Por Maolis Castro
Isabel Ramírez, abuela de dos niños, no siente vergüenza en reconocer que reside de manera ilegal en el inmueble: «No tengo idea de quiénes son los dueños. He escuchado que tienen seis años y medio sin venir, pero eso no me consta. Esto estaba abandonado y ahora no».
La edificación fue tomada el año pasado por damnificados.
María Vivenes, quien perdió su casa en Los Eucaliptos de El Junquito, se hizo cargo de la ocupación. Después de trajinar 15 días en las calles supo de la vivienda. «Mi casa se vino al suelo en septiembre del año pasado. Estaba con mis hijos y nietos cazando un rinconcito para vivir… Me dijeron que había un lugar abandonado y lo encontré. Avisé a mis amigos y familiares que estaban en la misma situación», relató.
El hogar prometido fue hallado en una pendiente de la avenida José Ángel Lamas de San Martín. El inmueble, supuestamente perteneciente a la Fundación de la Policía Metropolitana, estaba ocupado por 7 indigentes que empalidecieron ante la llegada de 20 damnificados. «Los mendigos se fueron. No hubo negociaciones.
Por un techo se hace cualquier cosa», relató Vivenes.
Tomas a la fuerza. La docena de familias que se asentaron en la edificación de Fundapol estuvieron por un momento arrepentidas de la invasión.
La estructura, de 2 plantas, no cuenta con habitaciones, el servicio eléctrico tuvo que restablecerse con cableado hurtado de postes de la calle y el agua corre eventualmente por las tuberías. «Ya somos 40 personas en este sitio. No es tan fácil vivir así, pero está complicado que salgamos si no nos dan garantías de una casa propia. Yo, por lo menos, viví mucho tiempo alquilada y ya no estoy dispuesta a que me desalojen. Tampoco queremos ir a refugios», dijo Ramírez.
Los ocupantes, en su mayoría provenientes de La Vega y El Junquito, acudieron durante un año a varios organismos del Estado. Fueron a Miraflores, Asamblea Nacional, Gobierno del Distrito Capital, Ministerio de Comunas y Protección Social y consejos comunales de San Martín. Ninguno respondió. «Al último que me le pegué fue al presidente Chávez para darle una carta. Él vino a tratarse el cáncer en el Hospital Militar (en San Martín) y salí corriendo para explicarle que mi mamá también tiene esa enfermedad. Quería que nos ayudara con una casa», afirmó Vivenes.
Opina que la falta de respuesta se debió a que sus casos no son excepcionales. Su conclusión pudiera estar respaldada en las oficinas de Provea, que contabiliza la participación de 6.124 familias en ocupaciones de terrenos entre octubre 2010 y septiembre de este año en el país. El Observatorio de Derechos de la Propiedad advierte que las invasiones pasaron de 28 en 2010 a 246 en lo que va de 2011.
A juicio de Uzcátegui, la cifra de damnificados que dejaron las lluvias contribuyó con las tomas. «La ocupación de inmuebles es más visible ante la opinión pública que los terrenos baldíos. Sin embargo, las últimas son más recurrentes.
Registramos, igualmente, que entre enero y marzo se concentra la mayor cantidad de tomas», informó.
Felipe Benítez, representante del Observatorio de Derechos de la Propiedad, relaciona el auge de las ocupaciones ilegales con el discurso oficial y la impunidad reinante. «Muchas personas tomaron las palabras del Gobierno para ocupar espacios. Si no eran repelidas por autoridades, entonces las condiciones estaban dadas para que se concretara la invasión», aseguró.
Sólo 79 personas han sido detenidas por la toma de inmuebles este año, según Provea.
«A eso se une que en algunos casos no se repudia directamente las ocupaciones», indicó Uzcategui.
Las autoridades policiales han practicado 37 desocupaciones de inmuebles entre octubre de 2010 y septiembre de este año, lo cual representa una disminución en relación con el período anterior, que registró 59. La invasión más reciente fue en la sede de la empresa Fuller, en Plaza Venezuela, que fue tomada delante de sus empleados. Pese a las manifestaciones y peticiones de desalojo, el edificio no ha sido recuperado. Los casos de desalojos lucen insignificantes ante la ola de invasiones.
