El presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de la Ciudad, el Campo y el Mar, Wills Rangel anunció desde Ginebra en la 101 conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que le propondrá al gobierno que se retire de dicha instancia internacional. Nada de extrañar de un dirigente sindical de conocida afiliación al gobierno.
Lo que tal propuesta refleja es la existencia de sectores en el gobierno y dirigentes políticos afectos que no desean ninguna supervisión internacional en materia de derechos humanos. Rechazan sin ningún análisis cualquier crítica que se realice al Estado venezolano. Afirman además que la labor de las organizaciones internacionales vulnera la soberanía del país.
Esos mismos sectores, sin embargo, contradiciendo el discurso de soberanía con frecuencia proponen que se creen otras instancias internacionales en UNASUR o en la alianza Alba. Es decir, instituciones igualmente supranacionales. ¿Y la soberanía?
Sin embargo, cuando se analizan las razones por las cuáles rechazan a organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o a la OIT no son otras que las observaciones y recomendaciones que tales organismos realizan al Estado venezolano por violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país. Recomendaciones que solo pretenden contribuir a mejorar situaciones donde hay déficit o riesgos de repetición.
Y si esa es la razón, nos preguntamos cuál será la actitud frente a nuevas instituciones internacionales que se pudieran crear si cuestionaran al gobierno de Venezuela por omisiones o actos que vulneren la dignidad de las personas. ¿Se empezarían satanizar?
Descalificar los organismos internacionales de protección de derechos humanos y peor aún abandonar esas instancias no es una posición adecuada pues entre otros factores han sido creadas con mucho esfuerzo y jugado un papel fundamental para la protección de muchas personas y para desarrollar políticas públicas a favor de los más excluidos.
¿Qué tales organismos tienen deficiencias? Compartimos que las tienen y que deben superarse. ¿Qué cometen errores? Sin duda también los cometen. Pero lo que debe hacer un gobierno que reivindica la democracia, el combate a la exclusión y la dignificación de la persona, es contribuir a que mejoren, a que sean más eficientes.
Por ello afirmamos que más que unirse a gobiernos que quieren destruir las instancias internacionales de protección, el gobierno venezolano y su dirigencia política deberían sumarse a los esfuerzos de países como Argentina, Costa Rica y Uruguay para nombrar solo tres que sin dejar de reconocer deficiencias apuestan al fortalecimiento.
Ojalá haya suficientes voces sensatas dentro del gobierno que no le hagan eco a propuestas como la de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de la Ciudad, el Campo y el Mar de retirar a Venezuela de la OIT porque por ese camino con un discurso aparentemente a favor de los más excluidos se termina afectando a los más pobres
