El artículo 80 de nuestra Constitución señala «el Estado está obligado a respetar su dignidad humana (de los adultos mayores) y les garantizará atención integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida«. Pero al voltear y hurgar en la realidad, vemos que en algunos casos, el derecho a la seguridad social se vulnera.
Durante la semana las organizaciones sociales estuvimos movilizadas por la tragedia en la Refinería de Amuay en el estado Falcón, que dejó como resultado 42 muertos y 132 heridos. Aunado a esto las denuncias de varias ONG que defienden los derechos de nuestros hermanos indígenas sobre la masacre de 80 Yanomamis en la comunidad Irotatheri del municipio Alto Orinoco estado Amazonas; nos mantenemos al tanto de conocer la versión oficial definitiva de los hechos.
Como vigilantes de lo que sucede en el país, no dejamos de lado a otros venezolanos y venezolanas que piden que sus derechos sean respetados. Es el caso de un grupo de jubilados de la Electricidad de Caracas, actualmente Corpoelec (Corporación Eléctrica Nacional), que marcharon el martes 28.08.12 hasta la sede de la estatal eléctrica en San Bernardino, Caracas, para exigir que le sean cancelados sus pagos.
El presidente de la Asociación de Jubilados de Corpoelec, Pedro Boll, expresó a Provea que la empresa estatal no cumple con las condiciones establecidas en el contrato colectivo ni con los planes de jubilación. Así pues, cansados de reunirse en varias ocasiones con los representantes de la Corporación Eléctrica y no obtener resultado alguno, los jubilados decidieron salir a la calle y manifestar frente a la sede de Corpoelec para que les respondan por lo adeudado.
De acuerdo a lo indicado por Boll llevan reuniéndose desde hace un año con los funcionarios de Corpoelec para que se haga el ajuste de pensión. Y aseguró que son 1.560 los jubilados afectados. (Prensa Provea, 01.09.12)
