Es necesario desmentir categóricamente la farsa desatada por el sindicato oficialista. La Dirección Ejecutiva de Magistratura (DEM) acordó otorgar un ajuste salarial de forma UNILATERAL y electorera, insuficiente, mal implementado y caóticamente distribuido. Lo acaban de pagar en agosto 2012.
Como toda decisión del patrono, no fue acordado con ningún sindicato y menos con el sindicato oficialista. Recordamos que el 09 de Junio de 2005 se firmó el II contrato colectivo y el 15 de Junio del 2007 se venció. Desde entonces han transcurrido 5 largos años sin que se haya discutido la III convención colectiva de condiciones de trabajo. En esas circunstancias, para que un sindicato reivindique como suyo el “logro” de un aumento en el Poder Judicial, debería demostrar que, primero llegó a un acuerdo con la DEM y segundo, que la DEM cumplió ese acuerdo.
En el caso de este ajuste salarial, tal acuerdo no existe. Veamos el motivo: Francisco Ramos (Director de la DEM), suscribió un acta con las 3 organizaciones sindicales constituidas, el 9 de abril de 2008, donde convino pagar en una sola oportunidad la cantidad de 11.000,00 Bs al personal activo y 9.000,00 Bs a los pensionados y jubilados, dizque por concepto de aumento salarial adeudado y posponer la discusión contractual hasta 2009. Ese dinero también se canceló a Jueces y personal de alto nivel, aunque están fuera del ámbito de cobertura del contrato colectivo y a pesar de que los jueces, que son representantes del patrono, tienen prohibición constitucional expresa de organizarse sindicalmente. Entre 2008 y 2009, el mismo Ramos le cambió el carácter a ese pago y contradictoriamente lo llamó “bono” y “aumento adelantado”…
Por la burla que esta trampa significó para la clase trabajadora tribunalicia, SUONTRAJ denunció a Ramos ante el “Poder” “Moral” (aún se desconoce el resultado de la investigación). En venganza la DEM destituyó más de 9 directivos de esa organización sindical, por exigir la discusión de la convención colectiva pendiente desde 2007.
Este recuento demuestra que un “acta” firmada con la actual Directiva de la DEM, no implica reconocimiento de obligaciones laborales. Aquí se viola los derechos de la clase trabajadora y se incumplen los compromisos adquiridos. La DEM NO ejecutaría acuerdos alcanzados con un sindicato oficialista conducido por militantes del partido de gobierno. Así ha pasado en SIDOR y PDVSA. Los tribunales no son distintos. Denunciamos que el acta suscrita entre la DEM y el sindicato oficialista, NUNCA fue homologada por el Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social, ni contó JAMAS con el estudio económico aprobatorio emanado del Ministerio de Finanzas. La verdad es que teníamos años sin ajuste salarial y pagaron un dinero para comprar votos.
Con un simple montón de bolívares -como si fuésemos indigentes-, Francisco Ramos, la DEM y su sindicato oficialista, pretenden lavar su récord olímpico de incumplimientos durante los últimos 5 años, los innumerables vejámenes que sufrimos día a día y los arbitrarios e inhumanos despidos. Ramos piensa que olvidaremos el terrorismo y acoso laborales a los que nos sometieron por pensar distinto al PSUV. Con ese dinerito se quiere esconder el retroceso general en las condiciones laborales de la clase trabajadora tribunalicia, pues además de la inseguridad que caracteriza a las sedes tribunalicias, se incumple la LOPCYMAT e ingresamos a la estadística nacional como sector de alto riesgo laboral por la cantidad y frecuencia de accidentes, enfermedades y muertes que se producen en los tribunales del país.
Francisco Ramos cree que con 5.000,00 Bs., que es el monto promedio general que pagó a finales de agosto, va a producir una amnesia masiva y que no recordaremos la extensión forzada y forzosa del horario de trabajo sin pago de horas extras, el desconocimiento a los derechos adquiridos durante años de luchas y el descarado incumplimiento de las cláusulas de la convención colectiva vigente (que está vencida pero no ha sido sustituida ni derogada), tales como los 132 días adicionales de aguinaldo, el seguro de hospitalización, cirugía y maternidad, la obligación de tramitar los reposos médicos sin alcabalas discriminatorias y el derecho a tomar las vacaciones cuando las necesitamos.
La DEM, su Director y su sindicato oficialista, subestiman a las trabajadoras y trabajadores tribunalicios jubilados y pensionados, que en un número superior a las 6.000 personas en todo el país, somos humillados hasta la saciedad con un pago trimestral del miserable “bono salud” (250 Bs al mes). En muchos casos, aún hay deudas de las prestaciones sociales de 2009, 2010 y 2011. Desde el 9 de abril de 2010 cuando nos envió la policía nacional y nos colocó barricadas en la sede de la DEM de Caracas, aún Ramos no nos ha recibido para dialogar.
El patrono y su sindicato, desconocieron los principios constitucionales de unidad y solidaridad clasista, como el derecho a la organización sindical y a la libertad sindical. 1, 2, 3, 9, 11… más de 18 dirigentes sindicales de casi todas las tendencias del pensamiento y en la mayoría de los sindicatos, fueron despedidos, jubilados a la fuerza, acosados y sometidos a un lento pero sistemático proceso de asesinato moral. Miles de trabajadores siguen contratados (tercerizados) en el Poder Judicial, esperando la “bondad” de algún jefecillo que le regale la titularidad, ya que concursos de ingreso no hay desde siempre. Todo ello, habla por sí sólo de la inmensa retaliación política desatada por el patrono en el Poder Judicial, sus identificables ejecutores materiales y autores intelectuales ubicados en las Direcciones Administrativas Regionales y en muchos Circuitos Judiciales. En todos los casos, esta retaliación cuenta con los mejores cómplices: los silenciosos y complacientes militantes del PSUV que tienen cargos burocráticos en SINTRAT. ¿Qué familia tribunalicia olvidará el 7 de octubre esta historia? El “aumentico” no tapa ese recuerdo!
Cuando el 1er. contrato colectivo se firmó (un año antes de las elecciones de 1998), el contexto inflacionario se ubicó por encima del 100% y en 1997 obtuvimos un incremento del 103,2%. El 2º contrato colectivo, que se firmó en un contexto inflacionario del 14.36%, tuvo un aumento salarial del 25% retroactivo al 1º de enero de 2005, más un 20% pagadero al 1º de enero de 2006. En ambas convenciones colectivas, gracias a la fuerza de la clase trabajadora tribunalicia, se compensó la pérdida del poder adquisitivo del salario.
Desde la trampa del año 2008 no habíamos tenido ningún otro bono-aumento-ajuste y por eso, acumulamos una pérdida de nuestro poder adquisitivo equivalente a la suma de la inflación por año transcurrido. 2009: 25,10%, 2010: 27,20%, 2011: 27,60%, 2012 (6 meses): 7,50%. Lo que implica un 87,4% de inflación sin haber recibido mejoras salariales. De allí que el pírrico aumento del 30%, 20% o 10% que nos pagaron, no nos permita compensar el déficit salarial que arrastramos. Si a ello agregamos que en todos esos años el salario mínimo sí aumentó, igual que subió la U.T., es fácil concluir que este dinerito es menos que un pañito caliente. Quizá alcance para pagar una parte de las deudas acumuladas. Pero además, ¿en qué grado estabas? ¿Cuándo te cambiaron de grado y por qué? El aumento, ¿está considerando si tienes o no prima al mérito? De la respuesta a estas simples preguntas, depende conocer la razón por la que a unas personas les abonaron un monto y a otras, otro monto. Sin embargo, eso no se sabe. Para explicar el caos generado por estos pagos basta mencionar que el cargo de archivista no desapareció, sino que ahora está en grado 6, unificado con los alguaciles de municipio y los asistentes judiciales, quienes también pasaron a ese grado. Se trata de un aumento que modificó el tabulador, sin cambiar el manual de cargos.
Llamamos a todos las trabajadoras y trabajadores activos a mantenerse alertas frente a esta nueva estafa patronal y a organizar la lucha por nuestro III contrato colectivo, única vía para enderezar los entuertos de la DEM y su sindicato oficialista. Llamamos a las trabajadoras y trabajadores pensionados y jubilados a organizarse a nivel nacional para la defensa articulada de los derechos adquiridos.
