Una serie de acontecimientos sucedidos en los últimos años donde aparecen involucrados efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército como presuntos responsables en graves violaciones a los derechos humanos debería generar preocupación en los distintos Poderes Públicos y en nuestra sociedad.
Los delitos están relacionados a torturas y ejecuciones. En algunos casos las víctimas son individuos, en otros casos son grupos de personas. Tales hechos demuestran deficiencias importantes en el seno de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana de la comprensión y compromiso de respetar los derechos humanos. La repetición de hechos nos indica que hace falta inculcar aún más en todo el componente militar conciencia de la obligación de respetar los derechos humanos y del significado que ello tiene para fortalecer la democracia y la propia institución militar.
Los casos que a continuación se señalan pueden ser confirmados en la págiba web del Ministerio Público. Hay que indicar que afortunadamente varios de ellos fueron investigados y sancionados.
El 15 de marzo de 2005, funcionarios del Ejército y la Guardia Nacional en la población de El Nula, estado Apure presuntamente asesinaron al joven de 13 años, Daniel Alfonso Neira Los funcionarios acusados son tres tenientes y un Coronel del Ejército, varios soldados y un funcionario de la Guardia,
El 22 de septiembre de 2006, en el área minera Papelón de Ori, de la población La Paragua, estado Bolívar 10 efectivos del Comando de Operaciones Especiales del Ejército, perteneciente al Teatro de operaciones N° 05 detuvieron y ejecutaron a seis mineros.
En mayo de 2008 un Teniente y Sargento del Ejército fueron acusados de dar muerte mediante tortura al soldado Jean Carlos Rondón, hecho ocurrido, en el Fuerte Militar Paramaconi, en Monagas.
Los militares fueron sentenciados a 18 años
En mayo de 2009 fueron acusados seis efectivos de la Guardia Nacional, en Lara, por homicidio calificado, uso indebido de arma de fuego y simulación de hecho punible en perjuicio de un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y de un civil
En mayo 2010 fueron privados de libertad tres efectivos de la Guardia Nacional por ser los presuntos responsables de la muerte de un taxista. Fueron acusados por los delitos de homicidio calificado, simulación de hecho punible y uso indebido de arma de guerra. La violación de derechos humanos pretendió ser ocultada simulando un enfrentamiento.
En junio 2011 fueron privados de libertad cuatro funcionarios de la Guardia Nacional, por su presunta vinculación en la muerte de un adolescente (15), ocurrida el 28 de noviembre de 2009 en la población de Arenales, estado Lara. Fueron acusados de homicidio intencional simulación de hecho punible, uso indebido de arma de fuego y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales.
En Julio 2011 fueron condenados a 30 años de prisión efectivos de la Armada acusados por incurrir en los delitos de violencia sexual y física, acto carnal contra víctima especialmente vulnerable, lesiones personales, uso indebido de arma de guerra, violación con abuso de autoridad, privación ilegitima de libertad con tratos crueles contra detenidos y violación de domicilio. Abusos todos perpetrados contra ocho indígenas Waraos
En noviembre de 2011 en el Alto Apure, efectivos del Ejército dieron muerte a 4 personas e hirieron a 3. Organizaciones campesinas denunciaron que previo al asesinato algunas personas fueron torturadas y que nunca hubo enfrentamiento. El Ministerio Público actualmente investiga el caso.
Finalmente el pasado marzo 2012 en la vereda Baritalia Del Municipio Junín del estado Táchira, efectivos del Ejército ingresaron violentamente a varias fincas aledañas al lugar donde fueron asesinados dos militares y arremetieron contra campesinos agricultores y otros habitantes. Presuntamente aplicaron tortura a varios detenidos incluyendo un adolescente y una persona con discapacidad.
Todo indica que además de la policía también hay que reformar a la Fuerza Armada Bolivariana para que a mediano plazo podamos contar con instituciones policiales y militares respetuosas de todas y todos.
