(Caracas, 10.12.12) El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, Provea, presentó un informe especial sobre la situación de derechos humanos en el país con una retrospectiva de 15 años (1997-2011), un diagnóstico que lo han caracterizado como: “Inclusión en lo social, exclusión en lo político”.
Provea señaló que el mayor avance que registró el informe fue la reducción de la pobreza, pues pasó de 54,48% a 31,62%, esto con la implementación de las misiones sociales, sin embargo, indicó que se mantuvo la práctica de discriminación política en la selección de beneficiarios por lo que limitó su universalidad.
El Programa Venezolano destacó que se registraron avances en educación con el incremento de la inclusión escolar, pues pasó de 5.485.000 a 7.286.000 la matrícula escolar inicial, primaria y media. Otro indicador positivo fue alimentación, con la reducción de la desnutrición infantil, que pasó de 5,3% a 2,9%, en el período respectivamente. También se registraron avances en Seguridad Social con aumento del número de pensionados y la homologación de las pensiones al salario mínimo, pero persiste un déficit en la cobertura pues sólo 34,3% de la población económicamente activa está asegurada.
Pero, la ONG indicó que persistieron graves problemas estructurales en vivienda, con el aumento del déficit habitacional y un bajo promedio de construcción anual con tan sólo 33.838 viviendas; salud, con la crisis del sistema hospitalario nacional, sin embargo, reconoce como positiva la Misión Barrio Adentro la cual mejoró la atención primaria en los sectores más pobres de la población. Otro saldo negativo se registró en laboral donde sobresale la política antisindical desplegada por el Ejecutivo Nacional desde 1999, la reducción desde 2006 de la homologación de convenciones colectivas y la aparición del fenómeno de violencia sindical y los altos niveles de impunidad existentes
En cuanto a los derechos civiles y políticos, la organización hizo énfasis en la violencia policial hacia la población con la práctica de ejecuciones, torturas y desapariciones forzadas, así como también la violencia en las cárceles. Desde 1997 hasta 2011 fueron asesinadas 7.290 personas privadas de libertad y 17.725 resultaron heridas.
Resaltó que la impunidad es una de las mayores fallas del sistema de administración de justicia en el país y que la no investigación y sanción a los responsables de violaciones a los derechos humanos favorece la persistencia de las violaciones.
Provea saludó como positiva los esfuerzos del Ejecutivo Nacional de promover un nuevo modelo policial con énfasis en el respeto a los derechos humanos pues ahí reside una de las posibilidades de reducción de la violencia institucional policial contra la población.
Provea indicó que a pesar de la reducción de la pobreza y desigualdad, se incrementaron los homicidios. De 1997 a 2011 se produjeron un total 143.135 homicidios lo cual da un promedio anual de 9.542.
En el derecho a la manifestación pacífica se realizaron desde 1997 un total de 24.251 manifestaciones, lo cual expresa a la vez un incremento de la conciencia de la población en exigir sus derechos. La organización señaló que desde 2005 se inició un proceso de criminalización de la protesta social con el saldo de más de 2500 luchadores sociales sometidos a procesos penales y que cualquier amnistía debe incluir a los hoy procesados por exigir derechos.
El coordinador de investigación, Rafael Uzcátegui, expresó que este informe es un material pertinente en momentos en que se debate el Plan de la Nación porque permite comprender mejor el pasado reciente, interpretar de manera más adecuada el presente y definir de forma más apropiada las políticas, medidas y proyectos que deberán desarrollarse para garantizar la realización de los derechos a todas y todos.
Asimismo, Uzcátegui resaltó que el Ejecutivo Nacional, la Asamblea Nacional y el Poder Moral Republicano deben llamar al diálogo con el movimiento de derechos humanos y a todos los sectores sociales y políticos interesados, para elaborar un Plan Nacional de DD. HH. que permita a futuro elaborar políticas públicas en la materia.
Finalmente, el Coordinador de Investigación manifestó que se debe dar cumplimiento a las sentencias y medidas del sistema de protección internacional de derechos humanos (OEA, ONU). Y que el Ejecutivo Nacional garantice que las políticas públicas dirigidas a la realización de los DD. HH. sean universales, inclusivas y no discriminatorias por razones políticas o sociales. (Prensa Provea, 10.12.12)
Informe (PDF)
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Presentación
