En junio de 2010 un equipo de la organización Provea se trasladó a las comunidades Tascabaña I y Tascabaña II, en el estado Anzoátegui, para constatar las reiteradas denuncias que venía realizando la comunidad indígena Kariña sobre contaminación de aguas por parte de Pdvsa. En aquella oportunidad la población indígena ratificó su denuncia afirmando que emanaciones de gas contaminaban el río Tascabaña.
Expresaron que la empresa estatal había realizado muchas promesas de resolver la situación; sin embargo, el problema no solo continuaba sino que se había agudizado.
Año y medio después la comunidad vuelve a denunciar a dicha empresa por otra grave situación: derrame petrolero en el río. La empresa no desmintió el hecho.
Argumentó, sin embargo, que lo ocurrido era una acción de sabotaje. Sea cierto o no la empresa tiene responsabilidad pues es su deber garantizar no solo el mantenimiento de las tuberías, sino también la seguridad de las instalaciones en coordinación con las autoridades locales y nacionales.
Lo que no puede aceptarse es que la situación se atienda sólo como una emergencia. Se requiere un proyecto integral que discutido con la población Kariña permita garantizar a mediano plazo condiciones de vida aceptables, libres de contaminación y con efectivas medidas preventivas que den confianza a la población.
Por otra parte, en distintos puntos del país, diferentes comunidades rurales e indígenas son afectadas por la contaminación de aire, agua y suelos como producto de la acción de la industria petrolera y de la minería.
Esta situación es constante en otros países de la región que, al igual que el nuestro, se encuentran en proceso de expansión de su economía primario−exportadora de recursos energéticos.
Sin embargo, en otros países las redes ciudadanas y ecologistas realizan un seguimiento cercano de las consecuencias sociales y ambientales de la extracción de gases, minerales e hidrocarburos, promueven activamente tanto la denuncia al llamado «neoextractivismo» como una serie de alternativas para realizar un proceso de transición a un desarrollo diferente.
En algunos países como Ecuador existe un activo movimiento social de base enfrentado a los grandes proyectos de infraestructuras a beneficio de la minería y a la ampliación de los diferentes yacimientos, y un variado tejido social, que incluye universidades e instituciones, que han puesto en el debate público la necesidad de planificar transiciones hacia una economía postpetrolera.
En nuestro país la implosión y fragmentación de las redes ecologistas y medioambientales, en buena parte por la polarización política, han retrasado la socialización de esta preocupación entre nosotros y nosotras.
Si bien las luchas por la defensa del ambiente y contra el desarrollismo nunca han adquirido una fuerza significativa, sí se desarrollaron en los años 80 y 90 importantes acciones de calle y jurídicas. A pesar de la debilidad existente hoy es posible ir avanzando para retomar la lucha por la defensa del ambiente y un nuevo modelo de desarrollo.
