«Cuando vinieron, ellos tenían la Biblia
Y nosotros teníamos la tierra.
Y nos dijeron, cierren los ojos y recen.
Cuando abrimos los ojos,
Nosotros teníamos la Biblia
Y ellos tenían la Tierra» (Texto Mapuche).
Es muy importante para la vida buena del país, en especial para la vida de las comunidades fronterizas con Colombia, ir solucionando con alta precisión gubernamental los problemas sea cual sea su naturaleza política, asumir los conflictos de fondo que arrastramos de la Cuarta República es una tarea que solo podemos cumplir desde una práctica revolucionaria que deje a un lado los análisis tibios, pues en el Zulia el Plan Colombia está más vivo que nunca. La ultra derecha ganadera viene a calladitas intentando introducir en Machiques embriones paramilitares en la franja de tierra donde están ubicadas sus haciendas y las parcelas limítrofes con las comunidades Yukpa con la escusa del robo o autorobo casi a diario de supuestas reses, acompañando organizadamente dichos sucesos con el escándalo mediático a través de su diario La Verdad, las páginas web de las asociaciones y federaciones ganaderas del país, todas las radios y televisoras locales de la ciudad de Machiques. Esto es un pote de humo. La hipótesis presentada a continuación muestra un escenario que en los últimos años ha servido de base al discurso político que pretende ligar los intereses de las organizaciones sociales, que hemos acompañado la lucha indígena en contra de un modelo de desarrollo extractivista e irracional, con los sectores más violentos de la derecha ganadera y sus mecanismos paramilitares para aterrorizar. Ante estos hechos parece inaplazable que asumamos con valentía el deber revolucionario frente a las deudas históricas de la patria.
Es muy importante determinar qué tipo de armas usaron los asalariados ganaderos para masacrar a los jóvenes Yukpa Wilfrido y Lorenzo, si usaron estos asesinos, como se sospecha, las armas de guerra más vendidas y populares del planeta, el fusiles Avtomat Kalashnikova (AK) que recarga accionado por gas, cerrojo rotativo, de 600 disparos por minuto (automático), con un alcance efectivo de 400 metros, a una velocidad de 715 m/s y algunas de sus variables más comunes usan cartuchos 7,62 x 39 mm. No sería difícil determinar las responsabilidades individuales y colectivas, dado que son muy pocos los sectores que en la zona utilizan este tipo de armamento, sin embargo, para eso debe existir la voluntad política del Estado-gobierno de buscar la verdad, sin limitarse por la identidad de los sujetos responsables que puedan aparecer involucrados.
Existen dos tipos de vigilancias colombianas ganaderas (que no permanecen fijos en el interior de las haciendas como solían hacer hacían los Vargas en el Yaza, sino que patullan en los corredores y caminos de tierra caminando kilómetros durante las 24 horas del día) que asombrosamente conviven y se auxilia en casos especiales tal como ocurrió el pasado viernes 13 en horas de la tarde. La primera custodia la forman un grupo aproximado de 20 hombres vestidos de civiles de extracto social muy humilde, iletrados, deteriorados moralmente, en particular su atronado pequeño jefe, sin mayor preparación militar o policial, usa escopetas y pistolas, el otro grupo usa uniforme de tipo militar: entre tres a seis hombres, con pistolas y fusiles Avtomat Kalashnikova (AK). Ambos grupos los contrata y son pagados por los hacendados de la zona. Entre los ríos Yaza y Tukuko suelen reunirse en La Materita o en San Benito. El día sábado 14 dos camiones llenos de Yukpa de Kasmera, la mayoría familias de Lorenzo primo de la funcionaria del MINPI Amalia Pérez gritaban cerca del Gran Chaparral acusando al abogado Reinaldo Soto (uña y sucio del abogado de Gadema y parceleros Alfonso Chacín) de haber ordenado a los vigilantes ese día matar a su familiar. Quizás por ello la funcionaria del MINPI Amalia Pérez declaró: “El encargado del fundo, quien no quiso identificarse por temor a represalias de los indígenas, preocupado por la situación de permanencia de estos hombres dentro de los predios, decidió llamar a los dueños del ganado robado, quienes al parecer decidieron enviar al sitio a un grupo de, al menos, 30 hombres con armas largas, para impedir la salida de los animales, lo que produjo un enfrentamiento, que dejó dos yucpas muertos” (Panorama, 17/04/12 Clasificados 5).
Todo parece indicar, según cuentan en la zona que un abogado amigo común del “Loco Soto” como lo llaman en Machiques, de Amalia y Olegario Romero los “convenció” para que dejaran tranquilo a su colega Soto. Por eso se comenta en Kasmera y en todas las comunidades indígenas del Yaza que la funcionaria Pérez negoció los muertos con los hacendados. Por esto la importancia de saber qué tipo de balas se encontró en los cuerpos de los Yukpa asesinados por los dos grupos irregulares en acción. Quizás por este pacto MINPI/Gadema no se permitía la autopsia a los cadáveres como informa Panorama y La Verdad y no se acusan a los asesinos cobardes de los jóvenes cazadores Yukpa que desde lejana distancia en una loma hacían 600 disparos por minuto a una velocidad de 715 m/s, sino que se acusa a Sabino Romero Izarra y al defensor de los derechos humanos y docente de LUZ profesor Lusbi Portillo que nada tienen que ver en esta vil matanza y estos asquerosos acontecimientos. Debe salir la verdad, sea quien sea el o los culpables.
Es necesario aclarar que la hacienda el Gran Chaparral donde estaban las vacas que supuestamente no dejaban robarlas los archiarmados sicarios ganaderos a los ocho indígenas y a un niño de 9 años como asegura la funcionaria del MINPI (Panorama, 17/04/12 Clasificados 5) está abandonada por su presunto dueño el profesor Julio Berrueta desde que supo que estaba dentro del territorio Yukpa asignado en el título colectivo de tierra entregado por el Presidente Chávez el 12 de Octubre pasado en una reunión de Gran Polo Patriótico, es decir los jóvenes indígenas cazadores estaban dentro de su territorio y no en la hacienda el Gran Chaparral ni mucho menos en la parcela Los Caños, como afirma para despistar la funcionaria del MINPI Amalia Pérez en rueda de prensa bajo la autorización de la Ministra Nicia Maldonado.
Exigimos al Ministro Tareck El Aissami que ordene determinar qué tipo de armas usaron los asesinos a sueldos pagados por los ganaderos del Sector Gil Blas, que se abra una investigación de inmediato a estos ganaderos comandados por Reinaldo Soto y sus sicarios colombianos, se destituya de inmediato a la funcionaria del MINPI.
Por otra parte, lo antes descrito, está acompañado por acciones de otra naturaleza política, pero complementarias. A través de los Caciques Mayores mestizos que no viven en las comunidades indígenas el candidato Gobernador Pablo Pérez, la Primera Dama y la esposa de Manuel Rosales alcaldesa de Maracaibo, aumentan su presencia, las dadivas y jornadas civiles en la Sierra de Perijá, en especial en el Centro Piloto el Tukuko, tierra roja rojita que está a punto de perderse ya que técnicamente ha sido rescatada por los adecos/Nuevo Tiempo/Primero Justicia, todo estas acciones se realizan con el apoyo de Gadema y muy en especial con el nuevo Cacique Mayor Alfonso Iknopa que les da el visto bueno para bajar todos las poblaciones Yukpa de las altas montañas.
