La Fiscalía inició en julio de 2010 una acción judicial que continúa en un tribunal de niños, niñas y adolescentes de Caracas presuntamente para protegerlos de la violación de derechos por parte de padres y madres indígenas yukpas que realizaban una protesta en la sede del Tribunal Supremo de Justicia.
Los indígenas se concentraron a las afueras del Tribunal para exigir a la Sala Constitucional se pronunciara ante una acción de amparo constitucional que se había interpuesto solicitando se aplicara la jurisdicción indígena en un caso penal donde estaban involucrados dos integrantes de la comunidad. Sin abandonar además su reclamo de una demarcación adecuada de tierras.
Las instituciones del Estado en lugar de dar solución a la exigencia de creación de la jurisdicción indígena y avanzar en la demarcación de tierras, procedieron a tomar medidas arbitrarias buscando desestimular, dividir y derrotar las acciones de exigibilidad de derechos emprendida. Entre las medidas adoptadas estuvo la demanda que presentó el Fiscal Ramón Liscano.
El escrito del fiscal es un modelo de lo que es la instrumentalización de los órganos de administración de justicia para criminalizar la protesta social.
En primer lugar, la Fiscalía copiándose de los argumentos con los cuales el gobierno Chileno ha pretendido descalificar las justas reclamaciones del pueblo indígena mapuche afirma de manera insensata que los padres y madres yukpas usaron a los niños como escudos humanos.
Desconoce la cultura del pueblo Yukpa. El papel de la mujer en la sociedad Yukpa es de mucha beligerancia y de mayor riesgo cotidiano. Son ellas las que enfrentan a los hacendados, o la represión policial y militar, son las primeras en salir cuando llegan representantes de las instituciones del Estado a sus comunidades, ellas acompañan a sus jefes comunitarios y participan en todo tipo de reuniones, y siempre lo hacen con sus hijos. No existe algún acontecimiento social en el que no participe la mujer con sus hijos.
No son los padres y madres quienes violan sus derechos. Históricamente la niñez y adolescencia de comunidades indígenas han visto amenazados y violados sus derechos no precisamente por acciones de protesta o movilización social con su comunidad sino por la ausencia de políticas públicas básicas y de protección especial que los reconozca como verdaderos ciudadanos y ciudadanas.
Es incorrecto excluir o invisibilizar a los niños, niñas y adolescente de una problemática que afecta al grupo social que pertenecen. Todas las acciones de movilización realizadas en los últimos años por comunidades indígenas Yukpa se materializan como grupo familiar, donde los padres, madres y responsables asumen el cuidado y la protección de sus hijos e hijas
Lo que debería hacer la Fiscalía es velar para que en su hábitat el pueblo indígena Yukpa tenga mejor calidad de vida. Debería exhortar a las instituciones competentes a que por fin terminen el proceso de demarcación de tierras.
