Justicia, justicia, gritaban a viva voz frente a la sede de la Fiscalía del Ministerio Público. En medio de la manifestación, lágrimas y gestos de indignación se dejaron ver por parte de quienes exigen justicia.

En la capital bolivarense madres, padres, tías, hermanas de las presuntas víctimas muertas a tiros en manos de funcionarios policiales se concentraron en las instalaciones del edificio sede del Ministerio Público para exigir respuestas y evitar que casos de ajusticiamiento y abuso de poder queden bajo el manto de la impunidad. 

“¿Cómo puede una persona enfrentarse a otra y tiene los disparos en la espalda?”, cuestiona Aníbal Hernández, responsable del Comité de Víctimas por Ajusticiamientos Policiales sobre uno de los 20 casos que tienen en su registro. Ante la sede del Ministerio Público en Ciudad Bolívar fueron familiares de fallecidos para exigir justicia

Olga Salazar, hermana de Pedro Fermenal, asesinado el pasado 19 de junio luego de salir de una entidad bancaria en el Paseo Orinoco, señaló que han pasado más de 20 días y aún ningún organismo judicial se ha pronunciado para resolver “este vil asesinato cometido por policías del centro de coordinación Catedral”.

Salazar comentó que aún mantiene vivo el recuerdo de cómo su hermano fue asesinado de manera brutal ante los ojos de muchos testigos. “Mi hermano después de salir de la entidad bancaria se dirigió a un comercio de electrodomésticos, donde llegaron unos delincuentes y lo robaron. Rápido salió a la calle a pedir ayuda; cuando se encuentra con un policía motorizada a quien le pide ayuda, (…) luego apareció en una casa ajusticiado”.

“Mi hermano suplicó por su vida, diciendo que era un hermano cristiano”, dijo Salazar, quien asegura que quienes atracaron y mataron a su pariente fueron los mismos policías, a quienes había reconocido como sus asaltantes. Agregó que con la misma arma de fuego con que lo atracaron lo mataron, “cambiándole la Biblia por una pistola que le pusieron”.

Fanny Salazar, también familiar de Pedro Fermenal, y quien además -asegura- fue testigo del hecho, advirtió la necesidad de depurar la Policía del estado, pues, aseguró que “los delincuentes son los mismos policías”. Denunció que han sido objeto de amenazas del organismo policial por acudir a la Fiscalía de Derechos Fundamentales, por lo que elevarán sus denuncias al ente central en Caracas.

Más de 20 casos de ajusticiamiento

El responsable del Comité de Víctimas por Ajusticiamientos Policiales, Aníbal Hernández, informó que acudirán a instancias superiores para consignar las denuncias correspondientes, apuntando a la responsabilidad directa que tiene el gobernador y el comandante de la PEB. 

Subrayó que “no nos queda más que denunciar la actuación del gobernador y del general Fuentes Manzulli ante la Fiscalía General de la República”. Hernández afirmó que en la mayoría de los casos existen plenas evidencias que se tratan de ajusticiamientos, en parte a la trayectoria disparos y la distancia en que fueron efectuados”.

Destacó el caso de Cristian Rodríguez, asesinado hace tres años de siete disparos. Todos en la espalda. “¿Cómo puede una persona enfrentarse a otra y tiene los disparos en la espalda?”, cuestiona Hernández. También señaló el caso de Jehison Gómez, cuyo delito “fue aceptar una cola de un policía, para aparecer muerto después”.

El Comité de Víctimas tiene en su haber unos 20 casos por ejecución y exceso policial desde 2010, sin que existan respuestas al respecto. Hernández agregó que sólo piden se haga justicia, y que no reine la impunidad, en estos casos donde hay más de 30 imputados, y ningún condenado. 

Para el abogado César Hernández se han cometido algunos “errores” por parte del Ministerio Público al momento de iniciar la investigación, y acotó que pareciera no existir “voluntad” para llegar a la verdad de los hechos, y se determine la culpabilidad de los funcionarios involucrados en estos hechos.

Subrayó que en muchas de las causas “no se ha determinado si hubo o no enfrentamiento, o abuso de poder de la fuerza policial. Sin embargo, agregó que existen elementos suficientes que determinan la presencia de exceso policial. Dijo que algo que preocupa es que el comandante de la PEB defiende con vehemencia a los funcionarios implicados en estos casos, convirtiéndose en cómplice de estos homicidios”.

Minutos después, un grupo de parientes fue recibido por el fiscal superior del estado Bolívar, Israel Pérez, a quien hicieron entrega de un escrito. (Carolina Maffia, Correo del Caroní, 26.07.12)

Durante el período comprendido entre octubre de 2010 y septiembre de 2011, Provea registró un total de 116 denuncias de casos de violaciones al derecho a la integridad personal, con un saldo de 247 víctimas individualmente contabilizadas. Informe Anual de Provea octubre 2010 – septiembre 2011

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