Los activistas asumimos la Declaración Internacional de los Derechos Humanos no como un techo, sino como un piso mínimo de valores universales que permitan a los seres humanos ser merecedores del adjetivo.
Para quienes nos hemos formado en el activismo de izquierda junto a las luchas sociales, el habernos convertido en defensores y defensoras de derechos humanos nos ha ayudado a crecer en muchos sentidos. En el caso de Provea, varios de sus fundadores y miembros actuales provienen de luchas disímiles (Montoneros en Argentina, Bandera Roja, sindicalismo, movimiento estudiantil y anarquismo en Venezuela, entre otros) que tenían como norte común su intención de ayudar a elevar la dignidad humana. Sin embargo, como hijas e hijos legítimos de la modernidad, la mayoría de estas beligerancias sectoriales se apoyaban en el convencimiento de la capacidad omniabarcante de una ideología no sólo para dar respuestas para todo, sino para garantizar la felicidad de hombres y mujeres. Se creía, ingenuamente, que al tener la razón de nuestra parte, sólo bastaba apurar el momento en que las condiciones y la correlación de fuerzas harían posible que la humanidad entera pensara como nosotros. Pero como se ha demostrado por la historia, el camino al infierno ha sido empedrado con buenas intenciones.
Cualquier proceso de transformación de la sociedad, para mayor justicia social y libertad, es mucho más complejo que el anterior esquematismo. El haber asumido la defensa de los derechos humanos nos ha brindado una nueva perspectiva que ha enriquecido el bagaje aprendido en el movimiento popular. Los y las activistas asumimos la Declaración Internacional de los Derechos Humanos no como un techo, sino como un piso mínimo de valores universales que permitan a los seres humanos ser merecedores del adjetivo. A pesar que la mayoría nos nucleamos alrededor de organizaciones que nos permiten trabajar los temas a tiempo completo, coincidimos que toda persona que promueva y defienda alguno de los derechos tiene tanta legitimidad, como nosotros y nosotras, a ser considerado un defensor o defensora y ser protegido para la realización de su labor.
Un amplio porcentaje trabajamos dentro de organizaciones no gubernamentales (ONG), como su nombre indica, su independencia está basada en la recepción de fondos no por parte del Gobierno o el Estado sino por parte de la cooperación internacional. De esta manera se han financiado todas las ONG más prestigiosas del mundo, como Amnistía Internacional y Greenpeace, al igual que eventos como el Foro Social Mundial, cuya VI edición se realizó en Venezuela en el 2006. Muchas de las iniciativas que promueven en otros países las políticas del presidente Chávez funcionan por cooperación internacional. Cuando una organización comienza a recibir fondos del gobierno de su país para su funcionamiento se transforma en otra cosa, dejando de ser una ONG. Cuando los gobiernos han intentado impulsar públicas en derechos humanos tienen una cantera potencial en los defensores y defensoras que han promovido dichos temas. Si aceptan el llamado y laboran en cargos dentro del Estado, lo normal y natural es que, para no comprometer a la organización de la que forman parte, se desincorporen de la misma para evitar conflictos de intereses y pérdida de credibilidad. Tener responsabilidades de Estado y a la vez ser parte de directivas de ONG de derechos humanos no sólo es incompatible, sino inaceptable.
En tiempos en que ha permeado una dura polarización política los defensores y defensoras de derechos humanos hemos transitado sobre campo minado. Como seres humanos hemos tenido aciertos y errores. Sin embargo, el norte son esos valores que hemos asumido como insobornables e impostergables, y que deben cumplirse, sin ningún tipo de discriminación, para todos los seres humanos. Esto no quiere decir que las y los activistas no tengan sus propias preferencias políticas, sino que a diferencia de militantes de partidos políticos, el espíritu de cuerpo está engranado y supeditado a la defensa de los vulnerables frente al poder de turno, especialmente si es de la parcialidad política de su preferencia. Cuando se comienzan a justificar una vulneración de derechos humanos la persona pierde, en el acto, su condición de defensor o defensora.
Estar polarizado o polarizada no significa el tomar postura frente a cualquier hecho, sino negar la posibilidad de certidumbre en aquellos que definimos como “otros” y “otras”. Una sociedad democrática y libre nunca será ajena ni al conflicto ni al debate entre visiones opuestas. Sin embargo, quienes disienten tendrán tantos derechos como aquellos partidarios y partidarias de la administración de turno. Los defensores y defensoras, en cualquier circunstancia, deben acompañar a las poblaciones más vulnerables y desprotegidas por las inequidades de todo tipo. Asumirse como defensor o defensora de los derechos humanos es una gran responsabilidad y compromiso, que nace de la vocación de servicio por los demás, de sentirse útil y del lado correcto ante las injusticias. Cada día, quienes ambicionamos hacerle honor a los deseos más nobles de la raza humana, intentamos convertir nuestros derechos y los de nuestros pares en realidades tangibles, pasito a pasito, o a grandes zancadas.
