Marino Alvarado, coordinador general de Provea, nos dice que se estancó la lucha contra la pobreza, mientras sigue pendiente la creación de empleo para los 500.000 jóvenes sin experiencia, que buscan capacitarse y están motivados para altos niveles de desempeño, de allí lo fundamental de aprobar la Ley del Primer Empleo propuesta por Primero Justicia, represada por el oficialismo en la Asamblea Nacional. En paralelo las millares de protestas tienen un sólido fundamento y son la consecuencia de múltiples alcabalas institucionales, que le impiden a la gente obtener respuesta a sus demandas.

En los últimos años han sido asesinados alrededor de 270 sindicalistas a través del sicariato y aproximadamente 2.500 han sido sometidos a juicio penal, debido a la falta de voluntad política para discutir los contratos colectivos y atender los reclamos de los trabajadores. Por ello las protestas tienden a radicalizarse y la metodología de la represión sólo conduce a la violencia, cuando lo que debe utilizarse es el diálogo, consustanciado con la democracia y el espíritu de convivencia de los ciudadanos.

En este estado de cosas el Centro Gumilla, en abril de este año, presentó al país su estudio sobre las Valoraciones Sociales en Venezuela, en el cual se concluye que la prioridad absoluta de los ciudadanos es el empleo, por encima de la seguridad, la salud, la vivienda y la escasez de alimentos. Se siente sobre todo en los sectores populares y en el grupo entre 18 y 24 años de acuerdo al 43,1% de los entrevistados; asimismo el 66,9% afirma que hay que respetar la propiedad privada y más de la mitad de los consultados sostiene que las expropiaciones no resuelven nada y perjudican sobre todo a la gente necesitada.

Lo cierto es que la burocracia ineficiente envía, en la práctica, a terapia intensiva al socialismo radical, los servicios públicos funcionan de manera fragmentaria y el centralismo y la distancia que el Gobierno pone, con su visión excluyente y estructuras inadecuadas, dificulta la solución de los conflictos, cuando lo que se requiere es una moderna organización comunitaria, asignación equitativa de los recursos, proyectos novedosos, contraloría social y optimizar el desempeño.

Las ingentes cantidades presupuestarias destinadas a la población se desvían, se pervierte su uso y un porcentaje injustificable se pierde en los vericuetos de la corrupción y la ineficiencia, lo que reduce los logros y obliga a un retorno a la descentralización bien entendida, que exige planificación, ejecución y supervisión a nivel de las comunidades locales. Estamos a la espera de un proceso de toma de conciencia, de estrategias que armonicen al Estado, las organizaciones no gubernamentales y la población, para incrementar de manera paulatina la creación de puestos de trabajo permanente, rechazando la dádiva por la dádiva y la sinvergüencería de estimular el ocio con la regaladera de recursos, que mantiene a los desocupados que viven de las expectativas y a la espera del premio gordo de la lotería.

30.10.11 El Universal

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