En el marco del 143 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Provea solicitó a la Comisión una reunión de trabajo con el gobierno para explorar un posible acuerdo en el caso jubilados y jubiladas del Ministerio de Educación.
La Comisión concedió la reunión para el jueves 28 de octubre 2011, sin embargo, el gobierno comunicó oficialmente que no tenía ninguna disposición de dialogar en este caso. Esta actitud gubernamental contrasta con su discurso de favorecer con sus políticas a los adultos mayores. Negarse al diálogo significa alejar las posibilidades de restablecer a un grupo de jubilados los derechos conculcados desde hace más de 15 años.
Los jubilados y jubiladas forman parte de un grupo de ex docentes del Ministerio de Educación y Deportes (ahora Ministerio del Poder Popular para la Educación),quienes fueron excluidos de los beneficios de la Convención Colectiva suscrita antes de ser jubilados.
Iniciaron un conjunto de acciones judiciales para exigir sus derechos sin obtener un pronunciamiento judicial en casi una década.
En virtud de no obtener respuesta por parte de los entes correspondientes y de conformidad con el artículo 31 de la Constitución se vieron en la imperiosa necesidad de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH) con la finalidad que declare la responsabilidad internacional del Estado venezolano por la violación de los derechos consagrados en los artículos 21 (derecho a la propiedad), 8.1 (garantías judiciales), y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derecho Humanos, en conexión con el artículo 1.1 (obligación de respetar los derechos) de dicha Convención.
El 30 de marzo de 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio ingreso al caso. Desde esa fecha, tanto los peticionario/as como el Estado venezolano, han enviado a la CIDH sus respectivos informes y observaciones.
En marzo de 2008, Provea en representación de las y los peticionarios solicitó a la ComisiónIDH un informe sobre la admisibilidad y fondo de la denuncia. En julio de 2010 y en febrero de 2011, Provea ratificó el escrito ante la CIDH y solicitó información acerca de los avances del caso; en marzo del presente año (2011) se recibió una comunicación de la Comisión en donde notifica que el proceso se encuentra fase de admisión.
Considerando que los jubilados son de avanzada edad y el transcurrir del tiempo significa la posibilidad de no ver restablecidos sus derechos, Provea ha insistido al gobierno en buscar una solución amistosa que permita por vía expedita satisfacer los derechos de este colectivo. Sin embargo, la insensibilidad y formalismo ha prevalecido sobre el interés de la justicia.
La actitud del gobierno de negarse al diálogo en este caso es un acto injusto y prologa la angustia de venezolanos y venezolanas que tienen más de una década exigiendo lo que por derecho y Constitución les pertenece. Condenamos esta conducta del gobierno y lo exhortamos a rectificar .
