«Nosotros somos testigos. La explosión quemó la comunidad, por eso voló (el shabono, la gran choza). Vimos cuerpos, restos quemados de personas». Venezuela conoció este martes las primeras palabras de Swapori, uno de los yanomamis de la supuesta matanza del 5 de julioen la comunidad Irotatheri. Testimonio realizado ante los micrófonos de Radio Chamánica, de Puerto Ayacucho, que contradice la teoría oficial del Gobierno de Chávez, que niega de forma insistente que se haya producido tal masacre en el Alto Orinoco venezolano.
El testimonio directo del indígena prestó aún más fuerza al comunicado conjunto de los colectivos indígenas Horonami (integrada por comunidades yanomamis), Coordinadora de Organizaciones Indígenas de Amazonas y el Consejo Nacional Indio de Venezuela, en el que exigen a las autoridades que lleguen hasta el lugar de la matanza para contrastar la denuncia. «La comisión no llegó al Shapono de Irotatheri, razón por la cual no pueden decir que no hallaron ninguna evidencia».
Las organizaciones «hacen voto por el respeto al derecho a la vida y por el control» a las agresiones violenta de los garimpeiros, mineros ilegales llegados desde Brasil.
Un verdadero vendaval se ha levantado contra el oficialismo en plena campaña electoral. Incluso Marino Alvarado, director de la organización Provea y uno de los grandes defensores de los derechos humanos del país, disparó un torpedo político a los ministros de Chávez: «¡Se parecen tanto a ellos! (en referencia a los antiguos dirigentes del país, en la denominada IV República tan criticada por Chávez). Al igual que en 1993, el Gobierno pretende sin menor investigación negar masacre contra yanomamis».
Una de las grandes incógnitas que sigue abierta es qué pasó con los cuerpos de las víctimas. La tradición Yanomami ordena que los cuerpos sean quemados y sus cenizas, entregadas a las familias. Pero en este caso, «como los muertos son varios, nadie pudo quedarse con las cenizas. Tampoco fue posible la fiesta (funeral)», añadió el superviviente Swapori.
Luisa Ortega, fiscal general del Estado, fue la encargada de mantener la versión oficialista en las últimas horas. «He designado un equipo que lleva días investigando y no ha encontrado nada que compruebe que esto haya ocurrido», afirmó. No obstante, calificó de «irresponsables» a los que habían dado a conocer la noticia. (Daniel Lozano, El Mundo.es, 05.09.12)
