Las elecciones del 7-O de 2012 en Venezuela y el debate sobre la democracia en América Latina

El 7 de octubre de 2012 el presidente-candidato Hugo Chávez ganó el derecho a un tercer mandato de seis años. Con su triunfo electoral se legitimó también la propuesta que venía desarrollando de construcción de un nuevo modelo de Estado, el Estado Comunal, como parte de su denominado “socialismo del siglo XXI”. Fue una contienda electoral en la que el principio de la equidad no fue garantizado por las instituciones responsables de ello, ni respetado por los actores en competencia. Sin embargo, se cumplió con el derecho a la pulcritud y trasparencia en los resultados y, en general, con el secreto del voto y la voluntad de los electores.

El proceso electoral recientemente vivido puso de manifiesto un conjunto de rasgos que parecen ser constitutivos del modelo de democracia emergente en el país,  que lo distancian del modelo clásico liberal. El uso de recursos públicos como transportes, locales, medios de comunicación, fondos, por parte del candidato-presidente fueron visibles, abundantes y frecuentes. También se exacerbaron en la campaña del Presidente las relaciones paternalistas y clientelares con una parte de la población. En un contexto de bonanza fiscal por elevados precios del petróleo, esta forma de hacer campaña hizo que el desbalance entre los candidatos fuese notable, aunque su influencia en los resultados finales resulta difícil de evaluar. La notoria inequidad en el proceso electoral pareció ser aceptada por la sociedad en su conjunto, si nos atenemos a la masiva participación en la jornada electoral y al reconocimiento pleno de sus resultados.

La polarización política reiterada en estas elecciones, impulsada por el gobierno y sostenida por dos opciones de país percibidas por los electores como opuestas y mutuamente excluyentes, es también un rasgo inusual en democracias estables donde consensos básicos no suelen estar en disputa. Aunque los resultados legitimaron una de las opciones al darla como triunfadora, la votación obtenida por la opuesta conforma una minoría significativa que pone obstáculos a su consolidación. Esta situación, que en sistemas democráticos convencionales convocaría al diálogo y la construcción de compromisos de gobernabilidad entre las fuerzas rivales, no se plantea en las polarizadas relaciones venezolanas.

La experiencia venezolana de los años recientes proporciona abundantes elementos para el debate sobre ciudadanía, democracia, derechos humanos y cambio social que viene desarrollándose en América Latina. Dentro de este debate existen dos dimensiones donde este proceso electoral puede aportar elementos para la reflexión: el de “democratizar la democracia” y el de “derecho a tener derechos”.[1] Algunas preguntas guiarán nuestro análisis, esperando aportar en sus respuestas: ¿Elecciones transparentes pero inequitativas avanzan en el camino de democratizar la democracia? ¿Niveles crecientes de reconocimiento e inclusión política donde el paternalismo y el clientelismo juegan un rol destacado garantizan siempre avances en ciudadanías plenas? ¿La satisfacción de necesidades básicas mediante misiones sociales concebidas también con propósitos electorales, sedimentan el derecho a tener derechos?

Este trabajo está dividido en cuatro partes. En la primera se aborda la caracterización de las fuerzas en pugna y las propuestas presentadas a los electores por los dos candidatos más votados. En la segunda se presentan elementos principales del marco normativo en el que se desenvolvió el proceso electoral y las estrategias de campaña desarrolladas. La tercera parte está dedicada a presentar y analizar los resultados electorales, destacando elementos que contribuyan al debate arriba anunciado. Como cuarta parte, y a manera de cierre, presentamos algunas reflexiones preliminares que eventos de esta naturaleza tienen para el siempre vigente debate sobre la democracia en América Latina.

1. Las fuerzas en pugna y sus propuestas

Como quedará mostrado cuando interpretemos los resultados electorales, la elección del 7-O fue abrumadoramente polarizada. Aunque terminaron participando seis candidatos, Chávez y Capriles concentraron más del 99% de los votos válidos. Estos dos candidatos contaron con el apoyo de alianzas de varios partidos y organizaciones sociales, y presentaron a los electores propuestas de futuro percibidas como altamente diferenciadas.

El candidato-presidente, su Gran Polo Patriótico y la profundización del socialismo

En todas las contiendas electorales desde 1998, la principal fuerza del presidente Chávez es su indiscutible liderazgo carismático y personalista (ver López Maya y Panzarelli, 2011). En esta oportunidad ese liderazgo fue promovido y potenciado por una alianza política-social agrupada en el “Gran Polo Patriótico” (GPP), que el Presidente impulsó  en 2011, así como por una estructura operativa de campaña denominada “Comando Carabobo” constituida en 2012. En ambas instancias el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) jugó roles dominantes.

El PSUV es el partido del Presidente Chávez, creado al inicio de su segundo mandato (2007-2013) para congregar las fuerzas que apoyan su proyecto socialista. Con esta contienda presidencial son cinco los procesos electorales a los cuales ha concurrido este partido. En las presidenciales desarrolladas entre 1998 y 2006, el Presidente contó con un partido llamado el Movimiento Quinta República (MVR), y antes de éste, con el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200).[2] Si bien el PSUV fue inicialmente concebido por el Presidente para fusionar en un partido “único” todas las organizaciones que lo apoyaban (Chávez, 2006), pese a sus presiones e insistencia, e incluso amenazas de expulsarlos del gobierno si no se disolvían, se encontró con muchas resistencias por parte de algunos de ellas y hubo de ceder, permitiendo que continuaran existiendo (López Maya y Lander, 2007). Si bien se redujo el número de partidos oficialistas, pues para el proceso electoral de 2006 lo apoyaron más de veinticinco y para éste once, entre las cuales destacaron el Partido Comunista de Venezuela (PCV), el Patria Para Todos (PPT) y Redes (CNE, 2012), estos partidos tienen poco  caudal electoral propio. Pero son importantes para Chávez en la medida en que capturan un voto chavista que rechaza o no desea identificarse con el PSUV. Sobre eso volveremos más adelante.

El partido del Presidente siempre ha sido la organización política más importante de la coalición chavista y lo ha manejado como un partido al servicio de su personal liderazgo. Pero el PSUV ha alcanzado en comparación a los anteriores, una mayor estructura, cobertura y cohesión nacional, gracias a un trabajo político ininterrumpido durante este segundo período presidencial, con la dedicación a la construcción del partido de algunos dirigentes y funcionarios chavistas. Hoy posee sus documentos fundacionales, incluidos sus estatutos, y posee una estructura conformada por patrullas territoriales y sectoriales, equipos políticos y una Dirección Política Nacional. El PSUV cubre todo el territorio nacional, posee cuadros a todos los niveles, y una poderosa maquinaria de movilización (ver http://www.psuv.org.ve/temas/biblioteca/libro-rojo/). Dice sostenerse de las cuotas que pagan sus miembros y según sus declaraciones oficiales tiene registrados más de 7 millones doscientos mil militantes, de los cuales unos dos millones son patrulleros (Tal Cual, 4-10-2011).

Para esta contienda electoral el Presidente promovió el Gran Polo Patriótico (GPP), como plataforma de apoyo a su candidatura donde participaron todos los partidos y organizaciones sociales chavistas. Desde 1998 Chávez ha creado este tipo de plataformas electorales, siempre con este nombre, buscando coordinar actividades de agitación y propaganda propias del proceso electoral, pero también para proyectar y/o legitimar su liderazgo baja la imagen de un diverso y plural movimiento de masas, que participa en tareas electorales y del programa de gobierno. Pero en la práctica se trata de una coordinación dirigida por él y su partido, y cuyas autoridades, pese a ciertos procedimientos formales, en última instancia son designadas o ratificadas por él. Tampoco se deciden en el GPP las ofertas o planes del gobierno. Esta vez se le añadió al nombre el adjetivo grandilocuente de  “gran” y en octubre de 2011 se abrió un registro de partidos y organizaciones para conformarlo, creándose patrullas de punto o vanguardia para promover una presencia en las calles de militantes repartiendo propaganda (Tal Cual, 7-10-2011).

El concepto de Polo Patriótico busca resolver las tensiones y contradicciones que anidan en el proceso revolucionario chavista, donde la dinámica vertical de arriba hacia abajo, férreamente controlada por Chávez y su partido trata de conciliarse con dinámicas de abajo hacia arriba que provienen de organizaciones sociales, que expresan diversidad de opiniones, críticas al partido dominante, y exigen ser consultados así como participar de decisiones. También en el GPP se exteriorizan malestares de los demás partidos que son convocados a esta plataforma, pero poco escuchados en sus demandas. Un ejemplo lo dio el PCV en octubre de 2011 cuando declaró que no se registraría en el GPP porque el método de conformación del Polo «tiene que ser el de reunirse y el de acordar la concepción de un plan político» (El Universal, 18-10-2011). Por su parte el coordinador de los círculos bolivarianos declaró «Queremos que en este espacio se debata y no que sea de altos dirigentes y sabios a los que hay que obedecer» (Tal Cual, 20-10-2011). A fines de año, una declaración muy similar emanaba del coordinador dela Clase MediaRevolucionaria: “El Gran Polo Patriótico está aún en su fase inicial de gestación. La igualdad de condiciones es el ‘deber ser’. Un Gran Polo Patriótico subordinado al PSUV, o tutelado, perdería su sentido político” (El Universal, 27-12-2011). Pese a estos reclamos, a inicios de 2012 el Presidente nombró a los integrantes del Comando de Campaña Carabobo sólo con militantes del PSUV. Al frente colocó a Jorge Rodríguez, alcalde de Libertador del Distrito Capital. El Comando coordinó todas las actividades de la campaña bajo la dirección del Presidente. Allí no había ni activistas sociales, ni militantes de otros partidos, pero si cuadros altos del PSUV y funcionarios del gobierno, incluyendo ministros y gobernadores (Panorama, 27-2-2012).

Aunque la campaña oficial estuvo pautada para iniciarse en julio de 2012, fue tan temprano como enero de 2011 cuando el Presidente inició actividades con miras a este evento. En un discurso dado en un acto del PSUV en el estado Vargas, criticó al partido por sólo activarse en coyunturas electorales, hizo un acto de contrición, asegurando que se habían cometido muchos errores que eran necesarios corregir, anunció una potenciación al cuadrado de las “tres erres”[3]: revisión, rectificación y reimpulso y presentó “cinco líneas de acción” con miras a las elecciones de 2012, un año que consideró “definitorio”: “los ciudadanos podrán escoger si continúan por ‘esta senda’ o por una ‘situación verdaderamente espantosa’” la cual, según dijo, sería la “Venezuela retrógrada” (Chávez en El Universal, 22-1-2012)

En las primeras cuatro líneas de acción el Presidente señaló la necesidad de que el partido dejara atrás la cultura capitalista y que la militancia alcanzara una cultura socialista, convirtiéndose en instrumento de las luchas populares y de la solución de los problemas cotidianos. Exigió convertir al PSUV en instrumento del nuevo Poder Popular, y en medio eficaz de agitación y propaganda. En su quinta línea de acción señaló el relanzamiento de la estrategia de “repolitizar y repolarizar”: “Aquí hay dos posiciones: lo que luchan por la patria, que es el socialismo, y los que luchan por subyugar a Venezuela bajo la burguesía, son los dos caminos. Repolarizar: nosotros los patriotas y ellos los vendepatria. Nosotros unidos, una unificación repolitizada repolarizante” (Id.).

El presidente-candidato presentó en junio de 2012 su propuesta de gobierno como “candidato dela Patria”. La llamó “gestión bolivariana socialista 2013-2019”. Este documento, extensamente repartido durante los meses de campaña por las patrullas de vanguardia ofreció continuar la construcción del Estado Comunal del modelo del socialismo del siglo XXI, ya iniciado durante su segundo mandato. Se anunciaron  “cinco objetivos históricos” interrelacionados, considerando como el primero, que sólo esta nueva institucionalidad podía garantizar la independencia nacional comenzada hace doscientos años. Entre los otros destacó convertir a Venezuela en una “Gran potencia naciente de América Latina y el Caribe”, contribuyendo entonces a una nueva geopolítica internacional, así como al “equilibrio del universo” (Chávez, 2012).

El Estado Comunal es un nuevo Estado que se diferencia del conceptualmente diseñado en la Constituciónde la República Bolivarianade Venezuela, aprobada en 1999 (en adelante CRBV). Parte de principios filosóficos diferentes. Su base es un Poder Popular, que tiene su residencia no en el individuo, sino en colectivos como los consejos comunales y comunas, consejos de trabajadores, estudiantes, mujeres, etc. En este Estado Comunal no hay sufragio universal ni representación que pueda ejercerse con libertad de conciencia. Todo se decide en asamblea. Así ha quedado establecido en las nuevas leyes “socialistas” aprobadas desde 2009. Conceptualmente hablando, sigue un modelo de democracia directa o asamblearia donde desde un nivel se nombran “voceros”, que pasan a la instancia superior, pero sin ejercer representación, porque sólo han de transmitir las decisiones (ver http://www.derechos. org.ve/2012/10/24/margarita-lopez-maya-el-estado-comunal/).

La propuesta de modificar la CRBVpara dejar atrás el régimen de “Democracia Participativa y Protagónica” asentada en ella para emprender el camino hacia la “Democracia Revolucionaria y Protagónica” del socialismo, fue presentada a la Asamblea Nacional(en adelante AN) por el Presidente Chávez poco después de su segunda reelección en diciembre de 2006. En la AN, en ese período conformado íntegramente por diputados de partidos oficialistas[4], se complementó la propuesta presidencial para al final presentar a los venezolanos un total de 69 artículos -de los 350 dela CRBV- para ser modificados. El referendo popular realizado ese diciembre para aprobar la reforma resultó adverso al oficialismo. De modo que la propuesta fue negada por el voto popular (ver Lander y López Maya, 2008). No obstante, el Presidente hizo caso omiso del mandato popular y continuó desarrollando institucionalmente aspectos de la reforma que fueron negados.

El gobierno pudo seguir adelante en su propuesta haciendo uso de varios recursos de dudosa legitimidad. Por una parte, las Líneas del Plan de Desarrollo Económico y Social dela  Nación2007-2013, mejor conocido como el Primer Proyecto Socialista (PPS), redactado para desarrollar los contenidos nuevos que tendríala CRBV, no fue corregido al negarse la reforma para reajustarlo a la institucionalidad vigente, que quedó intacta en su concepción democrática liberal. Por el contrario, se siguió implementando como si los contenidos de la reforma constitucional hubiesen sido aprobados. En segundo lugar, el gobierno interpretó los siguientes procesos electorales, en particular el referendo de enmienda constitucional para permitir la reelección indefinida de los cargos de elección popular realizada en febrero de 2009, como un plebiscito a favor de toda su reforma socialista. Al triunfar dicha enmienda, aceleró de nuevo los cambios hacia el Estado Comunal a través de decretos-leyes y leyes.

Adicionalmente, el gobierno ha logrado una importante subordinación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a las directrices del Presidente. Esto fue posible por varias manipulaciones políticas y administrativas. Con ello consiguió que el Tribunal interpretara a su favor el artículo 345 dela CRBVque taxativamente dice: “La iniciativa de reforma constitucional que no sea aprobada, no podrá presentarse de nuevo en un mismo período constitucional ala Asamblea Nacional.”El TSJ convino que si bien no podía presentarse otra vez la reforma, los contenidos de ésta podían aprobarse mediante leyes y enmiendas constitucionales. Gracias a esta interpretación, desde 2008 pero especialmente entre 2009 y 2010, fueron aprobadas múltiples leyes “socialistas” por vía de facultades legislativas extraordinarias que le confirióla ANal Presidente -la llamada ley Habilitante- o por su aprobación enla ANcon o sin debate. Hoy en día el soporte jurídico-legal principal del Estado Comunal está casi íntegramente aprobado.

Como ya se señaló, el Estado Comunal se aparta de la CRBV. Launidad territorial primaria en él no es el municipio sino la “comuna” (LOC, 2010), que agrupa a los consejos comunales. Las comunas a su vez van agregándose en federaciones comunales y ciudades comunales o socialistas. Toda organización base de las comunidades, para ser reconocida por el Estado, debe articularse a los consejos comunales (CC), y para ello debe ajustarse a los objetivos de éstos, que por ley es construir el modelo socialista (LOCC, 2009, art. 2). Así, consejos comunales y comunas no contemplan pluralismo político en sus espacios más allá de corrientes que el gobierno pudiera reconocer como “socialistas”. Si la asamblea de una comunidad no abrazara el socialismo, su consejo comunal no será reconocido por el Estado, no pertenecerá a la comuna, y por lo tanto no será receptora de la transferencia de servicios y recursos que contemplan las leyes socialistas. Por otra parte, en estas leyes se establece que esta nueva estructura puede desconocer el diseño territorial definido en la CRBV, en cuanto que pueden asentarse consejos y comunas en territorios que no obedecen la división político administrativa de ésta, es decir, los linderos de municipios y entidades federales. En los territorios definidos en la CRBVlas autoridades son nombradas por sufragio universal, directo y secreto, mientras en la nueva estructura comunal las más altas autoridades dependen y son nombradas por el “Comandante-Presidente” Chávez. Los consejos y comunas según las nuevas leyes, tienen prioridad sobre los territorios constitucionales para recibir transferencias de servicios y recursos del gobierno central (ver http://www.derechos. org.ve/2012/10/24/margarita-lopez-maya-el-estado-comunal/.)

De acuerdo a la lógica política emergente del Estado Comunal, una oposición que defendiera los valores de la democracia liberal, no tendría aquí espacios donde desenvolverse. Como tampoco quienes defienden los principios básicos del capitalismo como la propiedad privada y la ganancia en el proceso productivo. Los consejos comunales y las comunas estarán asentadas en la propiedad social y desarrollarán unidades socio-productivas que no contemplan fines de lucro (LOCC, 2009).

La MUD y el “camino al progreso” de Capriles Radonski

Las fuerzas opositoras al Presidente lograron en este segundo mandato de Chávez reinventarse, fortalecerse y construir una propuesta política diferenciada del oficialista socialismo del siglo XXI. Este proceso arrancó a finales del primer mandato de Chávez, después que las actividades insurreccionales opositoras, como el golpe de Estado del 11 de abril, el paro petrolero y el retiro de sus candidatos en las elecciones parlamentarias de 2005, colocaran a esas fuerzas en una situación de extrema fragmentación, descrédito y debilidad.

Durante los primeros años del Presidente Chávez la dirección de la oposición estuvo constituida principalmente por factores de poder como medios privados de comunicación, asociaciones empresariales reunidas en la patronal Fedecámaras, la jerarquía de la iglesia católica y gerentes de la estatal PDVSA. También en esos años participaron en esas fuerzas opositoras múltiples asociaciones civiles como las vecinales y educativas, sindicatos reunidos enla Confederaciónde Trabajadores de Venezuela (CTV) y partidos de oposición. Estas fuerzas crearon una plataforma unificadora conocida comola Coordinadora Democrática, que comenzó a disolverse después de la derrota recibida en el referendo revocatorio, que impulsaron contra el Presidente.

Pese al fortalecimiento de Chávez y su gobierno, y la debilidad de los partidos y factores de oposición al final del primer gobierno de Chávez, siguió siendo significativa la resistencia de una porción de la sociedad a las orientaciones políticas y actitudes del gobierno. Encuestas realizadas en 2005 revelaban que cerca del 40% de los encuestados no compartía las propuestas del gobierno. Sin embargo, sólo el 7% simpatizaba con algún partido político opositor (Últimas Noticias, 9-5-2005). ¿Cómo, entonces, expresar políticamente ese malestar?

El camino de la reconstrucción de una expresión política de la oposición al gobierno de Chávez se dio poco a poco. Entre 2004 y 2006 tuvieron lugar varios procesos como el retiro del activismo político de sectores empresariales, organizaciones civiles y jerarquía de la iglesia católica, la emigración de ex gerentes de PDVSA, adquiriendo los políticos y sus partidos una mayor relevancia. En el seno de estas organizaciones se manifestaron a su vez importantes tensiones, produciéndose divisiones, reajustes y creación de nuevas organizaciones (López Maya, 2012a).

El primer esfuerzo importante para reunificar al mundo organizativo de la oposición tuvo lugar en 2006 en el contexto de las elecciones presidenciales de diciembre de ese año. Como consecuencia de los continuos reveses, retornar al camino institucional participando en las elecciones presidenciales pareció necesario, pero aun así, no había procedimientos ni estructuras que facilitaran una coordinación del mundo vario pinto y díscolo de la oposición. El camino comenzó a despejarse en julio, antes de iniciarse la campaña, cuando los candidatos más fuertes o de más prestigio suscribieron un acuerdo de unidad donde se comprometieron a apoyar a aquél entre ellos que tuviera mayor popularidad. Tomarían en cuenta encuestas de opinión complementadas por otras consideraciones políticas (El Nacional, 1-8-2006). El método favoreció a Manuel Rosales, del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), el único que alcanzó una popularidad de dos dígitos en las encuestas, quien de seguidas recibió el respaldo de los candidatos Julio Borges del partido Primero Justicia (PJ) y Teodoro Petkoff, independiente. Con tensiones y reticencias, en los días siguientes fueron declinando otras candidaturas presidenciales para sumarse a la de Rosales. Sin embargo, se mantuvieron para esa contienda electoral, doce otros candidatos además del Presidente Chávez y del gobernador Rosales.

Con Rosales la oposición comenzó un giro en su discurso, colocando lo social en el centro de su oferta electoral. También se apoyó en ofertas populistas, aunque distintas a las oficialistas. Durante la campaña el candidato presentó la tarjeta “Mi Negra”, una tarjeta de débito bancaria que de ganar prometió otorgar a cada venezolano. En ella se repartiría el 20% de la renta petrolera (ver López Maya, 2012a).

Pese a la derrota en esas elecciones presidenciales, los resultados electorales fueron un importante avance para la oposición. Rosales obtuvo el 36% de los votos, y Chávez ganó con el 63%. Esa misma noche Rosales reconoció la derrota, a pesar de importantes presiones en su Comando de Unidad porque denunciara un fraude (El Nacional, 4-12-2006). La participación ciudadana fue alta, alcanzando casi 75% del registro electoral. Los otros candidatos no alcanzaron el 1% del total de los votos, revelando el ahorro del voto que hacían los votantes opositores. Estos resultados fortalecieron las percepciones dentro de la oposición, de que había una minoría significativa del país que seguía apoyando una opción distinta a la del gobierno. Partidos como el Movimiento Al Socialismo, Solidaridad yLa Causa R(LCR), además de UNT y PJ, redoblaron los esfuerzos por la reunificación de la oposición mediante alguna estructura paraguas.

Al iniciarse el segundo gobierno de Chávez, y en la medida en que el Presidente radicalizaba su discurso y proceso de cambios, los desafíos se hicieron más fuertes para la oposición. Los esfuerzos por cimentar una unidad de mayor calidad que la del pasado pareció la única alternativa viable para frenar lo que se diagnosticaba como la legitimación y posible consolidación de un régimen autoritario. Luego de algunas prácticas partidistas conjuntas, en 2008 cuajó el primero de una serie de compromisos de unidad entre partidos hasta finalmente cristalizar en 2009 la estructura paraguas conocida como “La Mesadela Unidad” (MUD), que agrupó para esta contienda electoral presidencial a más de treinta partidos. Los acuerdos unitarios han girado en torno a llevar candidatos comunes a los diversos procesos electivos así como construir una visión compartida de país (Id).

El primer documento aprobado y llevado a la opinión pública porla MUDse dio en abril de 2010 y llevó el nombre de “Cien soluciones para la gente”. En las elecciones parlamentarias de ese año, los esfuerzos unitarios lograron que la mayoría de los diputados que concurrieron por la oposición recibieran el respaldo de todos los partidos dela MUD. Losresultados fueron positivos. El 47% del total de los votos fue para candidatos dela MUD, 48% para la coalición chavista, y un poco más del 5% para partidos no chavistas pero tampoco incorporados ala MUD. Sinembargo, la conformación dela Asamblea Nacionalquedó con una mayoría de 98 diputados para el oficialismo, 65 para los partidos dela MUDy 2 para el partido PPT, un partido que se separó de la coalición de gobierno y no quiso incorporarse ala MUD. Elgobierno hizo aprobar antes de esta contienda, una nueva Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE, 2009), que alteró el sistema electoral vigente y produjo un nuevo sistema cuasi-mayoritario que favorecía al oficialismo. El sistema electoral en Venezuela debe ser de representación proporcional porque así lo exigela CRBV(art. 63). Sin embargo estos cambios se han dado dentro de la lógica “revolucionaria” que alega el gobierno, contando con la debilidad de la sociedad civil y política para hacerle cumplir los mandatos del Estado de derecho.

La MUDa partir de sus logros continuó fortaleciéndose. Pero siendo un mundo tan diverso ideológica y políticamente, cada paso es un gran esfuerzo. A inicios de 2011 se visibilizaron tensiones con vista al método y la fecha para escoger a los candidatos para las contiendas electorales que debían celebrarse en 2012 y 2013. Las toldas partidistas, después de mucho debate, acordaron que se efectuarían elecciones primarias en febrero de 2012, donde tendría derecho a votar todo ciudadano inscrito en el Registro Electoral Permanente (REP) (El Universal, 14-4-2011). En septiembrela MUD, los precandidatos presidenciales que se medirían en las primarias, respaldados por gobernadores y jefes de partidos políticos, suscribieron un “Compromiso de Unidad Nacional” (El Universal, 27-9-2011) y en diciembre ese año respaldaron unos “Lineamientos del Programa de Gobierno de Unidad Nacional”. Un aspecto resaltante de estos acuerdos fue que se comprometieron a ajustar sus acciones y acuerdos ala CRBV, con lo cual daban una rectificación importante con respecto a posturas asumidas en el pasado, cuando se movilizaron en 1999 contra de la aprobación por referendo de esta Carta Magna. Durante el breve gobierno de facto de Pedro Carmona en abril 2002,la CRBVfue desconocida.

Para las primarias de febrero de 2012 compitieron cinco precandidatos para la candidatura a Presidente: Henrique Capriles Radonski de PJ, Pablo Pérez de UNT, María Corina Machado, Diego Arria y Pablo Medina, sin apoyos partidistas. Capriles, gobernador del estado Miranda, alcanzó el triunfo de manera holgada, con un 62,5% de los votos. La concurrencia a las primarias fue sorprendente, un 17% del REP, más de tres millones de ciudadanos. La oposición mostró su mejor cara después de muchos años.

Desde entonces, el candidato Capriles se separó de la gobernación y comenzó su campaña porla Presidencia. LaMUD continuó respaldándolo, y pese a los naturales problemas que surgen de la necesidad concertar con tantos y tan disímiles intereses políticos, los partidos de oposición en su gran mayoría se mantuvieron unidos y centrados en el objetivo de vencer un adversario formidable.

A inicios de junio Capriles presentó su programa de gobierno llamado “Hay Un Camino. Progreso Igual Para Todos”. Hay una continuidad de este programa con los contenidos del Compromiso de Unidad Nacional firmado en septiembre de 2011 y los Lineamientos de Gobierno suscritos se diciembre.

Este programa, al igual que los documentos de la oposición, contrasta con las propuestas chavistas. Desde su inicio prevalece el nosotros sobre el yo, la idea del gobierno como esfuerzo colectivo y no personal. Marca distancia con relación a la visión de gobernar del chavismo al incorporar dos criterios de participación necesarios en la práctica gubernamental: la de la gente, que debe ser consultada siempre y la de los expertos, que con su conocimiento perfeccionan las políticas. En el chavismo el profesionalismo ha contado poco, siendo la lealtad al líder un valor muy destacado.

Otro elemento de contraste lo proporciona la óptica con la que ofrece encarar los problemas. Se presenta aquí una perspectiva focalizada en solucionar problemas de la persona desde su nacimiento para que se vaya obteniendo calidad de vida, lo que permitirá “progresar” a todos. Es una dinámica de lo pequeño hacia lo grande. El programa se refiere a “5 etapas de Progreso” que deberán ser atendidas comenzando con la etapa de la infancia y culminando con la vejez: atención materno-infantil; vivienda y su entorno (rehabilitación de barrios, servicios públicos, políticas para las ciudades); educación y desarrollo, empleo y emprendimiento; salud y seguridad social. Para hacer este programa posible se ofrece desarrollar una estrategia de alianzas entre el sector público y el sector privado, y en general con todos los agentes sociales como gremios y universidades, además de la consulta a la gente y expertos. Todo esto está enmarcado en un contexto donde se garantiza que ha de prevalecer la convivencia y el diálogo y que toda práctica estará ceñida ala CRBV.

Capriles ofreció en su programa la vuelta a una política industrialista, sin aclarar si es la misma del pasado plagada de problemas estructurales. Evadió en el texto la problemática petrolera, al no mencionar cuál sería la política del Estado con PDVSA, ni con la “renta petrolera”. Tampoco se abordó qué haría con la naciente estructura comunal, ni cómo financiaría la seguridad social. Estos temas carecen hoy de consensos en el país y en la misma oposición, y el programa optó por evadirlos.

2.  Las reglas del juego y la campaña

Para esta contienda electoral, en junio de 2012, el CNE aprobó un Reglamento General dela Ley Orgánicade Procesos Electorales (ver www.cne.gob.ve). Este nuevo reglamento unificó en uno solo todas las normas regulatorias ala LOPRE, facilitando su manejo y acceso, y derogando todos los anteriores. También incorporó algunas actualizaciones producto de la experiencia acumulada de casi tres años y dos procesos electorales de vigencia de esa LOPRE, así como  para responder a requerimientos generados por innovaciones realizadas al sistema electoral. Sin embargo, este nuevo reglamento continuó sin corregir debilidades detectadas y señaladas en procesos electorales anteriores (ver Lander, 2012).

Una debilidad se refiere a la vaga definición de “propaganda electoral”. Dice el artículo 202 que “propaganda electoral es todo mensaje que exprese llamados a votar por determinada candidatura o por alguna parcialidad política”. Podría interpretarse de tal definición, que de no existir un llamado explícito a votar por un determinado candidato o parcialidad política, el mensaje no sería de propaganda electoral. De hecho así parece haberse interpretado, ya que a lo largo de la campaña la propaganda de gobierno, que promovía fuertemente la figura del candidato-presidente, no fue contabilizada por el CNE como propaganda electoral, quedando fuera del ámbito regulado. Igual tratamiento del CNE tuvieron las “cadenas presidenciales”, prerrogativa presidencial que le permite trasmitir mensajes simultáneamente por todas las emisoras de radio y televisión sin límites ni de tiempo, ni de frecuencia. Según contabilizaciones dela MUD, en los 3 meses de la campaña electoral el candidato-presidente activó 27 cadenas que totalizaron 43 horas y 17 minutos de trasmisión, 4 veces más que en la campaña presidencial de 2006 (La Verdad, 25-9-2012). Haciendo uso de este recurso, Chávez tuvo una presencia en los medios de comunicación de aproximadamente 29 minutos diarios, superando, solamente con las cadenas, muy ampliamente los 3 minutos estipulados en el reglamento. Fue esta una fuente inequívoca de desequilibrio entre los candidatos.

            El reglamento tampoco fortaleció la capacidad contralora del CNE, limitándose a imponer sanciones pecuniarias a los candidatos y partidos, luego de unos procesos administrativos que pueden muy bien terminar después de la jornada electoral, teniendo por ello nulo impacto en la campaña. Tampoco fue abordado el problema del financiamiento de los partidos y sus campañas. Venezuela es el único país de la región donde la política en ninguna de sus dimensiones recibe financiamiento público directo o indirecto (Zovatto, 2003). Estas debilidades contribuyeron al desarrollo de una campaña con severos desequilibrios a favor del candidato-presidente.

A lo largo de la campaña, el gobierno no tuvo reparo en utilizar todo tipo de recursos públicos sin restricción alguna. Los medios de comunicación oficial, carros y buses del transporte adscritos a entes públicos, edificios, comedores y dineros públicos fueron algunos de los múltiples bienes usados a discreción para favorecer a Chávez. Cabalgando sobre una prosperidad petrolera prolongada, dados los altos precios internacionales del barril de hidrocarburos, el Presidente inauguró durante esta campaña unas “grandes misiones” dirigidas tanto a atender a algunos de los sectores más vulnerables de la población, como a reforzar su popularidad entre esos sectores para garantizarse la reelección.La Gran MisiónVivienda fue lanzada en 2011, destinada a solucionar el agudo problema de la falta de viviendas en los sectores populares; la Gran Misiónen Amor Mayor presentada ese diciembre, estuvo dirigida a otorgar pensiones a personas de la tercera edad aunque no hubiesen cotizado para ello;la Misión MiCasa Bien Equipada, cuyo propósito fue vender a precios subsidiados enseres y electrodomésticos yla Gran MisiónHijos e Hijas de Venezuela, para entregar ayudas monetarias a madres adolescentes o jefas de hogar, o con hijos discapacitados, tuvieron gran impacto político y contribuyeron con su victoria.

En esta campaña la enfermedad de Chávez, que apareció en 2011 y lo mantuvo dos veces por más de un mes fuera de actividad política, pareció al principio que jugaría un rol significativo (López Maya, 2012b). Sin embargo, no fue este el caso, bajando su estrellato como tema de campaña, al asegurar el Presidente estar curado y dar signos de vitalidad. Sin embargo, a diferencia de otras campañas, en ésta la aparición física del Presidente en mítines y recorridos fue menor y su campaña estuvo centrada más en repartir recursos a través de las misiones, y su presencia en los medios y en redes sociales.

La campaña de Capriles por su parte, se inició inmediatamente después de su victoria en las elecciones primarias, aunque gente de su equipo considera que ya había comenzado en octubre del año anterior con su promoción para éstas. A diferencia de la campaña del candidato-presidente, la de Capriles puso desde un inicio el acento en su presencia física en la mayor cantidad de pueblos, caseríos y ciudades del país para darse a conocer. Una campaña sintetizada en la consigna de “pueblo por pueblo” y “casa por casa”, muy similar a otras realizadas en el pasado por partidos políticos y el mismo Chávez, pero menos vistas en los años recientes. Capriles le dio tres vueltas al país en estos tres meses, visitando un total de 305 poblados (Tal Cual, 5-10-2012). Transportándose en bus, lancha, helicóptero o avioneta, Capriles privilegió lugares distantes, alejados y pobres. En la medida que avanzó su campaña despertó grandes entusiasmos y congregó mítines multitudinarios en las grandes ciudades (ver, entre otros, reseña de Muñoz, 2012).

Continuando con la que fue una exitosa estrategia para las primarias, Capriles y su comando de campaña buscaron darle una vuelta a la lógica polarizadora impuesta por Chávez, con la articulación de un discurso que rehuía la confrontación agresiva directa, evitaba personalizar a su adversario, no respondía a descalificaciones de las que era objeto y presentándose como alternativa válida.[5] El discurso de la oposición buscó contrastarse con el oficialista, al ofrecer un gobierno cuya  gestión se focalizaría en resolver los problemas concretos de la gente y no partidizaría las políticas sociales o misiones. Usó como consignas principales  “hay un nuevo camino”, llamando a montarse en el “autobús del progreso”. Con la primera proyectaba la existencia de una alternativa posible, y con la segunda caracterizaba, por contraste, al presente como una situación de atraso.

Un rasgo que estuvo presente en ambas campañas fue el uso reiterado tanto de símbolos nacionalistas como de íconos religiosos. Abundaron los afiches de ambos candidatos, que contraviniendo expresas disposiciones normativas tuvieron de trasfondo el amarillo, azul y rojo de la bandera nacional. Igualmente ambos aparecían ataviados frecuentemente con los símbolos patrios (en gorros, chaquetas). Por otra parte, la presencia de vírgenes, crucifijos y cristos fue abundante, en el caso de Chávez relacionado con la “superación” de su enfermedad, en el caso de Capriles, asociado al fortalecimiento de su religiosidad debido a su experiencia carcelaria ocurrida en el primer gobierno de Chávez. Capriles hizo mucho énfasis en su religiosidad católica, quizás buscando minimizar el impacto político que podría tener su origen hebreo. La religiosidad de Chávez era más sincrética, y en varias ocasiones se incorporaron a sus actos rituales de origen afrocaribeño e indígena. También cumplió varias promesas a diversas vírgenes y santos en plena campaña.

            Pese a la extrema y agresiva polarización política del discurso oficial, y si bien hubo  episodios de violencia contra actos de campaña del candidato opositor y contra periodistas y medios, éstos no fueron generalizados. Es de notar, que sólo en ocasiones puntuales altos dirigentes del oficialismo, incluyendo al Presidente, han rechazado explícitamente el uso de la violencia. En algunas ocasiones, incluyendo en esta campaña, incluso la han justificado. En Caracas, grupos armados afectos al chavismo impidieron en tres oportunidades el ingreso del candidato a territorios considerados por ellos exclusivamente “chavistas”: Cotiza, la Vegay Lídice. En Cotiza, parroquia  San José del municipio Libertador, un grupo armado identificado con el PSUV disparó y lanzó piedras y botellas contra el grupo que acompañaba al candidato, incluido al equipo de reporteros que cubría la actividad. Las cámaras de un canal de televisión, que capturaron el momento de los disparos, fueron incautadas por el grupo violento, obligando al camarógrafo a entregarlos. En el hecho resultó herido por el roce de una bala el hijo de un diputado que es candidato a alcalde del municipio (¡Error! Referencia de hipervínculo no válida. bajado el 19-9-2012). En la ciudad de Puerto Cabello, en el estado Carabobo, a instigación del alcalde chavista, grupos violentos impidieron la llegada del candidato opositor por el aeropuerto de la ciudad, produciéndose un enfrentamiento con palos, piedras y botellas entre chavistas y opositores. Dos vehículos y una moto fueron incendiados y otros carros presentaron daños por el impacto de piedras. Capriles, avisado la noche anterior, logró llegar por mar, gracias al auxilio de unos pescadores y pudo dar su mitin (El Nacional, 13-9-2012). El 29 de septiembre en Barinitas, estado Barinas, mientras grupos del candidato Capriles realizaban una caravana con pancartas y altoparlantes, grupos identificados como seguidores del candidato-presidente dispararon ocasionando la muerte de dos activistas políticos de la oposición (http://primicias24.com/nacio nales/observatorio-electoral-venezolano-condena-hechos-ocurridos-en-barinas/).

            La polarización política también afectó, como en otras contiendas, el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información, y al ejercicio de la profesión periodística. Durante la campaña se produjeron varios incidentes con periodistas nacionales y extranjeros, siendo algunos periodistas y reporteros gráficos agredidos, y sus equipos de trabajos expropiados o borrados su material informativo. Hubo canales y periodistas a los cuales se les negó acceso a ruedas de prensa de Chávez. El canal de televisión Globovisión, conocido por su línea editorial contraria al gobierno y que apoyaba la candidatura de Capriles, en al menos dos oportunidades fue objeto de acciones intimidatorias por decenas de motorizados, que vestidos de rojo y con pancartas de Chávez, rodearon la sede y procedieron a accionar fuegos pirotécnicos. El periodista argentino Jorge Lanata, que en el programa televisivo que produce en su país había expresado semanas antes críticas al gobierno de Chávez, fue detenido e interrogado en el aeropuerto de Maiquetía al llegar con el propósito de cubrir el acto electoral del 7-O. Lanata y su equipo periodístico fueron de nuevo detenidos en Maiquetía por funcionarios del Servicio Bolivariano de  Inteligencia Nacional (Sebin) cuando regresaban a su país. Se les revisaron sus pertenencias, le confiscaron y borraron el material de sus cámaras, celulares y computadoras. Uno de los miembros del equipo de Lanata logró grabar el momento en el que fueron detenidos y llevados a las oficinas del Sebin; sin embargo, perdieron esas evidencias porque los funcionarios borraron las tomas hechas. Luego, los funcionarios les devolvieron algunos de los equipos pero se quedaron con 2 cámaras (IPYS en Tal Cual, 13-10-2012, Últimas Noticias, 14-10-2012).

3. Los resultados electorales: polarización y pluralismo

El 7 de octubre tuvo lugar el acto de votación, que transcurrió sin perturbaciones relevantes. La ciudadanía se apersonó desde temprano a los centros de votación y la mayoría de éstos se instalaron temprano y funcionaron dentro de lo pautado. Según el 2º informe emitido el 8 de octubre por el Observatorio Electoral Venezolano: “los hechos de violencia ocurridos fueron escasos y de poca trascendencia” (http://oevenezolano.org/2-uncategorised/31-reporte-n-2-oev-resultados-reflejan-la-voluntad-de-los-venezolanos bajado el 27-10-2012). Al buen término de la jornada electoral contribuyó que los primeros resultados fuesen dados prontamente por la autoridad electoral y que el candidato perdedor los reconociese sin dilación.

El presidente Chávez ganó con 8.185.120 votos a Capriles Radonski quien obtuvo 6.583.426. Estos votos, discriminados por entidades federales, aparecen en el cuadro siguiente:

Fuente: www.cne.gob.ve bajado 27-10-2012

Ambos candidatos, como en las presidenciales de 2006, sumaron más del 99% de los votos válidos emitidos, repartiéndose entre los otros cuatro candidatos sólo un restante 0,67% de votos.

Es de resaltar la masiva participación de los venezolanos, que en esta contienda alcanzó el 80,52% de los electores inscritos en el REP, la cifra más alta en la era de Chávez. Esta cifra se presta a dos lecturas. Por una parte puede destacarse positivamente la valoración que le dan los ciudadanos al voto como herramienta eficaz y creíble para la selección de las más altas autoridades en el país. Ello le da un muy importante respaldo a la institución del voto como mecanismo para la selección de los cargos que son objeto de elección popular. El empeño del Consejo Nacional Electoral (CNE) conjuntamente con representantes de los comandos de campaña en auditar prolijamente los distintos componentes de la plataforma del sistema electoral durante las semanas previas, sin duda contribuyó a fundamentar la confianza ciudadana (www.oevenezolano.org).

La segunda lectura es menos positiva y está relacionada con la polarización que sufre la sociedad venezolana. Mucho se ha escrito sobre la condición de sociedad fracturada que vive Venezuela en las últimas dos décadas y la incapacidad de sus ciudadanos de construir consensos básicos sobre el rumbo a seguir por el país.La CRBVpareció en su momento materializar un inicio para alcanzar acuerdos comunes, pero muchos acontecimientos posteriores frustraron esas ilusiones. La alta participación es manifestación de la percepción mayoritaria de que en cada uno de esos eventos nos estamos jugando el futuro. Las propuestas de los candidatos no son presentados como variaciones de énfasis o diversidad de tonos, sino como proyectos antagónicos excluyentes.

En términos nacionales, la relación de fuerzas se ha vuelto más pareja, luego de que en las presidenciales de 2006 ganará el Presidente Chávez con el 62,8% de los votos y Manuel Rosales sólo obtuviera un 36,9%. Ahora la relación es de 55,1% a 44,3%, es decir la brecha se redujo de 26 puntos a 11 puntos. Si se considera el ventajismo con que compitió el candidato Chávez, esa reducción es muy significativa. El caudal del Presidente aumentó modestamente con relación al aumento  de la oposición (876.040 votos Chávez; 2.290.960 la oposición)

Si bien se constató que una mayoría apoya al Presidente, una minoría muy significativa, del 45%, lo adversa. Esa mayoría parece dispuesta a ir a un Estado Comunal que no contempla pluralismo político. Existe, sin embargo, una minoría bastante grande que exige ese pluralismo. Siendo ésta la relación de fuerzas, el mecanismo electoral pareciera no ser suficiente para imponer la propuesta comunal socialista. El gobierno seguramente esperará a ver si puede aumentar su caudal electoral en las elecciones de diciembre de este año para gobernadores, en cuyo caso seguramente prescindirá de procesos de diálogo. Por lo pronto ha reconocido al menos de manera discursiva que debe abrir canales para la unidad del país, esa noche llamó por teléfono a Capriles y por primera vez lo llamó por su nombre (Globovisión en Noticias24, 8-10-2012).

Los resultados del 7-O reiteran la persistente polarización política de los venezolanos que se mantiene en torno a parámetros territoriales y por nivel de ingreso similares que la han caracterizado desde 1998. En las áreas de población más pobre gana Chávez, en las de clase media y alta gana la oposición. Ilustremos esto con la tabla siguiente que recoge el comportamiento electoral en el Área Metropolitana de Caracas (AMC), comportamiento que se repite en cualquier ciudad del país:

ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

RESULTADOS ELECTORALES 2004 – 2006 – 2012

Puede verse en la tabla que desde el referendo revocatorio de 2004 los resultados electorales en el AMC han sido reñidos. Chávez ganó en una oportunidad y la oposición en dos. Si afinamos la mirada en los cinco municipios del AMC vemos que en varios de ellos los resultados fueron menos reñidos y han sido razonablemente estables. En el municipio Libertador, donde la población pobre es mayoritaria, Chávez siempre se ha alzado con la victoria, mientras que en Baruta, Chacao y El Hatillo, zona de residencia mayoritariamente de sectores medios y altos, ha resultado siempre perdedor. El municipio Sucre por su parte ha sido más variante, venciendo la oposición en dos oportunidades y el Presidente en otra. Si bajamos a nivel de parroquia la condicionante socio-económica del comportamiento se ve con mayor nitidez. En Libertador su parroquia más “rica”, San Pedro, siempre vota por la oposición, llegando en esta oportunidad a 73,3%, mientras la más “pobre”, Antímano, lo hace siempre por Chávez, esta vez con 75,1%. Lo mismo ocurre en Sucre que, aunque tiene un comportamiento global variante, sus parroquias son consistentes. En Leoncio Martínez, la más rica del municipio, Chávez ha sido siempre derrotado abrumadoramente, en esta oportunidad con 78,0%, mientras que en Filas de Mariche los resultados siempre son opuestos, 72,7% para Chávez. La parroquia El Cafetal de Baruta es el ejemplo más radical de la polarización territorial al obtener siempre la oposición porcentajes de votos superiores al 85%, llegando en esta última oportunidad a ¡92,2%!

Pero esta polarización territorial no se expresa únicamente en el AMC. Si miramos los resultados electorales de cualquier otra ciudad veremos que el fenómeno se repite. En Maracaibo la votación por Chávez en Ildefonso Vásquez, parroquia pobre,  alcanzó el 62,2% de los votos, mientras que en Olegario Villalobos, parroquia rica, Capriles obtuvo el 77,6% de los votos. En Ciudad Guayana, municipio Caroní del Estado Bolívar, en la parroquia Della Costa la victoria de Chávez se selló con el 62,7% de los votos, mientras en la parroquia Universidad fue Capriles el triunfador al alcanzar el 76,9% de los votos. Situación parecida se presentó en Barquisimeto, municipio Iribarren de Estado Lara. En la parroquia Unión venció Chávez con el 56,5% de los votos, mientras que en la parroquia Santa Rosa Capriles obtuvo el 66,9%. En Valencia, Estado Carabobo otro tanto. En la parroquia Santa Rosa 58,1% de los electores favorecieron a Chávez, mientras que en la parroquia San José el apoyo a Capriles alcanzó el 87,8%. Comportamientos similares son observables prácticamente en todas las ciudades y regiones del país. Las preferencias electorales de los venezolanos parecen estar fuertemente determinadas por su condición socioeconómica. Este es quizás un ingrediente importante para entender cómo pudo haber tanta gente convencida de que los resultados del 7-O serían contrarios a los que terminaron siendo. Las personas suelen relacionarse en ambientes socio-económicos relativamente homogéneos en los cuales la mayoría expresa similares preferencias electorales y se suele, equivocadamente, identificar el entorno como representativo del país en su conjunto.

Los resultados electorales del 7-O también muestran algunos reacomodos que se han producido al interior de los dos bloques dominantes. En el bloque oficialista, y a pesar de los esfuerzos hechos por el presidente Chávez, el PSUV no logra en la práctica convertirse en el partido “único” de las fuerzas chavistas al que viene él aspirando desde 2007 cuando lo fundó con ese explícito objetivo. Sigue siendo sin dudas el principal de los partidos que apoyan al Presidente, pero sin los votos de los otros partidos del GPP el candidato-presidente se hubiese visto en apuros.

                                               Fuente: www.cne.gob.ve

El 22% de los votos por Chávez se hicieron a través de partidos diferentes del PSUV. Sumaron 1.803.480 que fueron indispensables para el triunfo sobre Capriles. Resultan estos otros partidos vías para expresar descontento y/o rechazo hacia el partido del Presidente. Parecen reivindicar, dentro de las fuerzas chavistas, la necesidad de diversidad y pluralismo, por lo general ausentes en las dinámicas gubernamentales y del partido.

En el bloque opositor se operaron también llamativos reacomodos. La tarjeta más votada en apoyo a Capriles fue la dela MUD. Esuna tarjeta nueva que expresa con la mayor nitidez la demanda de unidad. Varios partidos históricos importantes (AD, COPEI, MAS, LCR) llamaron a sus simpatizantes a votar por esa tarjeta y no presentaron la propia en el tarjetón. Sirvió también esta tarjeta para que opositores al Presidente desde posturas de la antipolítica votasen sin apoyar a partido político alguno. El que ahora surge como el principal partido de oposición es Primero Justicia (PJ) que incrementó su votación con respecto al 2006 en 537.723 votos, 41,4% de crecimiento. Quien en 2006 había resultado como principal partido de oposición, UNT, tuvo una merma en su votación de 353.767, siendo ahora la tercera tarjeta más votada de la oposición. Puede haber influido en estos resultados el hecho de que el candidato de 2006 era dirigente de UNT, mientras el de 2012 lo era de PJ.

Fuente: www.cne.gob.ve

4.  Comentarios finales: ciudadanía, derechos, democracia y justicia

            El desarrollo de este proceso electoral presidencial sirve para reflexionar sobre los procesos de transformación sociopolítica que vienen ocurriendo en América Latina, particularmente en países que se presentan como radicales o “refundacionales”. Cabe señalar que las experiencias así conocidas, Bolivia, Ecuador y Venezuela, son bastante distintas entre sí, no obstante, comparten algunas posturas y se influencian mutuamente en estrategias políticas y en la relevancia de ciertos tópicos.

La legitimación de los nuevos modelos de gobierno y sistema políticos que vienen ensayando se ha asentado en el desencanto hacia las democracias del siglo XX provocado principalmente por sus dificultades para satisfacer las expectativas de mejoras de condiciones socioeconómicas de las mayorías de estas sociedades. Con una agenda centrada en la superación de exclusiones históricas, desigualdades inaceptables, pobreza y miseria, los nuevos actores han gozado hasta ahora de una importante legitimidad. Reducir niveles de desigualdad, sin duda, constituye un requisito ineludible para alcanzar mayores condiciones de ciudadanía para las mayorías.

En esta dirección, el gobierno venezolano del Presidente Chávez ha venido desarrollando un conjunto de iniciativas políticas y acciones dirigidas a combatir estos males, siendo en su discurso uno de los elementos centrales para justificar su “revolución”. Cabe resaltar, que según cifras oficiales, la pobreza y la miseria se han reducido a la mitad de lo que eran al asumir Chávez el gobierno en 1999; y que el coeficiente de Gini también ha mejorado, reconociendo a Venezuela como uno de los países más igualitarios del subcontinente (INE, 2012)

Los índices de pobreza y miseria que encontró el gobierno del Presidente Chávez al comenzar en 1999 fueron la justificación para la transformación del régimen político de una democracia representativa a otra “participativa y protagónica”. Para ello se convocó a una asamblea constituyente, que redactó una nueva constitución,la CRBV, aprobada en referendo popular. Allí quedó plasmado un modelo que sobre el diseño de la democracia representativa se le añadieron mecanismos de democracia directa y participativa para “democratizar a la democracia”. Ello dio origen al estímulo e impulso desde el gobierno de diversas formas de organización social, principalmente en barrios populares, para atender y solucionar los problemas acuciantes en servicios básicos como agua y electricidad, que a su vez, eran vistos, como acceso a derechos humanos fundamentales. Se partía de la concepción según la cual la participación directa de la gente en la solución de sus propios problemas generaba dinámicas que construían ciudadanía.

Durante la crisis política confrontada por el gobierno entre 2001 y 2005 (golpe de Estado, paro petrolero, revocatorio, guarimbas, etc.), éste tuvo que enfrentar situaciones de emergencia socioeconómica y políticas. Fue entonces cuando se concibieron políticas sociales pensadas para responder con rapidez a problemas urgentes (desempleo, desabastecimiento, salud), sin pasar por los lentos canales burocráticos, y que al mismo tiempo pudieran fortalecer su legitimidad. Este fue el origen de las primeras “misiones”, la cuales resultaron tan exitosas, que el gobierno desde entonces las ha convertido en el centro de toda acción social.[6]

Las misiones fueron desarrollándose directamente relacionadas con el liderazgo del Presidente, liberadas de la institucionalidad del Estado. Gracias a la bonanza petrolera –que se disparó en 2004 y que salvo el 2009 y 2010 continúa- han sido creadas más de treinta misiones, habiéndose registrado con nombre y apellido en ellas como receptores de algún tipo de asistencia, una porción significativa de la población. Estos registros son usados por el Presidente en los comicios de cualquier tipo, con el objeto de garantizar una caudal de votos favorables a su persona y proyecto. En la elección del 7-O fue particularmente acentuada esta relación, tanto por las capacidades de movilización que ha ido adquiriendo el PSUV, como por el lanzamiento de las grandes misiones arriba señaladas, profusamente difundidas durante la campaña y a las cuales el Presidente dotó de milmillonarios recursos. Los medios gubernamentales permanentemente publicitaban los repartos otorgados por el Presidente. Pero también, en virtud de leyes que otorgan privilegios a la trasmisión de información estatal, los medios privados se veían en la obligación diaria de publicitarlas, sin olvidar las cadenas presidenciales. Esta forma de instrumentalizar las políticas sociales  -fuera de la institucionalidad del Estado y sujetas a la voluntad del Presidente- ha venido estableciendo un vínculo de naturaleza clientelar, según el cual los beneficios obtenidos, o la expectativa por obtenerlos, debe ser correspondido con lealtad política principalmente movilizándose en épocas electorales y votando por Chávez y su partido. A este desarrollo debe añadirse la exigencia que también se hace a empleados públicos de apoyar, asistir a los actos proselitistas del PSUV y votar sus candidatos, un sector que ha venido creciendo en un contexto donde el empleo formal en el sector privado está en proceso de disminución.

El clientelismo chavista guarda algunas diferencias con el clientelismo del pasado: está ligado a la persona del Presidente cuando antes pasaba principalmente por los partidos, aunque también el PSUV otorga los favores, pero siempre a nombre de Chávez. Puede observarse que ahora es más publicitado, considerándosele un mecanismo legítimo de obtención de votos. También ha gozado el Presidente de una prosperidad petrolera histórica y el concepto de misión y los consejos comunales han probado ser más eficiente en distribuir a la población pobre recursos provenientes del ingreso fiscal petrolero que mecanismos usados por los partidos en el pasado. De esta manera, la relación Estado-sociedad para una porción muy significativa de la población –la pobreza sigue afectando a un 27% de las familias según cifras oficiales- se establece de manera importante como vínculo clientelar, donde el acceso a recursos no está asociado a trabajo productivo sino a dádivas otorgadas a discreción por Chávez. Las características de esta relación plantean múltiples dudas sobre la calidad de la ciudadanía que ella genera. Resuelve, por una parte, necesidades básicas insatisfechas a sectores excluidos con anterioridad, pero siempre y cuando manifiesten lealtad política. Por otra parte, esta inclusión, que se da principalmente por el consumo gracias a la distribución de la renta petrolera, al no sustentarse en la generación de empleos estables y de calidad, no pareciera sacar de la pobreza de manera efectiva y permanente a sectores sociales. Tampoco pareciera nutrir atributos y valores ciudadanos como la corresponsabilidad, el cumplimiento de deberes, la solidaridad con los otros, entre otros. Así nos encontramos que estas prácticas amplían ciudadanía al dar acceso a derechos, pero restringe el potencial autónomo y responsable de esa ciudadanía.

Las elecciones del 7-O también plantea la discusión sobre cuánta inequidad en el uso de recursos públicos puede tolerar una elección democrática. En Venezuela la propaganda electoral en época de elecciones y el uso de las cadenas presidenciales no están sujetos a regulación alguna. Si bien el uso de recursos públicos y la actividad proselitista de funcionarios está formalmente regulada, el cumplimiento de esas disposiciones deja harto que desear. El Comando Carabobo del Presidente Chávez estuvo integrado por autoridades y funcionarios de gobierno, empezando por el jefe de campaña, que es el alcalde del municipio Libertador. Esto no estaba permitido en el reglamento. Estos déficits democráticos, sin embargo, no parecen deslegitimar los resultados para una porción importante de la población.

En el trasfondo de esta situación está lo que pudiera ser el meollo del problema de la teoría democrática convencional o clásica con los desarrollos refundacionales que hoy viven algunos países de la región. Estos países esgrimen una legitimidad “revolucionaria” que en el caso de Venezuela está relacionado con un postulado de la CRBVque en su segundo artículo señala que “Venezuela se constituye en un Estado social de derecho y de justicia, que propugna como valores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político” (art. 2, itálicas nuestras).

Este postulado de Estado de derecho y de justicia pudiera estar justificando muchas actuaciones del gobierno no ajustado a las leyes y a la constitución, aunque esto nunca se explicita así. Cuando entra en conflicto el “derecho” con lo que el gobierno –léase Chávez- promueve éste se salta la legalidad, posiblemente asumiendo su posición como la “justa”. Porque ¿Cómo o quién determina lo que es justo? ¿El Presidente?

Ilustremos este comportamiento de instituciones públicas con dos ejemplos, entre muchos posibles. Como se señaló arriba, en 2007, por iniciativa directa de Chávez se sometió a referendo popular una propuesta de reforma constitucional para avanzar en lo que entonces se entendió como profundización de la revolución, mediante la adecuación dela Carta Magnaa los parámetros del socialismo del siglo XXI. Ese socialismo comprendió la emergencia del Poder Popular y una nueva estructura político territorial que comenzando con los consejos comunales sería la base de un nuevo Estado. Esa reforma fue derrotada. Sin embargo, pese a disposiciones constitucionales taxativas que señalan que una reforma negada no puede ser presentada de nuevo en un mismo período constitucional (art. 345), mucho de sus contenidos se fueron implementando con leyes decretos presidenciales y leyes aprobadas porla Asamblea Nacional.Gracias a la sujeción del Tribunal Supremo de Justicia a la revolución y su Presidente, se dio una interpretación favorable a sus intereses. Para el final del periodo constitucional 2007-2013, había emergido, gracias a estas leyes “socialistas” un nuevo diseño de Estado, el “Estado Comunal”, distinto y en muchos aspectos contradictorio con el que aparece enla CRBV.¿Cómo interpretar esta conducta? ¿Se trató del uso de formalismos legales para justificar  continuar con el proyecto socialista simplemente porque esa era la voluntad del Presidente? ¿O es que el Presidente encarna lo justo y por eso el gobierno se salta inclusola CRBV?

El segundo ejemplo es más reciente y puntual. Pasada la jornada electoral de 7-O y preparándose para las elecciones regionales del 16 de diciembre, el CNE modificó el REP al cambiar de centros de votación a 6 candidatos a gobernaciones del PSUV y personas de sus entornos cercanos, 108 cambios. Siendo que el REP para esas elecciones debería ser idéntico al usado el 7-O, esos cambios, de manera “excepcional”, fueron realizados argumentando que no alterarían los resultados electorales, cosa que es cierta, y que defendía el derecho al sufragio de los postulados (El Nacional, 27-10-2012). En el reglamento aprobado por el mismo CNE no se establecen derechos particulares para los ciudadanos postulados a algún cargo de elección popular, mucho menos  a personas de su entorno. El REP se cerró el 15 de abril y no estaban contempladas excepciones. Cabría aquí preguntarse si esa “excepcional” consideración se hubiese tenido para algún postulado de opción distinta a la del PSUV. Al igual que en ejemplo anterior, ¿dónde se coloca el límite entre lo que es democrático y lo que no lo es? ¿Puede el árbitro electoral favorecer a una parcialidad política, saltándose su propia legalidad y aduciendo “derechos” no contemplados en ninguna parte, sin menoscabar la democracia misma?

Los procesos de transformaciones políticas que ocurren hoy en América Latina, sin duda, desafían postulados de la democracia clásica porque en casos como los refundacionales, se suele privilegiar el principio de igualdad sobre principios como la independencia de los poderes públicos, o la garantía de ciertas libertades civiles y políticas. Por ello, un debate serio y sistemático sobre qué es democracia hoy en la región es urgente, para conceptualizar unos “filtros” mínimos que nos permitan diferenciar políticas democráticas de las que no lo son (Caetano, 2011).  Y establecer cuándo las propuestas de transformaciones apuntan hacia el desarrollo de ciudadanías no sólo más amplias que en el pasado siglo, sino más plenas. Ciertos desarrollos como el que aquí hemos presentado revelan más debilidades que aciertos en el camino hacia una democracia más vigorosa.

Margarita López Maya
Luis E. Lander

Referencias

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Chávez, Hugo Rafael (2012): Propuesta del candidato de la patria comandante Hugo Chávez para la gestión bolivariana socialista 2013-2019. En http://www.chavez .org.ve/programa-patria-venezuela-2013-2019/

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