Al margen de las demandas salariales que realiza el magisterio a la Gobernación de Anzoátegui, personal del Ministerio del Poder Popular para la Educación (Mppe) en la entidad exigió la cancelación de la deuda que mantiene este despacho con Seguros Pronto.
El presidente del Sindicato Único del Magisterio (Suma), José Gregorio Reyes Barroso, y Edgar Pérez (Stea) denunciaron que al menos 40.000 trabajadores activos y jubilados carecen del servicio de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM) desde hace cinco años.
Explicaron que esta situación afecta a docentes, empleados administrativos y obreros, dependientes del despacho ministerial. Además constituye un problema adicional al cúmulo de derechos contractusles incumplidos.
“Pedimos al Gobierno nacional que resuelva esta situación, ya que tanto los beneficiarios como sus familias se ven en la obligación de acudir a los hospitales públicos para recibir atención en casos de emergencia. La deuda les impide gozar del servicio en clínicas privadas”, dijo Reyes.
Servicio activo
Los gremialistas refirieron que únicamente cuentan con servicios de laboratorios y consultas en la Oriental de Salud, pero desde hace dos años el Mppe no les paga el reembolso de los gastos médicos.
“Todos estos beneficios son un derecho adquirido que nos corresponde a todos los trabajadores del Ministerio de Educación”, señaló Pérez.
La secretaria de Organización del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema), Gabriela Arellano, dijo que desde hace un año las clínicas dejaron de aceptar los ingresos del personal que labora en El Tigre y desde hace tres años los del estado Sucre.
“Tenemos conocimiento de que en otras entidades del país la situación es distinta. Los sindicalistas hemos hecho las gestiones ante el Mppe en Caracas, pero lamentablemente no hemos recibido respuesta”.
Destacó que una alternativa viable podría ser el Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación (Ipasme). No obstante, desde que se amplió la atención al público está congestionado.
“No nos oponemos a que la comunidad reciba los beneficios de esta institución, pero deberían garantizarles la salud a los educadores, ya que mensualmente realizan aportes para su funcionamiento”. (Katy Jurado, El Tiempo, 26.11.12)
