La coordinadora del Observatorio de Educación, Olga Ramos, llamó la atención acerca de las responsabilidades que estarían en manos de los comités contemplados en la Resolución 058, que crea los Consejos Educativos en las instituciones escolares del país. Prevé la «imposibilidad de instrumentar» la nueva estructura, destacando la falta personalidad jurídica y el impedimento para gestionar presupuestos, como un «problema adicional» de la nueva forma.
«Es decir, que ahora en vez de ser el Ministerio de Educación a través de la escuela, son estos comités los responsables por ejemplo de la seguridad de la escuela. Tú no puedes descansar la seguridad de una escuela, cuando quien debería encargarse debería ser la policía y los órganos de vigilancia que el ministerio de Educación contrate», sostuvo.
A su parecer, esto, sumado a los deberes sobre la estructura que adquirirían, son un elemento que volvería «engorrosa» la dinámica de la escuela. Considera que no sería fácil de gestionar. Arroja el déficit de maestros, la figura de director encargado (que no es titular) en muchas instituciones y el poco tiempo con el que a veces cuentan los padres, como un argumento adicional.
Lenguaje impreciso
Por otra parte, destacó Ramos en una entrevista en el programa Primera Página de Globovision, que hay «algunas provocaciones en términos de lenguaje» en la nueva Resolución. Según su criterio, los cambios debieron hacerse sobre la pasada 751, en forma de «continuación, profundización».
Explica que la inclusión de términos que no se encuentra presentes en la Constitución de la República, tales como «colectivos», generan incertidumbre y revuelo, al tiempo que rescata que la idea de ampliar la participación no es mala. «Es una buena idea», dice. Sin embargo, recuerda que tal consideración siempre ha estado contemplada.
«Lo que hace delicado el texto de la Resolución no es que se abra la participación, sino quiénes participan en la toma de decisiones. Un ejemplo de ello: en el comité de padres y madres se dice que está formado por ellos y por voceros de otros colectivos. Y entonces allí los padres y madres, obviamente, tienen razones para preocuparse, porque este comité debería estar formado por padres y madres y los otros colectivos deberían estar participando en la escuela de otra manera, si no son padres y madres», puntualiza.
Manifestó que en el contexto de polarización política que vive el país, ambos sectores -oposición y gobierno- deben «limpiar el lenguaje», ya que «cualquier cosa que surja siempre es tomada como una amenaza o una retaliación».
Su propuesta para reducir la incertidumbre y la tensión sobre este cambio: «Vamos a abrir la discusión. Vamos a hacer un proceso de consulta participativo de verdad, que sea abierto y que sea público».
Recordó también otras sugerencias que ha hecho el Observatorio de Educación, que ha arrojado la posibilidad de postergar la entrada en vigencia de la resolución y tomar en cada estado del país escuelas pilotos para instrumentar la nueva forma. Pidió a la ministra de Educación, Maryann Hanson: «en base a eso, hacer una nueva propuesta». (María Fernanda Espinoza, El Universal, 30.10.12)
