Podemos recibir como una buena noticia, la decisión del Ministerio Público de abrir una investigación contra las personas que utilizaron y fotografiaron a un grupo de niños durante la celebración del aniversario de la parroquia 23 de Enero, portando presuntas armas largas y con sus rostros cubiertos. Esta acción, no solo permitirá identificar a los responsables, sino también identificar a las víctimas, en este caso los niños y niñas fotografiados cuyas imágenes circularon por diversas redes sociales.
Definir como víctimas a estos niños considero que es la palabra más apropiada, ya que contra ellos se cometieron acciones consideradas como delito, en caso de que se verifiquen los hechos. Nuestra Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna) en su artículo 92 literal «D» prohíbe expresamente la venta o el suministro de armas, municiones y explosivos, además de establecer normas que protegen su imagen y reputación.
Ni siquiera el argumento utilizado de que los niños que aparecen en la foto estaban participando en una «actividad cultural» exime a los responsables, ya que la Lopnna al garantizar el derecho a un entorno sano, prohíbe en su artículo 79 literal «D» propiciar o permitir la participación de estos, en cualquier tipo de espectáculo que sean contrarios a sus derechos.
Tomando en cuenta que Venezuela ha asumido compromisos internacionales para evitar y prevenir que nuestra infancia y adolescencia tengan acceso a cualquier tipo de armamento (en especial los compromisos establecidas en el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de los Niños en los Conflictos Armados), es importante verificar en la investigación que se adelanta, si nos encontramos también frente al supuesto previsto en el artículo 9 de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión, que sanciona la acción de incorporar mediante amenaza o engaño a cualquier persona en grupos armados (denominado alistamiento forzoso) siendo una circunstancia agravante cuando las personas incorporadas seas niños y adolescentes.
El éxito de esta investigación permitirá que la señal transmitida desde el Estado continúe siendo clara: el desarme va para todos, con independencia de posiciones ideológicas o las motivaciones que se tengan para poseer un arma, ni es justificable su uso en nuestro país por motivaciones políticas, ni es válida su utilización como instrumento de defensa personal, vista su inutilidad frente al delito.
Un aspecto que es importante es la responsabilidad que recae sobre los padres y representantes de estos niños, ya que pudiésemos encontrarnos en el supuesto de un ejercicio inadecuado de la Responsabilidad de Crianza como elemento de la Patria Potestad; este aspecto hay que abordarlo desde una perspectiva preventiva, ya que se trata de mostrar por medio de procesos educativos, que el camino por el cual es mejor transitar para consolidar el proceso de cambios que vive nuestro país, es el que se construye apasionadamente con las herramientas de las paz y la convivencia.
