En su reciente informe “15 años de DDHH en Venezuela: Inclusión en lo social, exclusión en lo político” Provea ha reconocido, como uno de los principales logros de la gestión de gobierno del presidente Hugo Chávez la reducción de la pobreza, una de las mas graves y extendidas violaciones a los derechos humanos existente en el planeta. Según cifras oficiales en el año 1997 el porcentaje de pobres en el país era del 54,48%, más de la mitad del país. 14 años después, en el 2011, la cifra se había reducido al 31,62%, una importante reducción de más de 20 puntos porcentuales. Esta disminución predominantemente sucedió durante su primer período de gestión, cuando el inicio de las diferentes misiones sociales aumentó las capacidades adquisitivas de amplios sectores de la población. Sin embargo esta desaceleración de la pobreza se estancó durante su segundo mandato e incluso, como hemos venido alertando, ha experimentado un ligero aumento en los últimos años.
Tras reconocer el logro, Provea diagnosticó tres grandes debilidades de las políticas dirigidas a la reducción de la pobreza: Ausencia de enfoque de derechos humanos ni aplicación universal, que no han contado con una plena y activa participación de la población en su diseño y aplicación, siendo más bien receptores pasivos de los beneficios de las mismas. En segundo lugar la superación de la pobreza ha estado basada casi exclusivamente en la implementación de programas de subsidios a la población, sin otras medidas complementarias de carácter estructural, lo cual no es sustentable ni perdurable en el tiempo. Por último, la ineficiencia y la corrupción en la gestión de los recursos destinados a la superación de la pobreza y el hambre atentan contra el propio logro de las metas y desalientan las iniciativas de participación y control de gestión ciudadana.
Sin embargo, con todo lo loable que pueda tener la voluntad política oficial de reducir la pobreza, hay que decir también que la disminución de personas en dicha condición es una tendencia general en América Latina. En su reciente informe “Panorama Social de América Latina” correspondiente al 2012, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) afirma que durante el año 2011 el Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina creció un 4,3%, lo que supuso una expansión del 3,2% del producto por habitante (…) De esta manera, continúa la tendencia a la baja –de la pobreza- que ha caracterizado a las cifras durante el último decenio y que ha permitido que sus niveles sean los más bajos observados en las tres últimas décadas”.
Otros países de la región, con modelos políticos sustancialmente diferentes, exhiben logros como los de nuestro país. Para el año 2002 una cifra de 54,7% de la población de Perú estaba en situación de pobreza. 9 años después, en el 2011, la pobreza había descendido al 27.8%, una cifra incluso 3 puntos más positiva que los resultados venezolanos. Colombia, que para el 2002 tenía 49.7% de pobreza, para el 2011 exhibía 34.2%. En esas mismas fechas Chile bajó del 20.2% al 11%. Comparando las estadísticas con la de los países del ALBA, tenemos que Bolivia en el 2002 tenía 62.4% de pobreza y ocho años más tarde, en el 2002, 42.4%. Nicaragua poseía 69.4% en el 2001, y para el 2010 un 58.3%.
Si bien las políticas públicas destinadas a los sectores de menos recursos pueden optimizar los resultados, lo cierto es que Latinoamérica en general se ha visto beneficiada de la demanda global de sus recursos naturales. Un texto reciente de la edición en español de Wall Street Journal lo afirma sin rodeos: “En general, América Latina ha tenido muy buen desempeño durante la última década, especialmente a raíz del apetito de China por los recursos naturales de la región, lo que propulsó un alza en los precios de las materias primas (…) El auge en los precios de los commodities ha beneficiado a todas las economías de la región, incluso las de países como Venezuela y Argentina en donde las políticas económicas han generado una mayor inflación y el Estado ha adquirido un mayor protagonismo en la economía”.
La profundización del modelo primario exportador en la región, especialmente el relacionado con la extracción de recursos energéticos, tiene secuelas que están siendo deficientemente abordadas por los gobiernos. Una tiene que ver con las afectaciones a las comunidades campesinas e indígenas, las cuales están protagonizando ahora mismo, con la excepción de Venezuela, procesos de movilización y resistencia contra los proyectos de megaminería que sustentan, precisamente, las cifras macroeconómicas. En segundo lugar la contaminación del medio ambiente y las altas tasas de deforestación, lo que obliga a la implementación de planes nacionales de mitigación de los efectos del cambio climático.
Menos pobres en el continente debería significar más y mejores derechos humanos para todas y todos. Acá, el mayor reto de todos.
(*) Coordinador de Investigación de Provea
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@fanzinero
