Para Marino Alvarado, director del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), la decisión del presidente Hugo Chávez de retirarse de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), significará “una mayor desprotección para las víctimas” en Venezuela.
En exclusiva para Primicias24.com el también Abogado ucevista y defensor de los Derechos Humanos, explicó en nuestra sala de redacción que el Gobierno ha levantado tres argumentos falsos y fácilmente desmontables para justificar “su errónea decisión” de retirarse de parte del sistema interamericano.
Detalló que no se trata ya de un planteamiento únicamente del Gobierno, sino que lo han convertido en un “planteamiento de Estado, porque está ratificado por la Fiscal General, la Defensora del Pueblo, el Tribunal Supremo de Justicia, entre otros”.
Las tres mentiras del Gobierno
Marino Alvarado hace una radiografía de los argumentos expuestos por el Ejecutivo, y encuentra que el primer argumento respecto a que la Corte “es un instrumento al servicio de los intereses del imperialismo, es falso, ya que la Corte ha permitido que no queden impunes casos graves de violaciones a los DDHH como las desapariciones forzadas en Argentina, Uruguay y en Brasil”.
Para Alvarado, la Comisión y la Corte jugaron un papel muy importante para el restablecimiento de la democracia en Perú; la Comisión y la Corte han protegido la vida de los activistas de DDHH en Colombia con diversas medidas; también han contribuido a desarrollar políticas públicas en materia de DDHH que se ha traducido en leyes contra la impunidad y para garantizar diversos derechos como la libertad de expresión, sindical, el debido proceso, entre otros.
Señala que “decir que la Corte y la Comisión están al servicio del Imperialismo porque tiene sede en Washington” es un argumento “baladí”.
El segundo argumento que describe Alvarado es el que la Comisión y la Corte se la tienen dedicada a Venezuela. “Esto es totalmente falso”, dice, porque aunque antes del presidente Chávez habían sólo seis casos, algo parecido a todos los países del continente, sucede porque se comenzó a usar más el sistema en esta época. Sin embargo, “en 2011 ingresaron cerca de 3 mil peticiones a la Corte, y de esos casos, solo cuarenta y tantos son de Venezuela”.
El director de Provea explica que “somos el octavo país en denuncias; en primer lugar está México, Perú, Argentina, Guatemala, Colombia, entre otros. Esto demuestra que no es cierto que se la tenga dedicada a Venezuela”.
El tercer argumento que desmonta el abogado, es el de “afirmar que desde el punto de vista político que estos organismos violentan la soberanía”. Alvarado señala que “esto es absurdo ya que son convenios internacionales que están planteados para todo el mundo y es una línea internacional de promoción y defensa de los DDHH”.
Acusa a este discurso de soberanía de ser “incoherente” porque mientras levanta el discurso de soberanía frente a los DDHH, “no lo levanta cuando firma convenios con China, Irán y otros, comprometiendo la soberanía mucho más”.
Adicionalmente, Marino Alvarado explica que ahora con el ingreso al Mercosur y las condiciones del Consejo del Mercosur, las decisiones son de carácter obligatorio para los países miembros. Explica que en el artículo 153 de nuestra propia Constitución se establece que las normas de los convenios de integración prevalecen sobre las Leyes venezolanas. Entonces se interroga: “¿Qué hará el gobierno cuando hayan decisiones en el Mercosur, contrarias a las Leyes venezolanas?”. Para Alvarado, haber ingresado al Mercosur “supone ceder parte de la soberanía, entonces, aquel discurso sobre la soberanía, solo en materia de DDHH es incoherente”.
Casos Cantaura, Yumare y El Amparo
El defensor de los DDHH recordó que en enero del año 2010, la Corte realizó una audiencia en la que el Estado venezolano reconoció que no se habían adelantado las investigaciones. En dicha audiencia, Germán Saltrón se comprometió con lo que la Corte ordenó respecto a la entrega, en junio de 2010, de un cronograma detallado de la investigación, conjuntamente con las víctimas y familiares. “Aún en 2012 no se ha entregado”.
Recordó que la Fiscal General jamás hace referencia a la masacre de El Amparo. Por qué uno de los casos más emblemáticos es obviado, porque en ese caso están comprometidos varios altos dirigentes del actual PSUV. Uno de los autores intelectuales de esta masacre es Rodríguez Chacín, ex ministro del interior y vicepresidente del PSUV actualmente, y con él, varios autores materiales.
En el caso de la Masacre de Cantaura no fue llevado a la Comisión ni a la Corte, pero está en trámites en los tribunales venezolanos. En este caso, Alvarado reconoce que la Fiscal General ha hecho un esfuerzo por adelantar este caso, pero hay un trato discriminatorio a las víctimas y familiares, ya que a las víctimas que no se identifican con el presidente Chávez no las convocan a la investigación, y si se quiere hacer justicia no puede haber discriminación.
En este caso, es grave la contradicción del gobierno ya que tiene entre sus diputados actuales a la Asamblea Nacional a uno de los autores materiales de esta masacre, el diputado Roger Cordero Lara, quien fue “excusado” por el Vicepresidente Elías Jaua como un hombre que estaba “obedeciendo órdenes”, y esto es un planteamiento muy peligroso y delicado, ya que bajo esta excusa se exculparía a miles de militares que desaparecieron y asesinaron a miles de víctimas en toda Latinoamérica.
Para Provea, si el gobierno es consecuente con la Ley contra los crímenes de la cuarta república que acaba de aprobar, “debería meter presos a Roger Cordero Lara, Rodríguez Chacín y muchos otros funcionarios del propio gobierno, y procurar el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de Cordero Lara en particular”, señala Alvarado.
Recordó que Rodríguez Chacín también fue investigado por los casos de los llamados “amparitos” en los que fueron asesinados 42 venezolanos bajo el mando y ejecución de este personaje.
Por otra parte, el Abogado explicó que incluso habiéndonos salido de la CIDH, todos los casos que están en curso siguen vigentes, y todos los que ingresen en este año deberán ser acatados por Venezuela mientras esperamos que se haga efectiva la renuncia al sistema de DDHH, ya que “la Ley nunca es retroactiva”.
Para el director de Provea, el gobierno de Hugo Chávez está “enredado” porque aún cuando puede salirse de la Corte Interamericana, no puede hacerlo de la Comisión Interamericana ya que esta comisión pertenece a la OEA, y para su retiro, Venezuela tendría que retirarse del sistema completo, de la propia OEA, algo que para Alvarado está “negado por los momentos” para el Gobierno venezolano.
Caso Jorge Rodríguez padre
Respecto a las declaraciones que diera el Alcalde Jorge Rodríguez respecto al asesinato de su padre y el no pronunciamiento de la Corte, Alvarado considera que “decir eso es incorrecto. La Comisión y la Corte se han pronunciado sobre casi todos los casos que han tenido en sus manos. El caso de Jorge Rodríguez no ha tenido pronunciamiento porque no se llevó a esta Comisión, y no se llevó porque no existían en ese momento organizaciones sólidas de DDHH en Venezuela. Las pocas organizaciones que se acercaban al tema de los DDHH eran las organizaciones en defensa de la libertad de los presos políticos, y las de los partidos de izquierda, que no tenían el mayor conocimiento de que existía este sistema, y no usaban el sistema interamericano”.
Finalizó recordando que “también tenemos el caso de la masacre de El Amparo, que fue llevado como caso por Provea y ha tenido una respuesta por parte del sistema interamericano. Cuando comenzó a usarse el sistema porque los activistas o individualidades lo usaron, comenzaron a haber pronunciamientos. En el caso de Argentina, no se había usado este sistema, y cuando se comienza a usar, hubo fuertes pronunciamientos”. (Jesús Hermoso, Primicias24, 27.07.12)
