El presidente de la República, Hugo Chávez, anunció un cambio fundamental en la legislación laboral al precisar que la reforma a la Ley del Trabajo contempla que el dinero de las prestaciones sociales de todos los trabajadores, tanto públicos como privados, será depositado en un fondo que administrará el Gobierno.
«Aquí se plantea en la Ley crear un Fondo Público de Prestaciones de Antigüedad en el cual se realizarían los depósitos de los trabajadores, tanto públicos como privados, el funcionamiento de este fondo sería establecido por una ley especial», adelantó el Presidente.
Agregó que «este Fondo podría ser usado para la construcción de viviendas y otras inversiones a favor de los trabajadores, como dice la Constitución. El trabajador podrá retirar dinero del Fondo para comprar o remodelar su vivienda, gasto de salud o educación y la totalidad al momento de terminar la relación laboral».
A solicitud de Hugo Chávez, el canciller Nicolás Maduro emitió su opinión. «Allí se está proponiendo la creación de un fondo nacional de prestaciones sociales que sería un instrumento gigantesco de ahorro nacional, de ahorro público, pero también de inversión» que también dará «seguridad a los trabajadores, que el dinero de los trabajadores esté en un lugar seguro pero además que la gran masa no sirva como pasó en 1997 para alimentar las arcas del capital financiero especulador».
La transparencia
Desde 1997 el dinero de las prestaciones de los trabajadores está colocado en la banca a manera de fideicomisos, supervisados por la Superintendencia de Bancos y bajo normas estrictas que ordenan que el dinero se invierta en instrumentos seguros, rentables y de alta liquidez.
El dinero de los fideicomisos es administrado por un departamento que funciona con una estructura organizativa separada de la institución bancaria y está obligada a presentar informes mensuales que detallen la colocación de los fondos.
Los trabajadores tienen a diario acceso a la información de cuánto tienen disponible y pueden realizar retiros de estos fideicomisos para cubrir gastos de salud, remodelación o adquisición de viviendas y en la mayoría de los bancos el trámite tarda menos de tres días y existe una gran flexibilidad en el proceso.
El saldo
Cifras de la Superintendencia de Bancos precisan que al cierre de febrero las entidades financieras administran en fideicomisos de prestaciones sociales 41 mil 924 millones de bolívares, una cantidad que al tipo de cambio oficial equivale a 9 mil 700 millones de dólares.
Hugo Chávez no precisó si la nueva Ley exigirá que se transfiera este dinero al Fondo que manejará el Gobierno o si estos recursos serán entregados a los trabajadores a manera de corte de cuenta, antes de comenzar con el nuevo sistema.
Fuentes financieras explican que si bien el sector perderá un negocio en el que ha sido eficiente, el retiro de estos recursos no representaría un problema de liquidez o rentabilidad para los bancos, pero consideran que los trabajadores podrían comenzar a tener trabas al momento de solicitar sus recursos.
«En la banca no habrá ningún tipo de impacto, las consecuencias la podrían sufrir trabajadores, sobre todo los del sector privado, que actualmente pueden retirar en poco tiempo y sin mayor burocracia el dinero de sus prestaciones sociales», dice un banquero que prefiere reservar su identidad.
El Gobierno administra actualmente el dinero que obligatoriamente se le descuenta todos los meses a los trabajadores por concepto de la Ley de Vivienda y el retiro de los recursos, para los casos en que está permitido, es bastante lento y engorroso.
Otro factor a tomar en cuenta es la preservación del poder de compra del dinero de las prestaciones sociales, en caso de que como adelantó el Presidente, se utilice para la construcción de viviendas.
Las inversiones en proyectos inmobiliarios suelen ser riesgosas, poco líquidas, y actualmente quienes compran viviendas construidas por el Estado lo hacen a través de subsidios y una tasa de interés mucho más baja que la inflación. (Víctor Salmerón, El Universal, 09.04.12)