El pasado 12 de junio la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura. ¿Cuál ha sido su realidad en Venezuela? Un buen resumen lo ofrece el Informe 2011 Un mundo de tortura, realizado por Acción de Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT), división Francia. A continuación, un resumen de alguno de sus resultados.
El recurso a la tortura sigue siendo común dentro de las fuerzas de seguridad del Estado, la policía y el ejército. En términos generales, las ONG denuncian la falta de transparencia y comunicación de los funcionarios de la Defensoría del Pueblo, el órgano encargado de promover y garantizar los derechos humanos.
En 2008 no obstante, esta oficina indicó que 87 de las 2 mil 197 quejas presentadas por la integridad física y moral de los ataques cometidos por agentes de seguridad, implican actos de tortura contra 78 en 2007. Según el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) se observó un aumento significativo en los casos presentados entre octubre de 2009 y septiembre de 2010, incluyendo los casos de 10 víctimas que murieron durante o después de los actos de tortura. Mientras tanto, la ONG Red de Apoyo por la Justicia y la Paz ha registrado 16 casos de tortura durante el primer semestre de 2011, es decir, 243 desde enero de 2003.
La mayoría de las víctimas son hombres jóvenes (entre 18 y 38 años de edad), que vienen de las clases más desfavorecidas de la sociedad. Son los estudiantes (18 por ciento), trabajadores (14 por ciento), personas que tienen un empleo a corto plazo (10 por ciento), comerciantes y amas de casa (6 por ciento).
En un contexto de criminalización de la pobreza, los ciudadanos se ven como fuentes potenciales de ser vistos como delincuentes y con pocas probabilidades de presentar quejas por el uso excesivo de la fuerza. En menor medida, algunas personas corren el riesgo de ser maltratados y torturados por sus preferencias sexuales.
Las principales víctimas de la tortura y los malos tratos son prisioneros. De acuerdo con las cifras proporcionadas en noviembre de 2009 por Observatorio Venezolano de Prisiones al Comité de Naciones Unidas contra la Tortura, la población carcelaria aumentó a 32 mil 820, incluyendo 22 mil 328 en detención temporal (es decir 68 por ciento de los reclusos), en contra de una capacidad de retención nominal de 12 mil reclusos. Privaciones ilegales de la libertad y las transferencias arbitrarias, que forman el núcleo de los métodos de investigación, son el preludio de asalto. En 2010, el Comité Contra la Tortura expresó su preocupación por el número de reclusos (2,2 por ciento) que murieron como consecuencia de la violencia. En 2010, 352 presos murieron y 736 resultaron heridas. Esta brutalidad se debe a los “pranes”, quienes son los líderes y quienes se han apoderado de las cárceles. También se debe al resultado de la falta de intervención o de la intervención violenta del personal de la cárcel.
A finales de 2007, Venezuela tenía cerca de 70 mil policías -contra 40 mil en 1990- y 457 agentes de seguridad por cada 100 mil habitantes, mientras que el promedio de los llamados “países del Sur” tienen 350.
En 2009, el Consejo General de la Policía incluyó a 141 agencias de seguridad: 24 fuerzas policiales del Estado, 110 policías municipales, dos fuerzas nacionales de policía (judicial y política), cuatro unidades de la Fuerza Armada Nacional, y una Dirección de los Servicios de Prevención (Disip). Al mismo tiempo, el ministro del Poder Popular del Interior y Justicia, Tarek El Aissami, admitió que “en Venezuela, el 20 por ciento de los delitos son cometidos por la propia policía”.
Miembros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) son quienes recurren con más frecuencia a la tortura como método de investigación. El Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), la Guardia Nacional Bolivariana (GBN), las fuerzas policiales del Estado, entre las que destaca la Policía Metropolitana (PM) de la capital, Caracas, y el Equipo de Reacción Inmediata de Custodios Penitenciarios (Ericp) también están acusados de actos de tortura.
Además, 50 por ciento de los 141 cuerpos de seguridad ya se han involucrado en tratos crueles, inhumanos y degradantes. Esta violencia de la policía se debe a la escasa capacitación de los agentes (apenas 3,6 por ciento de ellos son entrenados y 70 por ciento no tienen ningún procedimiento manual), a la ausencia de coordinación del desarrollo en las unidades policiales, a la falta de medidas de prevención del delito, y en políticas autoritarias por el aumento de la inseguridad.
Generalmente los derechos humanos se violan en la vida cotidiana, bien sea en la calle o en la casa. Las víctimas son torturadas por la policía y los militares en los lugares de estos cuerpos de seguridad. La mayoría de estos abusos se producen en la capital, donde existe una alta tasa de criminalidad. Los estados Miranda, Zulia, Carabobo, Lara, Apure y Bolívar también se encuentran afectados. (Rafel Uzcátegui, Correo del Caroní, 25.06.12)
