Recientemente, en su informe especial “15 años de DDHH en Venezuela: Inclusión en lo social, exclusión en lo político”, Provea reconocía como principal logro del Ejecutivo Nacional, en los últimos años, sus políticas para la inclusión de los sectores más desfavorecidos que habían contribuido a reducir sensiblemente la pobreza en el país. En la ejecución de las políticas gubernamentales el gobierno nacional ha priorizado sus esfuerzos en los derechos sociales, con resultados positivos, en desmedro del respeto a los derechos civiles y políticos, lo cual viola los principios de indivisibilidad e interdependencia en derechos humanos.
La exclusión por razones políticas contradice el discurso oficial que habla de humanismo e inclusión. Durante años, las organizaciones de derechos humanos defendieron a los militantes de izquierda venezolanos hostigados y perseguidos por sus ideas. Hoy que algunos están en puestos importantes de poder, se han convertido en los nuevos victimarios. Las denominadas listas “Tascón” y “Maisanta” se recordarán como uno de los mecanismos sistemáticos más lamentables de discriminación política implementados en el país. La creación de formas de organización social desde el Estado para canalizar a través de ellos las políticas públicas, excluyendo y criminalizando otras formas organizativas de la sociedad, niega el derecho a la libre participación establecido en la Carta Magna. Las presiones directas o indirectas para inscribirse en el partido de gobierno, como prerrequisito para la recepción de beneficios derivados de las misiones, así como la obligación de participar en actos políticos, para los empleados públicos, caracterizan una manera irregular de interpretar la promoción de la democracia participativa y protagónica. Habría que sumar el control político territorial de zonas urbanas y rurales, en donde está vedado la realización de actividades proselitistas de propuestas diferentes de las oficiales. Diferentes voceros gubernamentales no solamente estigmatizan a la disidencia. También castigan la opinión disidente dentro de sus propios partidarios, por lo que cualquier opinión crítica y promoción del debate complejizador es calificado de “golpista”, “derecha” o “imperialista”. Varios programas televisivos de los canales estatales se dedican, meticulosamente, a descalificar y hostigar diferentes sectores de la sociedad, actitud que es aplaudida por el propio Presidente de la República.
Sin debatir ninguno de los argumentos de sus críticos, el Ejecutivo Nacional utiliza insistentemente adjetivos descalificativos con la finalidad de deshumanizar a sus contrarios. La deshumanización es un proceso psicosocial por medio del cual un ser humano llega a percibir a otro como “no humano” lo cual permite que pueda eliminarlo o agredirlo sin las inhibiciones morales que en condiciones normales impiden los actos de violencia entre iguales. En consecuencia las agresiones contra seres “no vivos” o despojados de su humanidad son percibidos como normales, inevitables, merecidas y justificadas, obteniendo sus victimarios reconocimiento social por su acción. La deshumanización es promovida por diferentes medios, uno de ellos es el lingüístico: el uso de palabras despectivas, convenientemente resignificadas, para redefinir a las víctimas y exponerlas como merecedoras de agresión. Por medio de esta estrategia los voceros y voceras estatales no discuten o refutan los mensajes cuestionadores provenientes de los actores sociales con argumentos o datos, sino que permanentemente descalifican al mensajero con epítetos deshumanizadores: tarifados, apátridas, derechistas, imperialistas o escuálidos, entre otros. Al transformar “personas” en “cosas”, perjudiciales y negativas, el Estado ha promovido ante la opinión pública y sus seguidores su eliminación simbólica o física.
Sin embargo, la historia demuestra que las pretensiones absolutistas en política viven sus últimos días. El desarrollo y primacía de la ciencia sobre las ideas consideradas supersticiosas, como las religiones, devino en una época que fue calificada como “modernidad”. El ser humano creyó que el uso del método científico era suficiente para aprehender el conocimiento para interpretar y transformar el mundo. Las consecuencias en política fue la construcción de ideologías, una serie de ideas racionales de cómo administrar el gobierno de los hombres sobre las cosas. El mundo fue testigo de cruentos enfrentamientos mediante las cuales un sector de la sociedad intentaba imponer sobre los demás la ideología que consideraba correcta. Los campos de concentración rusos y nazis, así como las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki demostraron que la ciencia y la razón engendraban sus propios monstruos. Bienvenida la postmodernidad: las minorías tenían derecho de serlo, y el hombre y la mujer, a estar equivocadas –o conocer sólo parte de la “verdad”-.
En una sociedad democrática, libertaria y de justicia social, la diversidad es un atributo a cultivar y no un aspecto negativo a erradicar. El reto de la política en los tiempos que corren es cómo hombres y mujeres, necesaria e intrínsecamente complejos, diversos y diferentes, establecen acuerdos para garantizar los derechos de todas y todas y elevar lo máximo posible la dignidad humana. Si 2013 es un año de nuevos gobiernos o transiciones, es una oportunidad para promover una cultura de solidaridad, tolerancia y respeto por lo diferente.
(*) Coordinador del Programa de Investigación de Provea
www.derechos.org.ve
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@fanzinero
