El pasado 25 de febrero se conoció que un nuevo derrame de petróleo contaminaba las fuentes de agua del país. Esta vez el incidente ocurría en el río Tascabaña, ubicado en el estado Anzoátegui, en una zona habitada por comunidades indígenas kariñas. A pesar que hasta hoy no existe una estimación oficial de la cantidad de crudo vertido, las noticias difundieron la cifra de 300 barriles como los derramados sobre la principal fuente de agua de los indígenas. En un comunicado de prensa propagado tres días después, la estatal PDVSA aseguró que “activó el plan local de contingencia para atender en tiempo récord un vertido de crudo producto de un presunto sabotaje, en el cual se afectó con una segueta a una tubería cercana a un morichal”. Asimismo “Está garantizada la integridad de los ríos Tascabaña y Guanipa, por cuanto en las inspecciones realizadas se ha comprobado que las aguas no han tenido ningún tipo de afectación por este incidente”. Si bien la opacidad de la información emanada desde la compañía petrolera es previsible, sorprende la actitud del ministro de ambiente Alejandro Hitcher quien desde el suceso similar ocurrido en el rio Guarapiche de Monagas, ha actuado más como un vocero de la petrolera que como un funcionario encargado de los derechos ambientales en el país. El ministro volvió a repetir que los derrames no ocasionarían impacto en la naturaleza y respaldaba la tesis del “sabotaje” como causa del incidente en el oleoducto El Tigre-Puerto La Cruz. Sea cierto o no, la empresa tiene responsabilidad pues es su deber garantizar no solo el mantenimiento de las tuberías, sino también la seguridad de las instalaciones en coordinación con las autoridades locales y nacionales.
Sin embargo, como ya hemos alertado anteriormente, la contaminación de las aguas del rio Tascabaña por actividades relacionadas con la industria energética no es una situación nueva. Desde el año 2000 los Kariñas notaron que del río Tascabaña empezaron a emanar torrentes de burbujas, que con el paso del tiempo se hicieron más fuertes. En el año 2008, ante la gravedad de la situación, realizaron las primeras denuncias a los medios de comunicación. En un reportaje publicado por un medio regional, el por entonces gobernador indígena Neptalí Tamanaico declaró: “En el río comenzaron a verse cuatro puntos. Se observaban burbujas como cuando uno pone a hervir caraotas, pero ahora son incontables y las bombitas tienen más presión. Cuando hicimos el primer alerta, la situación no estaba tan grave”. La situación, lejos de aminorarse se agravó. En el mes de junio del 2010 nos movilizamos hasta el caserío indígena para corroborar las denuncias. Las emanaciones eran claramente visibles en diferentes puntos de la corriente fluvial, la cual surte de agua a diferentes comunidades, tanto para su consumo como para el uso en la siembra de las pequeñas parcelas, o conucos, base de la subsistencia Kariña. PDVSA los había instruido acerca de sólo utilizar dicha agua para lavar, pero diferentes miembros de la comunidad nos aseguraron que la fauna silvestre había sido afectada por la contaminación, además de tener que abandonar las siembras que realizaban en las laderas del río.
Durante nuestra estancia en las comunidades de Tascabaña I y Tascabaña II todos los indígenas querían hablar, pero ninguno quería que registráramos sus nombres o les tomáramos fotografías. Nos relataron como tras la última denuncia, fueron visitados por representantes de PDVSA quienes les reclamaron que hayan visibilizado la problemática en “medios golpistas”, insinuándoles que por ello eran “traidores” y “escuálidos”, y que pudieran perder los beneficios que la compañía les había venido otorgando en los últimos años, como por ejemplo las políticas sociales que de cuando en cuando los visitaban. Ese mismo miedo continúa presente, como lo atestiguan las declaraciones de voceros de las comunidades a la prensa regional: “Es falso que se botaron varios barriles, no es tan grande el derrame y no pasó a males mayores. Pdvsa no se ha negado a indemnizar los daños y eso lo vamos a resolver en una reunión”. Desarticulando la propia cultura de las comunidades aborígenes, las políticas sociales han ido transformando el amor por la naturaleza por la recepción de beneficios económicos. Los conucos, que ya no cultivan debido a la falta de agua, son sustituidos por los productos disponibles en las bodegas Mercal.
Pdvsa se encuentra en la obligación de realizar un estudio de impacto ambiental para medir la real contaminación en territorios kariñas. Esta investigación debe hacerse pública. Además, las iniciativas consecuentes deben ser aprobadas y contar con la participación de los afectados y afectadas. Por otra parte si algo bueno puede resultar como secuela de los derrames, es la perentoria necesidad de construir un modelo de desarrollo para el país no basado en la extracción de recursos energéticos, ecológico y socialmente sustentable
