El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) denunció el asesinato en Venezuela de una persona beneficiaria de medidas de protección ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Oscar Barrios, de 22 años y beneficiario de medidas provisionales para proteger su vida e integridad, fue ejecutado el sábado 28 de noviembre por supuestos funcionarios de la Policía del Estado Aragua.
CEJIL y la Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz del Estado Aragua, en representación de la familia Barrios, presentaron ayer un escrito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el que informan acerca del crimen y solicitan ordenar a Venezuela cumplir y mantener las medidas de protección ordenadas a favor de la familia Barrios en tres ocasiones, entre 2004 y 2005, así como investigar la ejecución del joven y sancionar a los responsables.
Oscar Barrios es el quinto miembro de su familia en ser asesinado por presuntos agentes policiales. Entre los parientes ejecutados, otros dos también contaban con medidas de protección ordenadas por la Corte IDH y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El pasado sábado, Oscar Barrios conversaba con un amigo, Carlos Rodríguez, después de un partido de softbol en el pueblo de Guanayén, cuando dos sujetos salieron de una zona oscura, armados con una escopeta y un revólver, vistiendo ropa negra y pañoletas del mismo tipo que las usadas por las unidades de patrullaje en motocicleta de la Policía de Aragua.
Los hombres armados dispararon contra Barrios y luego ejecutaron a su amigo. Oscar Barrios y su familia ya habían sufrido amenazas de muerte, detenciones ilegales y acoso por parte de policías del pueblo de Guanayén, sin que el Estado actuara para evitarlo.
“Este caso evidencia la impunidad en las fuerzas policiales venezolanas. En ninguna de las otras cuatro muertes en la familia Barrios los crímenes han sido esclarecidos. CEJIL demanda la aplicación de las medidas de protección para la familia y solicita una investigación efectiva para evitar que se repita el patrón de las ejecuciones anteriores”, dijo Ariela Peralta, subdirectora ejecutiva de CEJIL.
El 21 de abril de 2004, CEJIL había solicitado a la CIDH medidas cautelares a favor de varios integrantes de la familia Barrios debido a las amenazas y actos de intimidación recibidos por haber denunciado el asesinato de Narciso Barrios, ocurrido el 11 de diciembre de 2003 a manos de presuntos agentes policiales. Ante la falta de respuesta del Estado, CEJIL y la familia Barrios acudieron a la Corte IDH, que también otorgó las medidas provisionales para proteger la vida de los peticionarios, cuyo cumplimiento para el Estado es obligatorio.
En la investigación de los hechos cometidos en contra de integrantes de la familia Barrios ha quedado en evidencia la participación de funcionarios de la Policía adscritos a las Comisarías del pueblo de Guanayen y de Barbacoa en el Estado Aragua; sin embargo, los funcionarios sospechosos de participar en los crímenes continúan trabajando en esas dependencias, lo cual agrava e incrementa la situación de vulnerabilidad y riesgo en la cual se encuentran las víctimas.
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