La reacción de los países de América latina a los quiebres democráticos de Honduras y Paraguay son evidencia del progreso que ha tenido la región en la defensa colectiva de gobiernos elegidos democráticamente.
Estas respuestas eran impensables hace décadas atrás y han logrado que América latina goce del período más largo de gobiernos democráticamente elegidos.
Estos éxitos se han logrado gracias al desarrollo de instituciones regionales y subregionales que han hecho de la democracia una condición “indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región”, como establece el Preámbulo de la Carta Democrática Interamericana de la OEA. Unasur y Mercosur también aprobaron cláusulas democráticas que crean mecanismos de consulta y sanciones cuando se produce un quiebre democrático.
Sin perjuicio de los defectos de estos mecanismos, que en la práctica no siempre han respondido debidamente a las graves situaciones que han puesto en riesgo las democracias, es indudable que en términos generales han permitido mecanismos de consulta y de respuesta inmediata para aislar a los países que abandonan la senda democrática , evitando que las rupturas democráticas se consoliden y proliferen. Luego de doscientos años de independencia, pareciera que la región ha logrado frenar el péndulo que durante 200 años osciló entre democracias y dictaduras .
El concepto de soberanía y el principio de “no intervención en los asuntos internos” siempre usado como excusa para avasallar la democracia y violar los derechos humanos, encontró en las organizaciones regionales y subregionales un mecanismo para atravesar el muro de la falsa soberanía y permitir la defensa colectiva de la democracia.
Este extraordinario avance de garantía colectiva, sin precedentes a nivel mundial, sin embargo no ha prosperado con la misma madurez cuando el objeto de protección son los derechos humanos . A pesar de la trágica historia de nuestra región en materia de derechos humanos, los gobiernos aún no están dispuestos a denunciar a otros gobiernos por violaciones a los derechos humanos que ocurran bajo gobiernos elegidos democráticamente. Pareciera ser que la elección por votación popular es un sello que habilita nuevamente el principio de no intervención y soberanía nacional como barrera para no permitir la defensa internacional de los derechos humanos.
No es necesario dar ejemplos de cómo en la historia de la humanidad gobiernos elegidos por el voto popular han violado masiva y sistemáticamente los derechos humanos de sus habitantes.
El reciente anuncio del presidente Chávez de retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su política de rechazo a las decisiones y supervisión de organizaciones internacionales independientes es una mala señal para la defensa colectiva de los derechos humanos . La Comisión y la Corte Interamericanas han sido por más de cinco décadas el principal pilar interamericano para la defensa de los derechos humanos y el Estado de derecho. Son muchos los ejemplos sobre los importantes cambios producidos en los países de la región, facilitados por la Comisión y la Corte Interamericanas: visitas y denuncias bajo las dictaduras, derogación de las leyes de desacato, aprobación de leyes de acceso a la información, apertura de juicios a militares por violaciones a los derechos humanos, reformas de la justicia militar, entrega de tierras a pueblos indígenas, sanción de leyes e implementación de políticas públicas contra la violencia doméstica, etc.
Los países de América latina, como garantes colectivos del sistema interamericano de derechos humanos, deben actuar de forma inequívoca para evitar que el anunciado retiro se concrete . El ingreso pleno de Venezuela al Mercosur, más parecido a una novela venezolana con engaños, traiciones y amoríos, que a los procedimientos formales y protocolares de nuestras democracias, crea un poderoso polo político y comercial mundial. Los países miembros del Mercosur no deben permitir tener un socio que abandone el sistema regional negando la protección a millones de venezolanos y que tampoco permite el mismo nivel de supervisión internacional que tienen los demás miembros. El liderazgo mundial debe ir acompañado de la defensa de los derechos humanos.
Los otros socios plenos tienen una historia y un presente en derechos humanos que no pueden ignorar . Mirar hacia otro lado y aceptar a Venezuela sin buscar modificar las condiciones actuales es un retroceso en la protección universal de los derechos humanos. Argentina, Brasil y Uruguay tienen la palabra. (Santiago Canton, Clarín, 06.08.12)
