Feliciano Reyna, presidente de Sinergia, recordó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el Estado comunal que promueve el Gobierno estaba incorporado a la reforma de la Constitución que fue rechazada por la mayoría del electorado el 2 diciembre de 2007 y que, sin embargo, se pretende imponer a través de las leyes del poder popular y el reacomodo de toda la administración pública.
En términos de derechos humanos, explicó Reyna, quedan comprometidos los derechos a la asociación y a una efectiva participación ciudadana en los asuntos públicos, pues el oficialismo sólo reconoce a las organizaciones populares que respaldan la construcción del socialismo.
“El riesgo es que se imponga un único modelo de participación que discrimina al sector de la sociedad que no comparte el proyecto político que lidera el presidente Hugo Chávez. Hay un déficit de pluralismo político que afecta negativamente el ejercicio de los derechos y garantías establecidos en la Constitución”, afirmó el presidente de Sinergia en una de las audiencias celebradas en Washington, en el contexto del 146° período de sesiones de la CIDH. Reyna considera que la criminalización de la disidencia y de la crítica al Gobierno, mediante el hostigamiento gubernamental a las organizaciones de derechos humanos y a la prensa, constituyen las primeras señales de intolerancia.
El agente del Estado, Germán Saltrón, argumentó que el nuevo modelo estatal se fundamenta en el principio de democracia participativa y protagónica que distingue el ordenamiento constitucional venezolano. “La democracia representativa que orientó los gobiernos de Acción Democrática y Copei fracasó. Por eso ahora hablamos de consejos comunales, de familias que se agrupan para buscarle solución a los problemas de su comunidad con auxilio del Gobierno”.
Negó que en Venezuela haya mermado el derecho de asociación: “Antes del presidente Chávez no había más de 10 ONG; ahora hay como 100”. Pero Saltrón había dicho en la misma audiencia de la CIDH que esas ONG y, en general, los defensores de derechos humanos venezolanos son financiados por el Gobierno de Estados Unidos y contribuyen a una campaña de desestabilización del país. “Uno tiene razones para pensar mal: que les pagan para que vengan aquí, a la CIDH, a decir mentiras”.
La verdad oficial
Sobre la base de estadísticas oficiales, la directora ejecutiva de Cofavic, Liliana Ortega, denunció el aumento de la inseguridad ciudadana, las ejecuciones extrajudiciales y la impunidad.
“Entre 2000 y 2008 el Ministerio Público reconoció el ingreso de 8.350 casos de presuntos ajusticiamientos y en 2010 el Poder Ejecutivo reconoció 3.492 casos de resistencia a la autoridad; es decir, 11.842 casos de violaciones del derecho a la vida en 10 años”, precisó.
La directora de Cofavic también recordó otros datos ofrecidos por la Fiscalía General de la República: “Entre 2006 y 2010 ingresaron aproximadamente 30.000 casos de violaciones de derechos humanos. 93% fue cerrado, mediante las figuras de sobreseimiento, archivo fiscal o desestimación; 7% corresponde a acusaciones; y sólo 4% concluyó en condenas firmes. Esto evidencia un grave y sostenido esquema de impunidad”.
Con respecto a 2011, prosiguió Ortega, el Ministerio Público contabilizó 8.813 nuevos casos de violaciones de derechos humanos: 97% fue cerrado y en 3% hubo acusaciones.
La defensora de derechos humanos también informó a la CIDH que la Misión A Toda Vida Venezuela, creada en junio de 2012 por el Poder Ejecutivo, reportó una tasa de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes durante 2011.
Fueron infructuosas las solicitudes que le hicieron los comisionados al agente del Estado venezolano para que respondiera con precisión los señalamientos de las ONG. Saltrón, con el abogado Luis Britto García al lado, se concentró es desconocer la autoridad de los órganos del sistema interamericano de derechos humanos: “La Comisión y la Corte actúan sesgadamente contra Venezuela, han violado sus propias reglas y se han deslegitimado. Por eso decidimos apartarnos del sistema mediante la denuncia de la Convención Americana”.
La comisionada Tracy Robinson, que presidió las audiencias, se limitó a señalar: “La CIDH continuará su tarea con respecto a los derechos humanos de las personas en Venezuela”. (Edgar López, El Nacional, .02.11.12)
