La última versión del Proyecto de Ley de Desarme y Control de Armas y Municiones se mantiene en secreto. Sin embargo se han filtrado parte de las modificaciones que aún continúan haciéndose a lo que será la versión que entrará a segunda discusión en la Asamblea Nacional
Nada más vergonzoso para la democracia el que un tema fundamental para el país como el de esta ley se mantenga en secreto, de espaldas a los ciudadanos, a la espera de pasar a una segunda discusión en la que será aprobado con la mayoría del voto oficialista en el Parlamento.
Y lo más grave, me temo, es que se aprobarán artículos que perversamente buscan desarmar a un sector de la población para armar a otro que se asuma afecto a la Revolución.
Varios aspectos deben denunciarse desde ya en torno a este proyecto de ley: Se sustraen competencias a la Fuerza Armada Nacional sobre las 11 funciones que la Constitución de la Republica Bolivariana le asigna en su artículo 324, de manera taxativa y en exclusividad sobre la fabricación, importación, exportación, almacenamiento, tránsito, registro, control, inspección, comercio, posesión y uso de armas, municiones y explosivos; para compartirlas con el Ministerio del Poder Popular para la Relaciones Interiores, y más grave aún, con consejos comunales.
Se prevé en este proyecto de ley que por razones de seguridad pública o de interés nacional, el Ejecutivo podrá declarar zonas geográficas especiales bajo restricción y prohibición de licencias de porte de armas de fuego, por el tiempo que considere conveniente».
¿A que obedecerá el interés nacional que esgrima el Presidente de la República en un momento dado? ¿Cuánto tiempo podrá dura esta medida? ¿Qué criterios serán tomados en cuenta para determinar las zonas geográficas especiales?
La discrecionalidad será la respuesta, pues la ley no dibuja parámetros, en un país donde el Jefe de Estado desde su discurso público y comunicacional ha llegado a satanizar grupos de la sociedad por su ubicación en sectores geográficos determinados de la ciudad capital.
El país debe estar atento a este proyecto de ley, que en medio de una campaña electoral será exhibido como un logro de la revolución. Nada más alejado de la verdad.
Un gobierno que en trece años de mandato no es capaz de exhibir datos sobre la producción e importación de armas y municiones, que no puede determinar cuántas personas han sido autorizadas a portar armas legales, que no tiene la menor idea de los faltantes en los parques de armas de la Fuerza Armada Nacional, la policía nacional, las policías estadales, la policías municipales y otros órganos de seguridad ciudadana, difícilmente puede convencer que ahora si hará su trabajo gracias a la aprobación de una ley.
Por lo pronto, debería explicar las razones por las cuales la Ley del Desarme vigente desde el 20 de agosto de 2002 no ha podido cumplirla. Toca estar atentos a esta ley fundamental en el control o incentivo de la violencia estructural que ha sido sembrada en esta última década en Venezuela.
