Todas las personas son iguales ante la ley y prohibida todo tipo de discriminación, según artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero la realidad es otra al ser lesbiana, gay, bisexual, trans e intersex y/o se vive con VIH. Aunque las leyes no las penalizan, vivir con una o dos de estas realidades convierten a la persona en foco de discriminación, estigma y hasta llegar a la muerte social y física. Así lo demuestra el 2012 que culmina con alarmantes situaciones de violaciones de derechos humanos de ambas poblaciones:
La opinión pública se estremeció al conocer del Ministerio de Salud que entre 2009-2011 se produjeron casi 5 mil muertes por SIDA y más de 33 mil nuevas infecciones por VIH, la mayoría en hombres que tienen sexo con hombres y trans de 15 a 24 años de edad. A esto se añade el maltrato y negación de atención médica, escasez de medicamentos antirretrovirales y reactivos, exigencia de pruebas antiVIH en el trabajo (preempleo y permanencia) causando despidos injustificados, entre otros, lo que fue rechazado por las ONG al ser violaciones a derechos constitucionales.
ONG y medios de comunicación denunciaron que personas sexodiversas fueron víctimas de insultos, agresión verbal y física, abuso de poder, no reconocimiento de la identidad de género, golpes, extorsiones, heridas de balas, detenciones arbitrarias, amenazas de muerte, torturas (electricidad en varias partes del cuerpo; quemaduras con fuego mientras agonizaban y lanzadas en fosas de un cementerio), y crímenes de odio, unos degollados.
Atropellos en ambas realidades ocurren en lo público y privado siendo denunciado por ciudadanos con VIH y/o sexodiversos, ONG y medios de comunicación, pero se quedan sin respuestas efectivas y eficientes del Estado por falta de voluntad política, prejuicios, tabúes, el peso de la religión en la toma de decisiones de las políticas públicas, inadecuada administración de justicia e incumplimiento del marco legal, quedando la mayoría de los casos en total impunidad, victimas desamparadas y agresores cada vez más feroces e inhumanos, lo que pareciera la pérdida de la institucionalidad en Venezuela.
A esta violencia se suman posiciones que legitiman la homofobia de algunos políticos y funcionarios. “Acabaré con el homosexualismo en Aragua” fue propuesto por Luis Zapata aspirante a diputado por Aragua PSUV [Diario El Periodiquito dic. 2012] para erradicar a los colectivos sexodiversos de ese estado. La homofobia de las autoridades de la Universidad Simón Bolívar tiene seis años impidiendo se reconozca al Grupo de Diversidad Sexual como agrupación estudiantil de esa Alma Máter. Nicolás Maduro cuando fue Canciller se refirió a líderes opositores como “sifrinitos, mariconsones y fascistas”, siendo validado con risas y aplausos de Robert Serra Diputado PSUV de la Asamblea Nacional, Cilia Flores Procuradora General, Maripili Hernández y Eugenia Sader Ministras de Juventud y Salud respectivamente y transmitido por VTV canal del Estado [http://www.youtube.com/watch?v=gVLoI-FSZDI]. Oficialistas y opositores sexodiversos reaccionaron unidos exigiendo respeto a la dignidad de las personas LGBTI como valor de la democracia.
Por estos hechos, los grupos sexodiversos propusieron al Estado políticas públicas vinculadas con la no discriminación; la adecuación del nombre y género de la persona en relación con su identidad de género; e inclusión de sanciones para crímenes de odio por orientación sexual, identidad y/o expresión de género de las víctimas. Aun esperan respuestas. Su constancia hizo que dieran aportes al II Plan Socialista de la Nación y se consideren por el Presidente Chávez. Un Plan Estratégico Nacional de VIH 2012-2016 y aumento del presupuesto para la política pública se logró por la presión de las ONG que laboran en el área, pero otras exigencias sobre derechos humanos siguen sin respuestas.
Reconocer la igualdad de las personas sexodiversas y las que viven con VIH es el reto del Estado, cuyo discurso de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica en un Estado de justicia iniciado en 1999, pase a la práctica con una real protección de derechos y libertades fundamentales; de la autonomía e igualdad en todas las expresiones de género y orientación sexual; independiente del poder religioso o limitaciones o negación de la libertad e igualdad del ejercicio de derechos sexuales, en su rol de Estado Laico; de la paz para el ejercicio de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, sin discriminación y libre de la determinación sexual.
Alberto Nieves Alberti
ACCSI Acción Ciudadana Contra el Sida
Director Ejecutivo
E-mail: [email protected]
