El pasado 13 de junio, se informó al país que la fábrica de fusiles Kalashnikov Ak-103 en Venezuela, uno de las dimensiones de los acuerdos económicos con Rusia, presentaba un adelanto del 60%, según fue difundido por la agencia estatal de noticias tras declaraciones del coronel de la aviación Carlos Cortizo Fernández. El modelo AK-103 que se fabricará en el país según tecnología rusa es una variante del AK-47, y según informó Fernández en Venezuela será denominado “Catatumbo”, del cual serán fabricados 25 mil fusiles y 60 millones de cartuchos al año. Este anuncio profundiza la tendencia venezolana de alta erogación en armamento de los últimos años y contradice el discurso oficial acerca de la promoción de políticas de desarme. La existencia de una carrera armamentista en el país constituye, además, una potencial violación de derechos humanos.
Gastos militares contra gastos sociales. Según los datos del Instituto de Investigaciones para la Paz de Estocolmo, SIPRI por sus siglas en inglés, durante el año 2011 Venezuela fue el país de América Latina que más dinero gastó en armamentos, una cifra de 560 millones al año, seguido por Chile (323 millones de dólares) y Brasil (266 millones de dólares). Por otra parte cuando se realiza el análisis del presupuesto 2012, el Ministerio de la Defensa es la cuarta institución que más recibe dinero para su funcionamiento, una cifra de 4.953.261.652 Bs, muy por encima de la mayoría de ministerios que deberían garantizar los derechos sociales. Por ejemplo las Fuerzas Armadas recibieron 17 veces más que lo destinado al Ministerio de Cultura, 32 veces más que lo destinado a la Juventud, 53 veces más que lo destinado a la Mujer y 113 veces más que lo destinado al Ministerio de Pueblos Indígenas. Un ejecutivo preocupado por las necesidades de las mayorías desfavorecidas debería priorizar el gasto en salud, vivienda, educación y trabajo por encima de la compra de equipos para la guerra.
Desarme y derechos humanos. Según el informe de Amnistía Internacional para la campaña “Armas bajo control”, el fusil Kalashnikov, nombre dado a los fusiles de la familia AK, es el “arma para matar preferida en el mundo”. Citamos: “Se calcula que existen entre 50 y 70 millones de ellos repartidos a lo largo y ancho de los cinco continentes. Soldados, combatientes y miembros de bandas los utilizan cada día para causar un sufrimiento inmensurable en muchos países. La proliferación de estas armas continúa, sin que los gobiernos pongan apenas restricciones para evitar que caigan en manos irresponsables y constituyan una amenaza para la vida y la seguridad de millones de personas. Hoy más que nunca, el rifle Kalashnikov se ha convertido en el arma preferida por muchos ejércitos, milicias, bandas armadas, cuerpos de seguridad, rebeldes y otros actores privados que violan derechos humanos fundamentales y operan al margen de los parámetros del Derecho Internacional Humanitario establecido por las Convenciones de Ginebra y otras leyes internacionales”. El alto gasto en la adquisición y fabricación de armamentos es una negación en los hechos del discurso propagandístico acerca de la promoción de políticas de desarme en el país. Hay que resaltar que esta fábrica de AK en Venezuela es la única de Latinoamérica.
Socialismo y militarización. La progresiva militarización del país antagoniza con la supuesta construcción de un proyecto socialista de tipo humanista en el país. Entre los años 2000 y 2009 Rusia ha sido, por encima de Estados Unidos, el mayor país vendedor de armas a Latinoamérica, siendo precisamente Venezuela su mayor comprador, por una cifra de 2.068 millones de dólares. El gobierno ha justificado estas adquisiciones sugiriendo que, al no ser de Estados Unidos, este armamento sería de naturaleza “benigna” y “antiimperialista”. Sin embargo el armamento fabricado por las compañías estatales rusas es responsable de miles de muertes de civiles en conflictos desarrollados en el mundo entero. Un ejemplo lo constituye la invasión Rusa a Chechenia, realizada entre los años 1994 y 2009, las cuales ocasionaron alrededor de 35.000 muertos entre la población civil, un alto porcentaje como producto de los disparos de kalashnikov. Ante la inexistencia de conflictos armados reales contra otros países, ¿Cuál será el destino de los 25 mil fusiles y 60 millones de cartuchos que fabricaremos al año?, ¿el tráfico de armas internacional?, ¿la represión contra las protestas en el país?
Las organizaciones sociales y populares del país debemos cuestionar el desarrollo de la carrera armamentista, la progresiva militarización del país y la perniciosa definición de la “defensa de la soberanía” basada en la forma de pensar castrense. La mayor desestabilización vivida en Venezuela es la existencia de altos índices de pobreza y exclusión, y la injusta distribución de la riqueza generadora de todas las violencias. Por ello hay que exigir más y mejor gasto para el disfrute de los derechos humanos, y ningún bolívar más en artefactos para la guerra.
(*) Coordinador del Área de Investigación de Provea
www.derechos.org.ve
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