Acceder a la información pública en el país es cada día más difícil. Aun cuando la Constitución establece la obligación de los funcionarios públicos de dar respuestas oportunas y adecuadas a las peticiones, no existe una cultura en la gestión pública de cumplir con dicho mandato.
La información pública no solo debería otorgarse porque alguna persona la solicita, sino como una política de Estado dirigida a informar asuntos de interés para la población que facilite la contraloría social. La transparencia en la gestión pública debe partir de dar la oportunidad a las personas para conocer por ejemplo los presupuestos de las instituciones, la manera como se ejecutan y los resultados.
Un análisis de páginas web del sector público realizado en el mes de octubre de 2011por la organización espacio Público constató que de 28 instituciones gubernamentales que incluían portales de todos los poderes públicos a nivel nacional y municipal se pudo ninguna cumplía con los estándares básicos establecidos por la Ley Modelo de acceso a la información aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.
Esta misma Organización realizó un estudio basado en 50 derechos de petición solicitados a distintos entes públicos entre agosto y octubre de 2011 y de ellas 82% no fueron respondidas y 2% negadas.
Ante la negativa de los funcionarios de dar respuestas adecuadas y oportunas las personas tenemos la posibilidad según lo establece la Constitución de acudir a los órganos de administración de justicia para hacer valer nuestro derecho.
Sin embargo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia viene a través de jurisprudencia regresiva dificultando esa posibilidad. Prácticamente eliminó la acción de amparo constitucional como la vía idónea para interpelar a los funcionarios. Remitió al procedimiento ordinario de abstención o carencia y por esa vía un proceso judicial puede durar más de un año. Posteriormente sentenció que todo derecho de petición debe incluir una explicación de las razones por las cuales se solicita. Además debe informarse que uso se le dará a la información obtenida si es que finalmente se logra la otorguen
Así en una actuación conjunta de funcionarios reacios a dar información y un Poder Judicial que agrega trabas a la justiciabilidad el Estado venezolano mantiene secuestrada la información pública. Tal situación incrementa la opacidad en la gestión de las instituciones y dificulta la contraloría social.
Esa dificultad de acceder a la información pública limita igualmente las labores de investigación y el trabajo de los comunicadores sociales.
El no poder conocer estadísticas vitales del funcionamiento de la economía, la salud, la educación, etc entorpece la posibilidad de presentar propuestas de políticas públicas y medidas para atender déficit existentes o mejorar procesos positivos en marcha.
La falta de acceso a la información pública es por lo tanto perjudicial para todos y todas.
