El anunció del gobierno de retirar a Venezuela del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos le hace un gran daño al país. Son muchos los efectos negativos pero en esta ocasión voy a insistir en uno por las repercusiones económicas, sociales y políticas: Ahora será más difícil que el país ingrese como integrante pleno del Mercosur.
Ingresar al Bloque Regional sería muy positivo para Venezuela pues abre un conjunto de posibilidades en diversos aspectos y acerca aún más a los pueblos de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay con el pueblo venezolano. Por esa razón hemos cuestionado los obstáculos que primero puso el parlamento brasileño y desde hace varios años el parlamento paraguayo para impedir el ingreso de Venezuela. En 2009 tuvimos la oportunidad de fijar esta posición directamente ante el senado paraguayo.
Pero la realidad es que el parlamento de Paraguay se niega a dar su voto favorable argumento que el gobierno de Venezuela no respeta los principios democráticos que rigen la dinámica política de dicho proceso de integración y actúa de manera contraria a las políticas establecidas para fortalecer los derechos humanos.
Hay que precisar que en el año 2006 el presidente Chávez suscribió la Declaración Sobre Derechos Humanos de los Presidentes del Mercosur y Estados Asociados. En Esa Declaración los presidentes expresaron que: “Reafirman su adhesión a los principios de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre aprobada en Bogotá en 1948, y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos suscripta en San José de Costa Rica en 1969, y su compromiso de continuar con el proceso de fortalecimiento y perfeccionamiento de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”
Paradójicamente desde que el presidente Chávez firmó dicho compromiso el gobierno arreció la campaña contra el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ahora cuando plantea la posibilidad de denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos y no someterse a la jurisdicción de la Corte y las recomendaciones de la Comisión actúa de manera contraria al espíritu de los gobiernos del Mercosur.
El Presidente con el apoyo de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscal General y la Defensora del Pueblo atentan contra los intereses del país. Y su conducta obstaculiza la posibilidad que obtengamos muchos beneficios.
Y además atentan contra los más humildes. Son ellos quienes en Venezuela viene presentando casos en la Comisión y la Corte para exigir justicia: Víctimas de El Amparo, de El Caracazo, del Retén de Catia, Desaparecidos de Vargas, Jubilados de VIASA, Jubilados de la CANTV, Jubilados del Ministerio de educación, los presos comunes de más ocho cárceles abarrotadas de pobres sometidos a vivir en condiciones indignas. La historia hará responsables a dichos funcionarios del perjuicio causado al país en lo económico y social y del causado a los más pobres en su derecho a la justicia.
