(Caracas, 27.09.12). Organizaciones no gubernamentales y activistas de derechos humanos introdujeron hoy ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia una acción popular de nulidad por inconstitucionalidad en contra de la denuncia realizada por el Estado venezolano a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La impugnación se fundamenta en la violación por parte del Gobierno Nacional de las normas y principios constitucionales relativos a la jerarquía y supremacía constitucional de los tratados sobre derechos humanos, el derecho de petición internacional para el amparo de los derechos humanos, los requisitos y límites constitucionales de los estados de excepción, los derechos humanos como principio rector de las relaciones internacionales del Estado Venezolano y la progresividad de los derechos humanos, consagrados en los artículos 23, 333, 339, 31, 152 y 19, respectivamente, de la Constitución.
Organizaciones y activistas afirman que tienen el deber de continuar defendiendo el derecho de las víctimas de violaciones de los derechos humanos a alcanzar justicia tanto en instancias nacionales como internacionales. Reafirman que la medida del gobierno afecta a los sectores más pobres de la población siempre más vulnerables y con mayores dificultades para acceder a los órganos de administración de justicia. Indican que seguirán en la defensa de todo espacio legal que permita enfrentar la impunidad y favorecer la vigencia de los derechos para todas y todos.
El grupo de activistas de derechos humanos y organizaciones solicitaron que se acuerde de inmediato una medida cautelar para que dicha acción gubernamental quede sin efecto. Asimismo, solicitan a la Sala Constitucional del TSJ que:
1. Declare su competencia para conocer del caso, reconozca legitimación de los solicitantes y admita el recurso, dándole el curso procedimental previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
2. Declare la nulidad, por razones de inconstitucionalidad, del acto gubernamental de denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
3. Solicite al Ejecutivo Nacional, que en virtud del principio de colaboración de los poderes públicos establecido en el artículo 136 de la Constitución, proceda de inmediato a comunicar al Secretario General de la Organización de Estados Americanos la sentencia definitiva que declare la nulidad por inconstitucionalidad de la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La acción de incostitucionalidad fue suscrita por las siguientes organizaciones de derechos humanos:
Acción Ciudadana contra el Sida
Acción Solidaria
Caritas Venezuela Civilis Derechos Humanos
Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (Cofavic)
Comité de Familiares de las Víctimas de Atropellos Policiales y Militares del Estado Anzoátegui (Cofivanz)
Convite A.C.
Espacio Público
Justicia y Paz Aragua
Observatorio Venezolano de Prisiones
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de la Arquidiósesis de Caracas
y por las siguientes personas víctimas y/o defensoras de derechos humanos: Alejandra Iriarte, Antonio Puppio, Aura Rosa Liscano, Carlos Ayala Corao, Carlos Correa, Damarys Rangel, Eduin Moyura, Edward Pérez, Ely Rafael Tovar, Feliciano Reyna, Francisco Carvallo, Francisco Guerrero, Genessis Martínez, Hilda Rosa Páez, Humberto Prado, Inocenta del Valle Marín, Irina de la Chiquinquirá Prieto, Isolda Heredia de Salvatierra, Jesús María Casal, José Gregorio Guarenas, Kairin Yohanet Peñaloza, Ligia Bolívar, Liliana Ortega, Luis Francisco Cabeza, Luis Manuel Aguilera, Luis Manuel Guevara Prato, Marco Ponce, María Da Silva Dos Santos, Marianela Sánchez Ortíz, Marino Alvarado, Maritza Romero Castro, Natassja Palmiomiotto, Oswaldo Cali, Pedro Nikken, Rafael Chavero, Raul Arturo Herrera León, Roberto Luckert León, William Jiménez Gavira, Yris del Valle Medina.
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