En los últimos meses, se ha generado un debate acerca del rol de las organizaciones no gubernamentales (ONG) -incluyendo a los y las activistas que las conforman y que trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos- en tiempo de polarización. Generalmente, este tipo de organizaciones han sido concebidas como órganos de promoción y, sobre todo, de defensa y denuncia pública de aquellas situaciones de acción y omisión que puedan generar vulneraciones a los derechos o que atenten contra su garantía.
Sin embargo, hay una gran invisibilización de una de las razones de ser de las organizaciones de derechos humanos, que es la incidencia en las políticas públicas del Estado, como mecanismo para minimizar las violaciones a los derechos a partir de la construcción de propuestas que tengan efectos más duraderos en el tiempo y que tengan un alcance más significativo, legitimado y extendido a mayor cantidad de población. Pero no se trata de una incidencia de carácter partidista, sino política, que permita incorporar el enfoque de derechos humanos en las propuestas estatales y, por ende, posicionar la responsabilidad del Estado como un eje central en las estrategias de desarrollo y reducción de la pobreza, así como priorizar el principio de igualdad de oportunidades para el acceso a las garantías de protección de los derechos.
Para alcanzar este objetivo, es necesario hacer cabildeo político con los operadores y las operadoras gubernamentales que se encuentran ejerciendo el poder en un momento determinado, especialmente aquellos que abren las posibilidades para que las organizaciones de la sociedad civil puedan incorporar su agenda de promoción y defensa de los derechos humanos. Se trata de aprovechar las oportunidades para interactuar con el gobierno de turno, pero con miras a movilizar las estructuras de Estado como figura permanente en el tiempo.
Ello implica que las ONG y, en general, los y las activistas en derechos humanos no deben perder de la mira sus objetivos fundamentales: promoción, defensa e incidencia, puesto que todos ellos son necesarios para el desarrollo de una sociedad más equitativa. Los tres aspectos pueden conjugarse paralelamente en el accionar de nuestro trabajo sin ningún problema, pero el no tenerlo claro genera que el activismo en derechos humanos se convierta en una plataforma de denuncia sistemática, pero que no ofrece ningún tipo de propuesta en ánimos de coadyuvar a la construcción de una sociedad menos vulnerable a la violación de sus derechos.
Y, lamentablemente, la polarización ha llevado al movimiento de derechos humanos en nuestro país a caer en este peligroso juego de la parcialización, obviando la integralidad con que se debe entender el activismo. Por ello, debemos retomar nuestra razón de ser y demostrar que se puede educar y sensibilizar en el tema, hacer denuncia pública de violaciones de derechos humanos e incidir en las políticas de Estado al mismo tiempo, sin que ello implique comprometer la autonomía y la ética de trabajo.
El Universal. 19.03.2012
Quien te ha visto y quien te ve. Ahora criticas que se «denuncie», cuando hacias talleres para incentivar a la gente a la que lo hiciera.