¿Para qué escribir?
La palabra nos libera, hace eco de nuestros sentimientos más profundos. Comunica y nos comunica con otros y otras. La palabra describe nuestro mundo. La palabra anuncia las buenas nuevas. La palabra denuncia las injusticias. La palabra visibiliza aquello que está ocurriendo y que no sabemos que pasa hasta que lo describimos y lo pronunciamos. Por ello, escribir o nombrar marca la diferencia entre lo que existe y no sabemos que existe y lo que existe y sí sabemos que existe. La impunidad existe, pero ¿cuántas personas lo saben? Digámoslo y denunciémoslo por medio de las palabras.
¿Por qué una carta?
Muchas son las formas de escribir. Entre ellas está la carta. Ella es una forma de entrar en diálogo directo con quien o quienes la leen. Ella es como un mensaje en la contestadora de cualquier teléfono. Con ella queda constancia de aquello que dijiste. Ella obliga a quien la recibe (si así lo quiere) a tomarse el tiempo de leernos y, si así lo pides, tomarse el tiempo de respondernos y actuar en consecuencia. La carta, si no es destruida nos recuerda permanentemente aquello que está escrito. Para el Estado, la carta es un documento importante que difícilmente puede ser obviado ya que al tener acuse de recibo podemos exigir respuestas.
¿Por qué hacerlo?
El 03 de junio de 2005, aproximadamente a las 11:30 de la noche, los agentes de la Policía de Aragua, Edgar Alexander Soterán Martínez, Francisco Urelis Mora y Mario Lindomar Buroz se dirigieron al Barrio Santa Rosa, en la ciudad de Maracay, a realizar un trabajo de inteligencia, a solicitud de la Fiscalía 19 del estado Aragua, con la autorización del juez de Control Sexto 6 del estado Aragua. Se trataba de un procedimiento para ubicar y aprehender a dos ciudadanos solicitados por la justicia.
El funcionario de la Policía de Aragua, Edgar Millán y su compañero Kleiber Acosta se encontraban cerca del lugar de los hechos, patrullando en el barrio Santa Rosa, cuando escucharon la trasmisión del servicio de emergencia 171 del estado Aragua, que informaba que en la avenida Ayacucho, vecinos habían reportado disparos de armas de fuego, por lo cual decidieron trasladarse al sitio para verificar dicha información. Edgar Millán pidió apoyo por radio y, al llegar a la avenida Constitución, escucharon un disparo y vieron que una persona cayó al pavimento; inmediatamente se dio cuenta de que el efectivo que había disparado era un sargento de la Guardia Nacional a quien conocía y que la víctima era también conocido, un funcionario de la Policía de Aragua, el último de las tres víctimas fatales de este suceso.
La investigación del Ministerio Público del estado Aragua señaló como presuntos responsables a los funcionarios César Omar Peña Villegas, Andrés Javier Aguilera Aquino, Antonio José Galea Ortega y Adonai Rafael Díaz Molina, quienes fueron acusados en diciembre de 2005 por los delitos de homicidio calificado y uso indebido de arma de fuego.
La impunidad
Un primer juicio en este caso comenzó el 11 de mayo de 2009, pero se interrumpió el 29 de septiembre de 2009 debido a que la jueza Betty Alcántara, entonces titular del Tribunal 5° de Juicio del estado Aragua, fijó la fecha de juicio fuera del límite máximo que permite la ley, violando el principio de continuidad y anulando así todo el juicio. El 20 de mayo de 2010 inició por segunda vez el juicio para determinar la responsabilidad de los funcionarios acusados, pero el pasado 24 de noviembre de 2011, día en que estaba fijada la continuación del juicio oral y público seguido en contra de los acusados, el juez Nelson García del Tribunal 5 de Juicio de Aragua, declaró la interrupción del segundo juicio iniciado en el caso de la masacre de Santa Rosa, lo que trajo como consecuencia la anulación de lo actuado y la necesidad de iniciar nuevamente el juicio.
La interrupción del juicio se debió a la incomparecencia de los abogados defensores privados, Manuel Biel Morales y Eric Lorenzo Pérez Sarmiento, quienes estando debidamente notificados no acudieron al tribunal para participar en la continuación de juicio fijado para el 24 de noviembre de 2011. Sin embargo, el juez Nelson García pudo declarar el abandono de la defensa y compeler a los funcionarios Antonio José Galea y Adonai Rafael Molina a nombrar otro defensor de su confianza o nombrarles defensores públicos para garantizar la continuidad del juicio, pero no lo hizo.
El Ministerio Público solicitó también la separación de la causa para los acusados César Omar Peña y Andrés Aguilera, quienes sí estaban debidamente asistidos por su abogado defensor, presente en la sala, de manera que el juicio continuara para ellos aunque se interrumpiera para los que no estaban asistidos, tal como lo prevé el Código Orgánico Procesal Penal. No obstante, el juez Nelson García negó la solicitud sin dar ningún tipo de argumento jurídico para sostener su decisión.
De la indignación a la implicación
La actuación del juez Nelson García es deplorable en este caso. Cabe preguntarse: ¿fue por ignorancia de las posibilidades legales para continuar con el juicio? ¿o se hizo cómplice de la estrategia de los abogados defensores de los funcionarios parcializándose por los imputados? Pareciera lo segundo, pero en cualquiera de los dos supuestos su actuación dista mucho de la ética, responsabilidad y profesionalismo que debe caracterizar la función judicial. Es vergonzoso que tengamos profesionales como el Juez Nelson García en nuestros tribunales, pues este tipo de personajes resquebrajan la legitimidad de los órganos de administración de justicia, vulneran los derechos de las personas, pisotean el derecho de acceso a la justicia y fomentan la impunidad. Sin embargo, es importante pasar de la indignación a la implicación, visibilizar las vulneraciones y denunciar este tipo de irregularidades, apostando así a la denuncia como herramienta para el mejoramiento del sistema de administración de justicia, luchando así por el acceso a la justicia que merecemos y que consagra nuestro ordenamiento jurídico.
Todo esto constituye una violación al debido proceso y al derecho a la justicia de las víctimas y sus familiares. ¡No podemos callar más! ¡Hagamos presión! ¡Pronunciémonos y seamos solidarios y solidarias!
¿A quién escribir?
Manifestemos nuestra indignación y exijamos justicia al Estado elaborando dos cartas. Una, dirigida a la:
1. Ciudadana Ninoska Queipo Briceño, presidenta de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela;
Y otra dirigida al:
2. Ciudadano Francisco Coggiola Medina, presidente del Circuito Penal del Estado Aragua.
¿Qué debo decir en esa carta?
En ambas cartas debemos expresar y solicitar lo mismo:
1. Manifestar la preocupación por la tardanza e irregularidad en el juicio seguido a los responsables de la muerte de los funcionarios policiales de Aragua.
2. Solicitar celeridad en el proceso de administración de justicia, según lo establecido en el Articulo 49 de la Constitución Nacional.
3. Solicitar que se investigue y y sancione a los miembros del Sistema de Administración de Justicia responsables de la tardanza e impunidad.
4. Pedir que se establezcan correctivos para que esto no vuelva a pasar en ningún otro caso.
¿Cómo hacerlo?
• Sé breve. Digamos mucho en palabras cortas y precisas.
• Sé cortés. Lo amable no quita lo valiente.
• Escribe lugar y fecha.
• Escriba el nombre y el cargo de a quien va dirigida la carta.
• Diga el motivo por el que escribe: “En el año 2005 los agentes de la policía de Aragua… Es importante que identifiques que el caso está siendo conocido por el Tribunal Tercero de Juicio con el número de expediente 3M-1696-12.
• Manifieste y solicite: “Por todo eso manifiesto mi… y solicito…”.
• Manifieste tener el derecho de escribir estas cartas: “ Lo antes escrito lo hago en virtud del artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.
• Deje una dirección en donde recibir respuesta. Si quiere, esa dirección puede ser la de la Red de Apoyo:
Red de Apoyo por la Justicia y la Paz
Parque Central, Edif. Caroata, Nivel Oficina 2, Ofic. 220, Caracas.
Telefax.: (58 212) 574.1949 / 574.8005
Apartado Postal No. 17.476, Parque Central,
Caracas 1015-A, Venezuela
• Despídete con un breve “atentamente” y luego tu nombre, apellido y cédula de identidad.
• Envía una copia de la carta a los familiares de las víctimas o a la Red de Apoyo por la justicia y la Paz vía fax o escaneada al siguiente correo [email protected]
ESTO ES UNA ACCIÓN URGENTE, NECESITAMOS QUE ESCRIBAS ANTES DEL MES DE MAYO DEL 2012
¿Qué ganamos con eso?
• Solidarizarnos con las víctimas y sus familiares.
• Activarnos a favor de la justica y prevenir que ocurran otros casos de violación de derechos humanos.
• Hacer contraloría social.
• Denunciar los mecanismos de impunidad.
• Construir justicia.
• Alzar nuestras letras a favor de la vida, la paz y el respeto a la dignidad humana.
• Cumplir con nuestro deber ciudadano y constitucional.
Texto: Bryan Barrios Grafe / Rafael Garrido Álvarez/ Alfredo Ruiz
