exigencias que motivan nuestra movilización pacífica, democrática, unitaria, pero contundente en las calles del país, el día de hoy. Esperamos que el gobierno dé respuesta a nuestras justas exigencias, que son las de millones de trabajadoras y trabajadores venezolanos.
Sin más a qué hacer referencia, nos suscribimos de Usted.
Atentamente,
Los trabajadores, trabajadoras, directivos sindicales y organizaciones sindicales de Venezuela, jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas, incorporadas a esta Jornada Nacional de Protesta
20.10.2011 Laclase.info
