El 1 de septiembre de 1939 el ejército alemán invadió Polonia y comenzó lo que se conoce como la segunda guerra mundial. El 11 de septiembre de 1973 se produjo el golpe de estado contra Salvador Allende en Chile y ese mismo día, pero en 2001, una serie de atentados en Nueva York y otras ciudades de Estados Unidos, acabó con la vida de miles de personas. En todos los casos mencionados, seleccionados de una manera azarosa, hubo indiscutibles violaciones a los derechos humanos. Algunas de ellas fueron sancionadas por la justicia internacional.
Lo que quedó demostrado en varias de estas situaciones, es que resultaron insuficientes los sistemas de justicia de los países involucrados, para determinar la responsabilidad de los Estados y sus gobiernos, sancionar a los victimarios y decidir una justa reparación a los daños causados a las víctimas de los desmanes cometidos.
Históricamente se ha comprobado que desde el derecho a la vida y a la libertad personal, hasta el derecho a la salud, al ambiente sano, al trabajo digno y a la vivienda adecuada, pasando por el derecho a la integridad personal, a la manifestación pacífica y la seguridad personal, el derecho a la libre expresión, el acceso a la información y el derecho a una justicia expedita, requieren de los sistemas internacionales de protección.
Estos mecanismos universales y regionales se erigen como garantes del cumplimiento de los derechos humanos por parte de los Estados y permiten a las víctimas alcanzar justicia y reparación, cuando fallan los recursos internos y sistemas de administración de justicia en los países. A estos esquemas de monitoreo mundial y a esta concepción de la justicia internacional se han subrogado, desde el siglo XX, la mayoría de los Estados del planeta que conforman las Naciones Unidas y asumen la declaración universal de los derechos humanos.
Recordar que en septiembre de 1939 comenzó la cruenta conflagración europea, cuyas millones de víctimas están presentes entre las líneas de la declaración universal de los derechos humanos, y rememorar que también en el mes de septiembre tuvieron lugar al menos otros 2 tenebrosos hechos de inhumanidad en el continente americano, nos llama a la reflexión al analizar la fecha escogida por el canciller Nicolás Maduro para denunciar la Convención Americana de los Derechos Humanos (CADH)…
¿Por qué el canciller, a nombre del gobierno nacional, denunció la CADH el 10 de septiembre de 2012? ¿Acaso Nicolás olvidó el dolor y las lágrimas del pueblo de Chile, Latinoamérica y del mundo aquel 11 de septiembre de 1973? ¿Es casual seleccionar una fecha próxima a conmemoración de los atentados del 11 de septiembre de 2001? O más bien, ¿sería que se enervaron sus ánimos ante la razonable insistencia de investigar la presunta masacre de Yanomamis, en un país dominado por la impunidad? Tal vez la amnesia o el desconocimiento de la verdadera historia de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, afectaron nuevamente a todo el Ejecutivo Nacional.
En cualquier caso, Nicolás, septiembre es el peor mes del calendario en materia de derechos humanos, si consideramos el juego al que lo somete como lapso de tiempo, la historia universal contemporánea del siglo XX y de las primeras 2 décadas del XXI.
No se olvidará fácilmente que un canciller venezolano, ex trabajador del transporte subterráneo, ex sindicalista, ex parlamentario y sedicente defensor de la causa de los desposeídos, actuando como representante de una supuesta “soberanía” nacional, puso la primera piedra para edificar la salida de Venezuela de uno de los sistemas de protección internacional de los derechos humanos. “Más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas…”, como dijo Allende.
María Esperanza Hermida Moreno
Coordinadora de Exigibilidad – PROVEA
