El pasado 16 de abril se conoció que dos indígenas Yukpa habían sido asesinados en la sierra del Perijá estado Zulia. En las primeras informacines difundidas por organizaciones de apoyo a la lucha indígena, se divulgó que Silfrido Romero y Donal Romero Ramos habían sido asesinados por “sicarios ganaderos” de la hacienda de Reinaldo Soto con armas de guerra. “Silfrido vive más al norte, en Toromo (río Negro), pero tenía de visita entre la comunidad Chaktapa y Río Yaza, y Donal de la comunidad vecina Kasmera, familia de la funcionaria del Ministerio Indígena Amalia Pérez, Cacica Mayor del centro Piloto Kasmera”. Sin embargo, la misma nota firmada por Homoetnatura afirmaba: “Los habitantes de Chaktapa aseguran que fueron asesinados por efectivos del Ejército, que desde el 12 de Octubre del año pasado cuidan como solía hacerlo durante los tiempos de la Cuarta República los predios de unas 70 haciendas incluidas hoy dentro de los títulos otorgados entregados al pueblo Yukpa y solicitados desde el inicio del proceso de demarcación de sus tierras en el 2004”. Los “sicarios ganaderos”, de esta primera nota, eran miembros del Ejército.
En una interesante coincidencia, medios de comunicación oficialistas y opositores de la región intentaron minimizar el asesinato afirmando que los yukpas estaban robando ganado, que habían ingresado ilegalmente en fincas ganaderas y que formaban parte de un grupo minoritario que estaba azuzando provocaciones contra las autoridades de la zona. Incluso funcionarios del Ministerio de Pueblos Indígenas, en Caracas, avalan esta versión. Todos y todas se cuidaban de señalar que lo ocurrido había sido un asesinato, y que sus responsables tenían que ser sancionados.
Para aumentar el desconcierto los “defensores de los indígenas”, esos que afirman que todos los males de la Venezuela de hoy son culpa de la derecha endógena y el imperialismo, emitían comunicados sobre la situación también mediatizando los hechos. Se afirma que quienes asesinaron a los yukpa lo hicieron con fusiles de guerra Ak, y que quienes habían accionado sus gatillos lo hacían “bajo ordenes de los
ganaderos”. Si eran militares los asesinos, ¿porqué no decir que las ordenes venían desde dentro de las Fuerzas Armadas Bolivarianas? En escritos particularmente ambiguos, denunciaban también la presencia de paramilitarismo en la zona, del ex candidato Pablo Perez y del partido Primero Justicia. Todo esto seguramente es verdad, pero lo medular de la denuncia –el asesinato de dos yukpas por miembros del Ejército (o con armas de guerra vendidas por el ejército)- se ahogaba en un mar de necedades. En año electoral hay que denunciar… a medias.
Todas las evidencias apuntan que las arbitrariedades de los ganaderos son amparadas tanto por el gobierno regional y nacional, como por las Fuerzas Armadas. Habría que preguntarse cuantos generales son latifundistas de la zona, y cuantos se benefician del tráfico de todo tipo de cosas a través de la Sierra del Perijá. La responsabilidad de los asesinatos, tanto por el estancamiento de la demarcación, son responsabilidad del gobierno nacional. Y mientras no se recuerde que la situación de los indígenas es consecuencia de la existencia de minerales e hidrocarburos en sus tierras, de la primacía del modelo de exportación primario energético sobre cualquier otra consideración, humana o ambiental, no se estará tocando el problema estructural que condena al exterminio la cultura y los asentamientos indígenas en el país. (Carmen Aguilar, Laclase.info, 23.04.12)
