Que a lo que sucede en Guayana no se le puede llamar «violencia sindical» es una advertencia a tomar en consideración. «No es sólo un choque entre grupos sindicales», advierte José Luis Morocoima, activista del sector aluminio: «Es la confrontación natural entre sindicatos y patronos, pero con la particularidad de que ahora los patronos hacen uso de grupos paramilitares para arremeter contra los trabajadores».
Morocoima es secretario general del Sindicato Unico de la Industria de la Bauxita, Aluminio y Afines, Sutralumina. El 17 de mayo se encontraba en una asamblea de obreros en Bauxilum que fue atacada por supuestos trabajadores ligados a sindicatos de la construcción. Morocoima recibió un balazo, fue golpeado y le causaron una sordera temporal que ameritó intervención quirúrgica.
La dirigencia de Sutralumina y el propio secretario general, señalaron a miembros de Muralla roja, organización pro oficialista de la industria de la construcción, como autores del ataque y responsabilizaron públicamente al presidente de Bauxilum, José China, como promotor de ataques de esta naturaleza.
Desde hace algún tiempo Morocoima investiga el fenómeno de la violencia en el ámbito sindical en la zona y esa observación -además de lo vivido en carne propia- le permite apuntar un elemento relativamente reciente al ya de por sí complicado panorama: «Las agresiones por parte de estos grupos a los que califico de paramilitares no constituyen hechos aislados. Esto obedece a una política oficial orquestada desde la Corporación Venezolana de Guayana».
Y propone un ejemplo: «Sabemos que Jorge Amaya, gerente general de Prevención y riesgo de la CVG, organizó reuniones con los sindicatos de la construcción de Guayana que se han repartido las zonas. Todos fueron convocados a la CVG y prepararon planes para arremeter contra las protestas de los trabajadores por las condiciones de trabajo, la falta de inversión y por sus reivindicaciones. El Estado no tiene respuestas para los reclamos de los trabajadores de las empresas básicas y lo que les queda es emplear a grupos violentos para intentar acallarlos».
Política empresarial
Desde la proximidad al oficialismo, José Gil, ex secretario general del Sindicato de Trabajadores de Aluminios del Caroní, Sintralcasa y miembro del Movimiento 21, coincide en la apreciación: «La gerencia de las empresas básicas innovó una modalidad de competir con las organizaciones de los trabajadores. Hay una burocracia de nuevo tipo que intenta someter a los trabajadores y que echa mano de desocupados de empresas distintas y los traen para hacerse de un brazo de confrontación. Y allí viene la violencia, porque los trabajadores no aceptamos esa imposición desde el ámbito patronal».
Sintralcasa ha denunciado más de una vez al presidente de Alcasa, Elio Sayago, por acciones de violencia contra trabajadores y representantes sindicales. Gil, de hecho, durante sus días al frente del sindicato exigió, a nombre de los trabajadores, la destitución de Sayago. Su reclamo, en esencia, es el mismo que hace hoy: participar. «En Alcasa los trabajadores no participamos en la toma de decisiones».
Es decir, el llamado control obrero no se aplica. «El Presidente Chávez tuvo la certera decisión de traducir en el Plan Guayana Socialista lo que los trabajadores habíamos estado planteando, pero en esto hay zorros y camaleones y hay quienes tratan de ganar protagonismo».
Morocoima apunta que desde el Gobierno no sólo se ha promovido la ya conocida proliferación de nuevos sindicatos para debilitar las fortalezas de los tradicionales, sino que además se da una modalidad singular: «El presidente de Bauxilum, José China, es el secretario de organización del Sindicato Unico de Profesionales Universitarios de Bauxilum, Suprabaux; y Wilfredo Flores, directivo de CVG, es su secretario de reclamos. Son dos ejemplos de casos que implican que delegados del sindicalismo del Gobierno son quienes están al frente de la empresa. Y esto mismo sucede en otras más».
De acuerdo a Morocoima esto conduce a una situación determinante: «Esta gerencia no quiere manifestaciones de descontento en los portones de las empresas. Inicialmente llamaban a la Guardia Nacional para que las disolvieran, pero eso dejaba en evidencia que el Gobierno estaba reprimiendo a los trabajadores. Así que recurrieron a estos grupos de choque».
La compleja situación del sindicalismo en Venezuela ha sido presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El pasado viernes 28, actuando en nombre del Frente Autónomo para la Defensa del Empleo y los Sindicatos, Fades; de Espacio Público y de Provea -donde es director-, Marino Alvarado expuso ante miembros de la CIDH el panorama, haciendo énfasis en las prácticas de criminalización y judicialización de la protesta y la libertad sindical; y el asesinato de líderes sindicales.
La recopilación de casos hecha por Provea arroja que entre octubre de 2010 y septiembre de 2011 al menos 37 personas fueron asesinadas «presuntamente por hechos relacionados a asuntos sindicales». Y se ubica la agudización del problema a partir del año 2005 cuando contabilizaron 45 homicidios «por conflictos relacionados a la venta de puestos de trabajo», en su mayoría en el estado Bolívar.
La data de Provea arroja que al año siguiente hubo otras 48 víctimas del mismo mal. En 2006 bajó la cifra a 29 -«la mayoría bajo la modalidad del sicariato»- para aumentar en 2008 a 46.
Entre octubre de 2009 y septiembre de 2010 la cuenta de víctimas ascendió a 68. El total de Provea suma 273 trabajadores y líderes sindicales asesinados desde 2005 hasta la fecha. Bolívar continúa encabezando la estadística de violencia, pero en el listado de 2011 entran el Distrito Capital, Aragua, Carabobo, Anzoátegui, Sucre, Miranda, Monagas, Zulia, Mérida y Falcón.
Caos rentable
Una tesis sobre este lamentable fenómeno realizada por Morocoima presenta un dato que dibuja claramente la realidad en Guayana: «El estado Bolívar representa el 42,27 por ciento de los casos de atentados a defensores de derechos laborales, de hecho, entre 2003 y 2008, 50 homicidios fueron perpetrados en tierras bolivarenses dentro del sector construcción con el mismo patrón de violencia: el sicariato».
«El elemento nuevo es la violencia promovida desde el Estado», destaca Marino Alvarado: «Y esto tiene dos particularidades. Primero, en lugar de adoptar medidas para disminuir la violencia existente, el Estado se ha convertido, desde el último año y medio, en promotor de agresiones. Y segundo, los actores del Estado son tanto el gobernador de Bolívar como gerentes de las empresas básicas».
Para su presentación ante la CIDH y para alimentar el informe anual de Provea sobre los derechos humanos en Venezuela, Alvarado sostuvo numerosas entrevistas con representantes sindicales en Guayana. Y encontró que pese a las diferencias políticas había puntos de coincidencia: «Los sindicalistas de las empresas del Estado rechazan que se promueva esa violencia generada por factores externos».
Y coinciden también en ubicar a 2005, año en que Víctor Alvarez ocupaba el viceministerio de Industrias Básicas y Minería, como el periodo en el que se agudizó la situación de violencia intrasindical hasta llegar a lo que tenemos hoy: a funcionarios del Estado aupando encontronazos e incorporando a desempleados a las nóminas para usarlos como grupos de choques.
La estrategia es simple: «Movilizan a sindicatos, especialmente de la construcción, y consejos comunales para acabar las asambleas de trabajadores bajo el argumento de que son guarimbas que sabotean el proceso de control obrero», explica Alvarado: «Esta realidad tiene el rechazo de sectores sindicales oficialistas y críticos del Gobierno, pero ambos se acusan de usar las mismas prácticas».
Los métodos empiezan a cambiar. O a combinarse. Del atentado con sicarios que huyen rápidamente del lugar -frecuente en el sector construcción- , lo más reciente es la modalidad de trasladar grupos de choque a los sitios de asambleas o protestas de trabajadores.
El caso de Ronny Rojas, militante del PSUV, es emblemático y evidencia cómo aprovechar el caos: fue asesinado a las puertas de Ferrominera el 9 de junio durante un acto en el que se intentaba elegir a la comisión electoral del sindicato. «Inicialmente se acusó a un directivo del mismo sindicato, Héctor Maicán, también militante del chavismo», cuenta Alvarado: «Quedó demostrado que Maicán disparó un arma ese día. Lo soltaron y tiene régimen de presentación. Posteriormente se acusó a un trabajador de Ferrominera, Rodney Alvarez, de quien se dice que ha sido torturado para incriminarse y culpar a otros líderes sindicales como Rubén González».
«Esto comenzamos a verlo aquí este año», aclara Clavel Rangel, periodista del Correo del Caroní. Para Rangel, conocedora del tema sindical, la situación habría comenzado con el suceso en el que fue herido José Morocoima y tuvo su peor episodio con la muerte de Ronny Rojas. «Se ha repetido en otras empresas. Es una estratregia para intimidar a los trabajadores», explica. Rangel, de hecho, fue hostigada por líderes sindicales del oficialismo por su cobertura de lo sucedido ese 9 de junio en el que se enfrentaron partidarios de Rubén González y de Alfredo Spooner, ambos rivales en el sindicato de trabajadores de Ferrominera. González y Spooner se acusan de haber llevado a sus propios camorreros para atentar contra el otro.
Hay un factor más añadido al explosivo momento que se vive en la región y lo señalan Rangel, Alvarado y Morocoima: para esos grupos encargados de amedrentar a trabajadores y líderes se ha reclutado incluso a ex presidiarios con antecedentes de cuidado.
¿Y qué se pelean, además del poder sindical? «Ya no es solamente el control de los puestos de trabajo, porque el empleo está estancado aquí», advierte Morocoima: «Lo más productivo es la extorsión a la gente que tiene contratos de servicios para las empresas básicas. Y también recibir contratos a través de testaferros».
Aquí no tenemos de eso
Tres elementos se combinan, a juicio de Marino Alvarado (Provea), en la situación actual del sindicalismo: la impunidad general que campea en el país, una gran dosis de indiferencia por parte del movimiento sindical ante los desmanes (aunque, según Alvarado, parecen empezar a despertar) y una calculada indiferencia por parte del Estado.
«En el último informe anual de la Defensoría del Pueblo no hay una sola línea dedicada al problema», se queja Alvarado: «Y desde Provea le hemos solicitado que atiendan esta realidad».
La posición del Presidente Chávez, según recuerda Alvarado, no ha sido muy coherente: «En 2008 asesinaron a tres sindicalistas en Aragua. Chávez visitó Aragua por pura coincidencia y ordenó que se investigara el caso. A raíz de eso, además se instalaron mesas de trabajo entre los sindicatos y las autoridades. Pero eso no arrojó resultados ni tuvo continuidad. Fue más bien una respuesta a la solicitud del Presidente».
El 1 de agosto de 2010 en una entrega de su columna de prensa Las líneas de Chávez, el Presidente olvidó lo ocurrido dos años antes y en medio de una diatriba contra Colombia escribió que «en la Venezuela bolivariana no tenemos ni sindicalistas asesinados ni desplazados». Tampoco tenemos, según escribió, grupos armados actuando en el país.
Un informe de 2011 de la Organización Internacional del Trabajo, recoge una suerte de «careo» entre denuncias sobre criminalización de la protesta sindical y sobre asesinatos dentro del sector y la respuesta de representantes del Estado venezolano.
Se trata del Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, presentado en el marco de la Conferencia Internacional de Trabajadores. Allí, el Gobierno de Venezuela desestima muchos de los señalamientos y precisa que no ha habido en el país un «elevado número de asesinatos» y que por el contrario se trata de casos puntuales. Sin embargo, da cuenta de las diligencias legales en casos que involucran a 17 personas asesinadas, incluyendo algunos que involucran a agentes policiales.
«La verdad es que ni la Fiscalía, ni la Defensoría ni el Ministerio del Trabajo se preocupan por este tema», señala Alvarado: «Y eso contribuye a que el fenómeno se extienda por todo el país. Si no hay un castigo emblemático a responsables, los asesinatos de trabajadores y líderes sindicales van a continuar».
30.10. 11 El Universal. Oscar Medina
