Pretender utilizar a la Fuerza Armada Nacional a través del Plan República como instrumento para opacar el triunfo de Henrique Capriles Radonski no le funcionó al gobierno. Los militares no se prestaron al juego.
La lamentable actuación del magistrado Francisco Carrasquero quien muy apurado se declaró competente, admitió la demanda y ordenó medidas en la persona del General en Jefe Henry Rangel Silva, de girar las instrucciones pertinentes a los fines de garantizar la custodia de los cuadernos electorales y hacerlos llegar a las correspondientes sedes del Poder Electoral, simplemente no se cumplió. No se movió ningún militar. No incurrieron en persecución ni atropello. Tampoco en intimidación.
Pues claramente no era su función. Por dos razones: a) Nunca tuvieron asignada la custodia de los cuadernos electorales una vez finalizada la jornada, en consecuencia difícilmente podían garantizar su resguardo. b) Las funciones de los efectivos militares del Plan República quedaron claramente definidas en un comunicado del Comando Estratégico Operacional en la que no aparecían las de cuidar los cuadernos electorales, especialmente porque el Consejo Nacional Electoral estaba en conocimiento y había aceptado la destrucción del material electoral en las 48 horas después de culminado el proceso, como garantía para impedir la configuración nuevamente en Venezuela de una «Lista Tascón».
Lo grave de todo lo que ha sucedido a partir de la Sentencia Carrasquero» es que un gobernador de un estado, abusando del poder, interpretando arbitrariamente una sentencia, ordeno a la policía bajo su jurisdicción el decomiso de cuadernos electorales al vicepresidente de la Junta Regional de Primarias del Estado Aragua.
Esto es un intento de robo efectuado por funcionarios policiales, ordenado indebidamente por el ciudadano Rafael Isea, gobernador del estado Aragua y por tanto debe responder frente a la Ley.
La sentencia es clara. La orden del magistrado Carrasquero identifico plenamente al Plan República como institución encargada de la ejecución de la sentencia y nunca a la policía nacional, a las policías estadales o policías municipales del país.
¿Es acaso Rafael Isea miembro del Plan República? Ciudadana fiscal general de la República, está usted retrasada a esta hora en el cumplimiento de sus funciones de dar inicio a una investigación penal en contra del ciudadano Rafael Isea, responsable de una orden manifiestamente ilegal que ocasionó la muerte del ciudadano Julio Cesar Sarmiento Macía.
Claro abuso de poder de parte del Gobernador, que incluso podría calificar, según ocurrieron los hechos, en el delito de robo de material electoral.
Ciudadana Luisa Ortega Díaz, está usted en el deber de solicitar al Tribunal Supremo de Justicia el mérito para el enjuiciamiento del gobernador de Aragua para que conozca de la causa hasta la sentencia definitiva. Basta ya de impunidad en Venezuela. ¿Se atreve usted, ciudadana Fiscal? (Rocío San Miguel, Tal Cual, 17.02.12)
