Pese a que restan 48 horas para que el presidente Hugo Chávez suscriba en Brasil la adhesión definitiva de Venezuela al Mercado Común del Sur (Mercosur), al desempolvar su amenaza de que retirará al país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el mandatario ha logrado violar al menos tres normas del bloque regional del que todavía no es miembro.
En primer lugar el Jefe del Estado desconoce el contenido del Protocolo de Asunción sobre Derechos Humanos aprobado en 2005 y en el cual los miembros de pleno de derecho del grupo (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) así como Chile y Bolivia reafirmaron su «compromiso con los principios y normas contenidas en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos».
La Convención es el instrumento que crea y regula al tribunal con sede en San José (Costa Rica) y al cual el Ejecutivo tiene previsto «denunciar en los próximos días» para escapar a la supervisión del organismo internacional.
Una eventual salida de Venezuela de la Corte continental también sería incompatible con el Acuerdo sobre Cooperación para la Protección de los Derechos de Niños y Adolescentes entre los miembros del Mercosur y sus socios, también conocido como decisión 25/08, el cual Venezuela suscribió y en el que se comprometió a respetar el contenido del texto del que hoy quiere desentenderse.
Asimismo la materialización del anuncio presidencial supondría un desacato a las acuerdos suscritos por las Altas Autoridades en Derechos Humanos de Mercosur en mayo de 2005, entre las cuales destaca el compromiso de «consolidar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos».
En esa ocasión los miembros del grupo igualmente decidieron «impulsar consensos en cuestiones vinculadas con el incremento efectivo y adecuado de los recursos económicos asignados a los órganos del sistema; así como en el intercambio de experiencias y mejores prácticas para el cumplimiento de sentencias y recomendaciones de la Corte (…) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos».
Y, por si fuera poco, declararon que «la implementación de las decisiones de los órganos del Sistema Interamericano constituye uno de los más importantes mecanismos para garantizar la plena vigencia de los derechos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y el fortalecimiento del Estado de Derecho en nuestra región».
A estos documentos que tienen valor legal entre los países del Mercosur habría que sumarle la declaración que el presidente Chávez suscribió, junto a sus colegas del grupo, en diciembre de 2005 y en la que reafirmó su «adhesión a los principios (…) de la Convención Americana de Derechos Humanos suscrita en San José en 1969» e igualmente dio su palabra de que «continuar(ía) con el proceso de fortalecimiento y perfeccionamiento de la Comisión y de la Corte».
Mal augurio
Para el coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, el que a días de que Venezuela ingrese al Mercosur el Gobierno vuelva con sus amenazas de salirse del tribunal continental no es la mejor carta de presentación.
«Venezuela está entrando con el pie al grupo, porque va en contra de las normativas que ha dictado el bloque en materia de Derechos Humanos y está contrariando el espíritu del mismo, el cual tradicionalmente ha buscado tener buenas relaciones con los órganos del Sistema», afirmó.
Aunque descartó que las palabras del mandatario puedan terminar demorando, aún más, la incorporación del país a Mercosur auguró que esto terminará provocándole problemas.
«No habría que extrañarse que desde los parlamentos de los miembros del bloque se hagan llamados y exhortos y que organizaciones civiles comiencen a movilizarse», dijo.
A cambiar la Constitución
Para el catedrático de Derechos Humanos, Fernando Fernández, la salida del país de la Corte Interamericana no se puede lograr ni siquiera con una reforma a la Constitución, sino que se necesitaría dictar una nueva Carta Magna.
«Habría que convocar una nueva Constituyente, porque el asunto que se está proponiendo es tan profundo y trascendental que no se puede decidir con una reforma ni con un referendo», afirmó, al tiempo que agregó: «Habría que eliminar todo el título relacionado con los Derechos Humanos».
El jurista aseveró que el constituyente de 1999 fue muy sabio al darle rango constitucional a los tratados de Derechos Humanos como la Convención Americana, pues así aseguró que los ciudadanos pudieran defender sus derechos y demandar su reparación aún cuando no hubiera leyes nacionales.
SORPRESA EN COSTA RICA Y EEUU
De piedra. Así se quedaron en San José (Costa Rica) y Washington (Estados Unidos), sedes de la Corte y de la Comisión interamericanas de Derechos Humanos, al enterarse de que el presidente Hugo Chávez desempolvó su amenaza de retirar al país de la jurisdicción del juzgado continental.
El mandatario tomó la decisión como represalia por el fallo del tribunal internacional en el que se condenó al Estado por el trato que le dio a Raúl Peña Díaz, acusado de participar en los atentados contra la Embajada de España y el Consulado de Colombia en Caracas.
«Yo creo que no leyeron la sentencia completa o no la entendieron bien, porque la Corte le dio a Venezuela prácticamente la razón en todo», afirmó una fuente de la Comisión, quien se mostró sorprendida por la reacción del mandatario.
Ciertamente en el fallo se desechan buena parte de los señalamientos contra el Estado, tales como violación a los derechos a no ser detenido ilegalmente, a ser juzgado en un tiempo razonable, a ser escuchado y a ser informado sobre el motivo de su detención; y se afirma que la víctima no agotó los recursos internos.
Precisamente esta última razón es la que esgrimió el magistrado chileno Eduardo Vio Grossi para votar en contra del dictamen. En su voto disidente el jurista considera que la demanda de la CIDH ha debido ser desechada íntegramente.
En predios de la Corte también sorprendió la reacción del Presidente, pues «poco faltó para que este hubiera sido el primer caso que Venezuela hubiera ganado. Sin embargo, la defensa venezolana, como en otros casos, ha sido mala, pero a pesar de esto la sentencia es sumamente moderada si se le compara con otras anteriores».
Esos mismos informantes reconocieron que los miembros del tribunal están siendo cuidadosos a la hora de analizar los casos relacionados con Venezuela, pues «no quieren dar ningún motivo para que el país se retire».
No obstante, los confidentes reconocieron que esto es difícil, porque «Chávez ha estado buscando desde hace tiempo un motivo para salirse y parece que lo halló».
El Universal domingo 29 de julio de 2012
