Independencia, soberanía y autodeterminación. Bajo estos conceptos las autoridades venezolanas se han escudado para desacatar las medidas de protección que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dictado a favor de una serie de ciudadanos que han denunciado ser víctimas de persecución y amenazas; así como para incumplir la inmensa mayoría de las 13 condenas que la Corte Interamericana ha emitido contra el Estado.
Ayer, durante la audiencia que solicitó a la CIDH, el agente del Estado ante el sistema interamericano, Germán Saltrón, volvió a repetir el guión y afirmó: «La Corte Interamericana no puede pretender excluir o desconocer el ordenamiento constitucional interno, pues la Convención lo complementa». No obstante, el vicepresidente del organismo y relator para Venezuela, Felipe González, le refrescó los principios del Derecho Internacional.
«Lo que establece la Convención de Viena sobre los Tratados (de 1969) es que la legislación interna, bien sea constitucional, legal o administrativa de cualquier rango o jerarquía, no sirve como excusa valida para que un Estado pueda excepcionarse del cumplimiento del Derecho Internacional», afirmó el jurista chileno, quien de paso consideró improcedente la postura asumida por las autoridades y la cual condiciona el cumplimiento de los dictámenes de las instancias internacionales a la revisión que haga el Tribunal Supremo.
«Cuando un Estado ratifica un tratado también queda comprometido a las interpretaciones que hagan los organismos establecidos por ese tratado», afirmó y sin alzar jamás la voz remató: «En el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos esos órganos son la Comisión y la Corte. La interpretación que debe primar debe ser la de los órganos establecidos por el propio tratado, pues sino los Estados podrían desvincularse de las obligaciones internacionales bajo determinadas interpretaciones».
Disco rayado
Como ya es costumbre en él, Saltrón dedicó el grueso de su intervención a fustigar la labor de la CIDH y poner en duda su imparcialidad.
«Desde 1977 (cuando Venezuela ratificó la Convención y aceptó someterse al escrutinio de la CIDH y de la Corte) hasta el año 2000 solo se admitieron seis denuncias de violaciones de los Derechos Humanos (…) En cambio desde que se instaló el Gobierno bolivariano y socialista que no se arrodilla a Estados Unidos, el principal financista de esta Comisión, se han admitido más de 100 denuncias», criticó.
González, por su parte, respondió: «Cuando uno compara el número de casos, no solo respecto de Venezuela sino a cualquier país, que tenía la Comisión hace 20 años con los que tiene hoy, pues es como comparar la noche con el día. El sistema ha adquirido un mayor impulso a partir de la década de los 90. Ha habido un incremento de la actividad de la Comisión no solo sobre Venezuela sino sobre todos los Estados de la OEA».
Saltrón no cesó y acusó al organismo de elaborar sus informes a partir exclusivamente de informaciones aparecidas en los medios de comunicación y de las denuncias hechas por sectores adversos al Gobierno, lo cual fue negado por el comisionado, quien le recordó que el organismo le envía al Ejecutivo un cuestionario para obtener su versión y después le manda el borrador del reporte para que le haga observaciones.
«Las visitas enriquecen la información también», agregó en clara alusión al hecho de que el Ejecutivo desde 2003 viene rechazando permitirle a la CIDH ingresar al país para constatar la situación de las garantías fundamentales.
Por último, Saltrón aseguró que no quieren destruir el organismo sino lograr su perfeccionamiento, aunque advirtió que «si esta situación no mejora nos van a poner en la necesidad de tener que denunciar la Convención, porque nos están poniendo entre la espada y la pared». (Juan Francisco Alonso, El Universal, 28.03.12)
