El Examen Periódico Universal (EPU) al que fue sometido el Estado venezolano en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) dejó en evidencia varias cosas. Me parece pertinente resaltar tres problemas debatidos: la ausencia de una plena libertad de expresión, la falta de independencia en el Poder Judicial y la precariedad que enfrentan los defensores de derechos humanos en Venezuela.
La evaluación del EPU constituye un hito ya que tanto actores de la sociedad civil como otros gobiernos pudieron hacer sus observaciones. El EP, en ese sentido, es tanto resultado como proceso. Por esta significación volvemos sobre el asunto.
Ante estos tres problemas en materia de derechos humanos, que son asuntos de fondo, la actitud del Estado fue sistemática para rechazar las recomendaciones que le hicieran diversos países. Repasemos algunos de estos aspectos que se debatieron en Ginebra.
El gobierno de Hugo Chávez rechazó la recomendación de Eslovenia de «cumplir las obligaciones internacionales en justicia y libertad de expresión, e implementar las recomendaciones, resoluciones y decisiones del sistema regional e internacional de protección de derechos humanos».
Los representantes venezolanos en el Consejo de Derechos Humanos rechazaron la sugerencia de Canadá de «modificar la legislación actual respecto a los medios de comunicación para eliminar la criminalización por desacato, difamación o calumnia en la línea de los estándares de los derechos humanos».
En esa misma dirección, descartaron seguir el consejo de Noruega de «modificar el Código Penal y el Código Orgánico Militar, eliminando los crímenes por desacato y vilipendio». Debe decirse que dichas figuras otorgan mayor protección a los funcionarios ante la crítica pública.
Bélgica recomendó directamente «cumplir con los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos según lo establecido en el artículo 23 de la Constitución de Venezuela». Canadá le pidió al gobierno de Chávez «trabajar para asegurar la independencia del Poder Judicial».
Idéntica solicitud hizo Suiza. La independencia judicial también fue una recomendación del Reino Unido y de Australia que expresamente sugirieron «procedimientos independientes, de selección abierta y transparente, basada en el mérito para los jueces y fiscales».
Alemania y Francia también insistieron en recomendaciones para que funcione de forma autónoma la justicia en Venezuela. Israel vinculó los dos problemas, libertad de expresión e independencia judicial, al sostener que debía abolirse en Venezuela «la práctica de utilizar el sistema judicial para silenciar a los críticos del gobierno».
Francia y Alemania pidieron que el gobierno de Hugo Chávez renovara «su compromiso con la libertad de expresión». Hasta Indonesia, un cercano socio de Venezuela en el seno de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), recomendó a las autoridades de nuestro país «intensificar sus esfuerzos por garantizar la libertad de expresión así como la seguridad de los periodistas en el país».
Australia planteó la necesidad de «garantizar acceso oportuno y efectivo a la información gubernamental». La República Checa, entretanto, apuntó el tercer gran problema ante el cual el gobierno de Hugo Chávez descartó oír las recomendaciones internacionales.
Se trata del trabajo de los defensores de derechos humanos y en general de las organizaciones de la sociedad civil. Los representantes checos en el seno del Consejo de Derechos Humanos le recomendaron al Estado venezolano «apoyar el trabajo independiente de las organizaciones no gubernamentales y crear una estrategia para defender a los activistas de derechos humanos».
Francia amplió el punto al plantear que las autoridades de Venezuela deberían «reiterar públicamente su apoyo a defensores de derechos humanos y generar el ambiente en el que puedan trabajar libremente». En esa misma dirección apuntó Eslovaquia, mientras que Canadá enfáticamente pidió que se permita el acceso a financiamiento internacional para los defensores de derechos humanos.
No puede dejarse pasar como significativo el siguiente aspecto: el rechazo del gobierno de Venezuela a las recomendaciones precisamente en estos puntos. No nos podemos llamar a engaños, tal postura habla de la falta de compromiso genuino del gobierno venezolano con los derechos humanos.
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