El pasado 7 de octubre del presente año, Hugo Rafael Chávez Frías logra el triunfo en las elecciones presidenciales de Venezuela, siendo reelegido por 6 años más. Como ya sabemos este mandatario, durante el mes de septiembre, previo a las votaciones nacionales, anunció la denuncia que nuestro país hizo ante la Convención Americana de los Derechos Humanos (CADH).

Con el retiro de la SIDH, si bien no imposibilita el reconocimiento ni la defensa de los derechos humanos, si los debilita.

Tal anuncio supone el primer paso para la salida de Venezuela del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), el cual comprende la salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, alegando que ambos organismos están parcializados contra nuestra nación.

En  declaraciones recientes, el propio presidente Chávez reconoció que habían fallas en el gobierno y se comprometió a mejorar la eficiencia de su gestión. Dentro de estas mejoras el mandatario nacional debería considerar el tema de la defensa de los derechos humanos, asunto muy cuestionado de su administración.

El Presidente de la República está obligado no sólo a corregir sus fallas en materia de atención de las necesidades básica de la población, debe también  tomar decisiones que beneficien a los ciudadanos y ciudadanas en materia de derechos humanos, ya que con el retiro de la SIDH, si bien no imposibilita el reconocimiento ni la defensa de los derechos humanos, si los debilita.

Chávez no debe obviar  que a través de la historia la defensa de los derechos humanos permitió que éstos derechos se  universalizarán con el nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas (OEA) en 1945 y en 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que sirvió como base para la creación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el surgimiento de otros tratados internacionales sobre la materia, destacando así la importancia de este tema para la humanidad.

El Presidente debe atender a la recomendación que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que establecen otros organismos, pactos y convenios a las naciones y jefes de Estados para que  adopten medidas que  contribuyan a la observancia, protección, defensa y prevalencia de los derechos humanos, por cuanto es obligación y deber de Venezuela como país civilizado.

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