El gobierno de Hugo Chávez tiene un enredo jurídico. Esa es la razón por la cual no ha podido tomar una decisión que en la práctica desvincule a Venezuela del sistema interamericano de protección de derechos humanos e impida que se monitoree la situación de esos derechos en el país. Es la hipótesis del coordinador general de Provea, Marino Alvarado, ante los reiterados anuncios del Ejecutivo nacional, que unas veces amenaza con retirar al Estado venezolano de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (la última vez que dijo que lo haría fue hace 90 días) y otras con sacarlo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (como aseveró el martes en cadena de radio y televisión).
«Parece que el Gobierno está empeñado en que no se conozca la realidad del país en materia de derechos humanos», señaló Alvarado.
Aunque camuflado con un discurso presidencial enfocado hacia los más necesitados, para Alvarado lo cierto es que serán los pobres los más afectados con la salida de Venezuela de cualquiera de esos dos organismos, o de ambos.
«Sacar a Venezuela de la Comisión o de la Corte alentará que se violen más los derechos humanos, y los más vulnerables son siempre los más pobres», aseveró.
–¿Cuáles son las consecuencias de la salida de Venezuela de la CIDH o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
–La principal consecuencia es que la imagen del Gobierno en el ámbito internacional continuaría deteriorándose porque la orientación general de los gobiernos democráticos en el mundo es permitir que los organismos internacionales monitoreen la situación de los derechos humanos. Cuando un país se rehúsa al monitoreo es porque intenta ocultar realidades graves. En el caso de Venezuela hay varias situaciones graves: el problema carcelario, los policías que siguen torturando y ejecutando personas, y las desapariciones forzadas, por ejemplo.
–¿Los venezolanos quedarán en indefensión en materia de derechos humanos?
–Los venezolanos están desprotegidos desde hace mucho tiempo porque las instituciones responden al Ejecutivo nacional. Tenemos un Tribunal Supremo de Justicia en el que es prácticamente imposible ganarle un juicio al Estado en materia de responsabilidad por violaciones de los derechos humanos. Tenemos una Defensoría del Pueblo complaciente con el Gobierno y acrítica frente a la situación general de derechos humanos en el país. Tenemos un Ministerio Público bastante plegado a los criterios políticos del Presidente, lo que genera que haya casos que no se investigan porque están comprometidos funcionarios del Estado venezolano. Entonces, en general, hay una situación de desprotección.
–¿Y en el ámbito internacional quedarían desprotegidos?
–Las víctimas quedan más desprotegidas, aunque aún contarán con instancias internacionales que pueden usar, como la Organización de Naciones Unidas, pero lo cierto es que quienes salen más afectados frente a estas políticas del Gobierno son los pobres porque siempre son los más vulnerables. Estadísticamente está demostrado que son los más pobres los que tienen mayores violaciones de los derechos humanos, y ahora van a tener más dificultades para acceder a organismos internacionales de protección.
–¿Los pobres serán los únicos afectados?
–Afectados son todos los venezolanos, pero los pobres son los que saldrán peor.
–¿Qué pueden hacer los venezolanos que consideren que sus derechos humanos han sido violados?
–Eso depende de la decisión que tome el Gobierno.
Si denuncia la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los venezolanos quedarían sin la posibilidad de acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, se podrían utilizar los mecanismos que ofrece el sistema universal de Naciones Unidas o los que se creen en el seno de los sistemas de integración en la región.
–¿Cómo es el procedimiento ante la ONU?
–Dependiendo de cuál derecho humano se haya violado, deberán acudir al organismo de la ONU que sea competente, pero en la ONU el proceso es más complejo y costoso.
–¿Por qué?
–Porque no es lo mismo el sistema interamericano, cuyos integrantes conocen muchísimo mejor la realidad de nuestros países, que un ente internacional que tiene que monitorear y recibir denuncias de más de 150 países.
Además, no es lo mismo viajar a Costa Rica a la Corte Interamericana, que a Ginebra, que es donde está la ONU.
–¿Las ONG tienen un plan B para seguir defendiendo los derechos humanos en Venezuela?
–No, seguimos con nuestras mismas políticas de asistir a las víctimas en Venezuela, a pesar de que el Poder Judicial no es independiente, y seguiremos usando los mecanismos de la ONU en la medida en que sea posible.
–¿Cuál es el objetivo que persigue el Gobierno con estos anuncios?
–En el fondo lo que hay es el deseo del Gobierno de no ser monitoreado en materia de derechos humanos, lo que además es un deseo imposible.
–¿Por qué?
–Porque entre más se empeña un gobierno en que no se vigile la situación de derechos humanos en su país, mayor énfasis colocan los organismos internacionales, debido a que se entiende que hay un mayor riesgo para la población. Lo que va a generar este tipo de política del Gobierno es que organismos internacionales como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Amnistía Internacional y la Unión Europea, por ejemplo, le pongan más el ojo a Venezuela.
–¿Este retiro genera algún beneficio para Venezuela?
–Absolutamente ninguno.
Lo que ocurre es que quienes están en el Gobierno piensan que todo el tiempo serán gobierno. Ojalá que algunas de estas personas que hoy son altos funcionario públicos no tengan que acudir al sistema interamericano, porque ellos pueden ser oposición y pueden ser perseguidos, como se demostró en el golpe de Estado de 2002. (Diana Lozano Perafán, El Nacional, 29.07.12)
