Venezuela no ha sido el único país que ha intentado promover su salida de los mecanismos establecidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) para la defensa de la dignidad humana en la región. Tanto la Corte como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han sido blanco de ataques en diferentes momentos de su trayectoria. Sin embargo, al conocer motivaciones y compañeros de ruta, es indefendible formar parte de la lista.
En 2007, después de siete años que el Estado salvadoreño había sido sentenciado por la CIDH por el asesinato de monseñor Oscar Arnulfo Romero y las presiones para cumplir con sus recomendaciones aumentaban, su presidente Antonio Saca realizó diligencias para retirar al país de la CADH.
Según documentos difundidos a posteriori, la gota que derramó el vaso fue la exigencia de retirar el monumento al fundador del partido Arena Roberto d’Aubuisson, autor intelectual del asesinato de Romero según la Comisión de la Verdad, del municipio de Antiguo Cuscatlán. Otra recomendación realizada por la CIDH, que preocupaba a muchos funcionarios militares del país era la derogación de la Ley de Amnistía que otorgaba impunidad a los crímenes estatales ejecutados durante la guerra civil.
Con el argumento que esta petición suponía un “peligro para el país”, una “violación a su soberanía” y la implosión de los acuerdos que habían permitido la pacificación del país, el gobierno salvadoreño promovió diferentes delegaciones para intentar revertir la sentencia y amenazar con la potencial salida del país de la CIDH.
Antes de esa iniciativa, fue Alberto Fujimori quien desde Perú enfiló sus baterías contra la CIDH. El conflicto latente ganó intensidad tras dos decisiones en las que se ordenaba al país que anulara condenas a civiles realizadas por tribunales militares, promovidas sin respeto a las garantías de debido proceso. Fujimori, a pesar de las críticas emanadas desde la CIDH, había cumplido hasta el año 1998 con sus recomendaciones. En 1997, por ejemplo, liberó a María Elena Loayza Tamayo, una profesora universitaria acusada con endebles pruebas de terrorismo. Pero para 1999 la Corte falló que los juicios militares realizados en el Perú violaban la CADH, por lo que una condena contra cuatros civiles de nacionalidad chilena -acusados de pertenecer a Tupac Amaru- debía anularse y remitirse a la justicia ordinaria. El “chino”, como era conocido el mandatario peruano, exacerbó el nacionalismo de sus seguidores y, tras una campaña de desprestigio realizada por los medios de comunicación controlados por Vladimiro Montesinos, anunció que las decisiones de la CIDH eran “inejecutables” en el país. De esta manera Fujimori comenzó el procedimiento para refutar la CADH, y de esta manera formalizar su salida de la OEA y sus competencias. Un año después el Perú tenía un nuevo presidente, cuyo primer anuncio fue restituir todas las competencias de la CIDH en el país.
Sin embargo la sombra del fujimorismo aún se mantiene sobre el antiguo territorio inca. Como segunda fuerza política del país, sus tentáculos continúan, hasta el día de hoy, rechazando las decisiones de la CIDH. Recientemente Roberto Chiabra, ex ministro de la Defensa entre los años 2003-2005, llamó a desconocer a la CIDH tras su decisión que el Estado peruano debía iniciar un proceso judicial en contra de los comandos del operativo “Chavín de Huántar”, el grupo militar que retomó la embajada de Japón en Lima, a manos del MRTA en abril de 1997. El órgano internacional de protección consideró que se ejecutó extrajudicialmente a tres miembros del grupo guerrillero después que se habían rendido. “¿Por qué se ha hecho la demanda? ¿Qué cosa incumplió el Estado? ¿No hizo acaso un juicio en el fuero militar a los comandos? Lo que cuestiona la comisión es la estructura orgánica de nuestro país. El sistema Jurídico. Fue la Corte Suprema de nuestro país, que de manera democrática decidió enviar el caso al fuero militar”, declaró Chiabra.
En otro caso el diputado por el Partido Popular Cristiano, Juan Carlos Eguren, desarrolló argumentos que después serían utilizados por venezolanos. Tras conocer que Mónica Feria Tinta, quien denunció ante la CIDH violaciones y torturas por parte de agentes de seguridad peruanos en 1992, aseguró que esta demanda era producto de “un gran negocio nacional e internacional que trafica con el tema de los derechos humanos (…) Es el principal negocio de las ONG que patrocinan (estos casos) a cambio de pagos con éxito. Es un negocio, una mafia, un tráfico de la materia”, señaló.
El desconocimiento de Fujimori a la CIDH se hizo casi paralelamente al de Trinidad y Tobago, quien también había anunciado su decisión de rechazar la CADH tras varios fallos de la Corte, en donde ordenaba al país adoptar medidas provisionales en varios casos sentenciados a pena de muerte.
Estos son los enemigos de una instancia como la CIDH.
