Desde el año 1989 Provea comenzó a elaborar el Informe Anual sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela con el objetivo de ofrecer una herramienta a las comunidades organizadas para la exigencia de derechos, mediante un diagnóstico de los avances, retrocesos y estancamientos de las políticas públicas en la materia. Siendo un trabajo novedoso en el país, su equipo promotor aprendió sobre la marcha el cómo enfrentar un proceso de levantamiento de información teniendo como norte los derechos humanos, desarrollando con el tiempo los elementos que debían ser tomados en cuenta y comparados, llamados indicadores, en sintonía con los estándares internacionales desarrollados por el sistema internacional de protección. A fuerza de constancia, el Informe Anual de Provea comenzó a ser una referencia como un informe alternativo sobre la situación del país, ofreciendo informaciones para el entendimiento de la evolución del país en los diferentes aspectos que garantizan la dignidad humana. Además, Provea ha compartido su experiencia con organizaciones populares regionales, en el entendimiento que mientras más información de relevancia exista, más enfocada se encontrará la fotografía del país para que las organizaciones comunitarias puedan presionar a las autoridades sobre las principales falencias.
Sin embargo, esta relación entre conocimiento y toma de decisiones a nivel político no es una preocupación exclusiva de Provea. Decenas de organizaciones sociales y de derechos humanos en toda la región investigan sobre sus realidades para ofrecer insumos para la acción política. Este es el tema del libro “Vínculos entre Conocimiento y Política. El rol de la investigación en el debate público en América Latina”, de los peruanos Norma Correa y Enrique Mendizabal. “Si bien es cierto –argumentan al comienzo del libro- que en las dos últimas décadas se han realizado avances muy importantes en la investigación sobre el uso de la evidencia en políticas públicas, tanto desde los ámbitos académicos como los vinculados a la práctica de la incidencia política, los estudios producidos sobre y desde América Latina aún son infrecuentes”.
En el primer capítulo del libro se analizan los factores estructurales y coyunturales que explican los tipos de relación entre productores de conocimiento aplicable a políticas públicas y los promotores de políticas en dos áreas centrales para la legitimidad de los gobiernos latinoamericanos: las políticas económicas y las políticas de lucha contra la pobreza. A partir de las experiencias de Argentina, Bolivia, Chile y Perú, se evidencia que altos niveles de desarrollo institucional – tanto del Estado como de la Sociedad Civil – así como bajos niveles de polarización política, constituyen factores clave para la generación de un ambiente propicio al intercambio regular entre quienes investigan y quienes toman las decisiones. Bajo esta perspectiva, Chile sería el país con el ambiente más favorable para dicho intercambio, mientras que Bolivia contaría con el escenario más desafiante, estando Perú y Argentina situados al medio de dichos extremos.
Por su parte en el tercer capítulo se analiza el rol del Estado en el financiamiento de investigación sobre políticas públicas. A partir de una muestra de doce países de la región, los autores realizan un análisis comparado de las modalidades de financiamiento público existente para la producción de conocimiento; e identifican los esquemas más cercanos a los institutos de investigación en políticas públicas o think tanks. Uno de los hallazgos es que la oferta de financiamiento público dirigida a dichas instituciones es inestable, fragmentada e irregular, siendo la consultoría el modo de transferencia de recursos del Estado más extendido para la generación de conocimiento aplicado.
En el libro se exploran los roles de los medios de comunicación como usuarios de investigación aplicada a políticas públicas en América Latina. Los autores argumentan que el uso de la investigación puede contribuir a que los medios mejoren la calidad de sus noticias, lo cual es clave para su supervivencia al otorgarles una diferenciación frente a la sobreoferta informativa e igualación de contenidos. Se describen a su vez dos variables con influencia en la mayor o menor apertura para el uso de la investigación en la producción noticiosa: el grado de concentración propietaria de los medios y el grado de homogenización del enfoque noticioso.
En sus conclusiones, los autores consideran fundamental avanzar hacia una agenda de investigación con una perspectiva comparada, interesada en comprender tanto los factores coyunturales como los factores estructurales que influencian el uso de la investigación en los debates y decisiones sobre políticas públicas. “Consideramos fundamental avanzar hacia una agenda de investigación con una perspectiva comparada, interesada en comprender tanto los factores coyunturales como los factores estructurales que influencian el uso de la investigación en los debates y decisiones sobre políticas públicas”.
El poseer la mejor información disponible es una precondición para ejercer eficazmente la contraloría social. Aquí no sólo tienen responsabilidad las organizaciones y los centros de producción académica, sino la voluntad estatal de realizar una gestión transparente haciendo pública toda la data pertinente sobre su gestión en asuntos relacionados con derechos humanos.
(*) Coordinador del Programa de Investigación de Provea
www.derechos.org.ve
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@fanzinero
